Ayer, 28 de septiembre, la Fiscalía realizó allanamientos en dos supuestas clínicas de desintoxicación y rehabilitación, uno de los allanamientos fue en Chone y el otro en El Carmen, ciudades del interior fluvial de la provincia de Manabí. En ambos sitios se cometía el presunto delito de odio conocido bajo el eufemismo de “deshmosexualización”. En Chone el allanamiento se hizo porque Karlina*, una mujer transgénero, permanecía en el local hace tres meses contra su voluntad.
Ahí, el departamento de criminalística de la Policía Nacional encontró una carpeta de datos de registro, que evidenciaron que Karlina había permanecido en la clínica que no tenía permisos de funcionamiento por lo que la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) la clausuró, según informó la agencia. En esta pseudoclínica se ofertaban tratamiento de desintoxicación de adicciones de drogas. Acess comprobó que en ese lugar las personas vivían en hacinamiento, es decir el espacio no es suficiente para el número de personas que están ahí, tampoco había un adecuado manejo de desechos.
En la clínica de El Carmen se encontraron a 42 personas, entre ellas dos niños, una persona que vive con discapacidad y dos adultos mayores. Algunas de ellas eran sometidas a presuntos tratamientos encaminados a “cambiar” su orientación sexual —algo que es imposible.
En ambos allanamientos, dice la Fiscalía que encontró grabaciones de cámaras de seguridad, que serán usadas para verificar la forma cómo ingresaron y permanecieron esas personas internadas —muchas, contra su voluntad.
Supuestas “clínicas de deshomosexualización” en Ecuador
Hasta hoy, revertir la orientación sexual es una idea muy popular en Ecuador aunque carezca de todo sustento científico y sea una violación grave contra los derechos humanos. En 2009, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) denunció que desde hacía por lo menos diez años existen centros dedicados a impartir brutales terapias para convertir a sus pacientes en heterosexuales: hay reportes de violaciones, golpes e insultos.
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Esos supuestos centros se disfrazan como clínicas de rehabilitación para drogas y alcohol. Solo en 2013, había más de 200 centros de adicciones que tenían licencias para funcionar, de las que 80 eran clandestinos.
El delito de actos de odio
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el delito de actos de odio sucede cuando se cometen actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas por su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología u otros. Este delito es sancionado con uno a tres años de cárcel.
