La queja contra el asambleísta Fernando Villavicencio fue archivada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). La tarde de ayer, 22 de septiembre, Villavicencio anunció en su cuenta de Twitter que Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachakutik, había retirado la queja en su contra. El CAL, que era el encargado de tramitarla, la archivó con 6 votos a favor.
El asambleísta de Pachakutik acusaba a Villavicencio, de la Alianza Honestidad, de una falta administrativa por proferir acusaciones en su contra que son “ociosas, irrespetuosas y sobre todo infundadas”, que atentan a su “buen nombre y reputación”, según Vanegas.
En una sesión del pleno de la Asamblea, el 4 de agosto, Villavicencio —quien preside la Comisión de Fiscalización del Legislativo— hizo comentarios que sugirieron que Vanegas habría participado en actos de corrupción relacionados con el caso Las Torres, en el que se investiga una presunta trama de delincuencia organizada que desaparecía glosas interpuestas por la Contraloría a cambio de sobornos. En este caso está siendo investigado Pablo Celi, excontralor general subrogante, que mantiene prisión desde abril de 2021 y fue censurado en un juicio político el pasado 16 de agosto.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si el CAL así lo decidía, Villavicencio podía haber sido castigado con una suspensión temporal del ejercicio de su cargo, sin derecho a sueldo, por hasta 30 días.
La queja contra Fernando Villavicencio
La queja fue calificada a trámite por el CAL el pasado 28 de agosto. Días después, el 1 de septiembre, Villavicencio presentó una recusación en contra de tres miembros del Consejo: Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea; Bella Jiménez, asambleísta y segunda vicepresidenta de la Asamblea; y el legislador de Pachakutik, Darwin Pereira. Los tres son miembros del CAL y votaron a favor de calificar a trámite la queja contra Villavicencio.
Según Villavicencio, Guadalupe Llori, Bella Jiménez y Darwin Pereira debieron abstenerse de conocer y calificar a trámite la queja en su contra por “enemistad manifiesta” —definido por la RAE como “aversión y odio notorio o comprobable”— porque habría comprometido su imparcialidad.
Uno de sus argumentos era que días antes de la calificación de la queja en el CAL, Villavicencio presentó una denuncia en la Fiscalía para que se abra una investigación en contra de la asambleísta Jiménez, acusada de recibir presuntos pagos ilegítimos por entregar puestos de trabajo en el Legislativo y en un ministerio. El 9 de septiembre, el CAL inadmitió la recusación solicitada por Villavicencio.
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¿Qué dijo Villavicencio sobre Vanegas?
En la sesión del 4 de agosto, Villavicencio dijo que Vanegas era accionista de una de las empresas que forman parte del consorcio Oro Negro, que es investigado por un contrato con Petroecuador en el caso Las Torres. Según Villavicencio, había un informe de indicios de responsabilidad penal que derivó en una indagación previa de la Fiscalía en contra de los representantes de Oro Negro, resaltando que era una empresa de propiedad de Vanegas.
En la sesión del 4 de agosto, Villavicencio también dijo que en el juicio político contra Freddy Carrión —exdefensor del Pueblo investigado por presunto abuso sexual que fue destituido y censurado en un juicio político impulsado por Vanegas— hay interpelantes que son “accionistas de empresas corruptas que tienen informes con responsabilidad penal hablamos de asambleístas”. Villavicencio dejó en claro que se refería a Vanegas cuando dijo “por supuesto, Ricardo Vanegas está vinculado a la compañía Oro Negro”.
Vanegas anunció que presentaría la queja en la sesión del 12 de agosto, después de que el pleno aprobó el juicio político contra Pablo Celi. Según Vanegas, Villavicencio no presentó documentación sobre sus acusaciones y añadió que era inaceptable que “un asambleísta haga una acusación sin pruebas para causar un daño y al mismo tiempo buscar empezar una campaña mediática en su contra”.