El correísmo está eligiendo mal a sus mártires. O a sus héroes. Esta vez, al apoyar sin condiciones ni cuestionamientos a Freddy Carrión, ex Defensor del Pueblo, en el juicio político del 15 de septiembre que resultó en su destitución. Fue una apuesta arriesgada, pero predecible: en su informe sobre el paro nacional de octubre de 2019, Carrión les da la razón en sus intentos por responsabilizar a Lenín Moreno de presuntos crímenes de lesa humanidad, así que obviaron las acusaciones que pesan en su contra, tanto políticas —por incumplimiento de funciones— como penales, ya que Carrión enfrenta una investigación por supuesto abuso sexual. 

En ese sentido, el juicio contra Carrión fue más que el juicio contra Carrión. Fue el momento para establecer la nueva correlación de fuerzas políticas del país: UNES y partes de Pachakutik por un lado; CREO y su “Bancada del Acuerdo Nacional” (que aglutina a independientes junto al movimiento de gobierno) y la Izquierda Democrática, por otro, y fluctuando como fuerzas definitorias el Partido Social Cristiano y otra parte de Pachakutik. 

Desde el 16 de mayo, Carrión está preso en la cárcel 4 de Quito. El ahora ex Defensor del Pueblo es investigado por presunto abuso sexual a una mujer durante una fiesta en la casa de Mauro Falconí, quien fue ministro de salud del gobierno de Lenín Moreno por escasos días. La fiesta se dio cuando regía un estricto toque de queda para frenar el avance del coronavirus, y los hechos violentos que involucran a Carrión quedaron registrados en las cámaras de seguridad del edificio. 

Son acusaciones graves que —obviamente— deben dilucidarse a la luz del debido proceso y bajo la vigencia de la presunción de inocencia. Sin embargo, fueron minimizadas por sus defensores legislativos, que parecieron obviar la verdad evidente de que el primer defensor de los derechos humanos de un país no puede andarse dando de trompadas con un ex ministro, sean cuales fueren los motivos, y peor aún andar jaloneado y empujando a una mujer. No es admisible en ninguna parte del mundo y peor en un país donde 6 de cada 10 mujeres han reportado ser víctimas de alguna forma de violencia de género según cifras oficiales. 

Durante poco menos de tres horas, Carrión se retrató como mártir. Empezó expresando su gratitud hacia Priscila Schettini, su esposa. Ella —a quien Carrión llamó la “defensora del defensor”— ha cuestionado los videos utilizados por la Fiscalía en contra de Carrión, justificar su versión de haber sido drogado y argumentar que todo hace parte de una conspiración con mal guion. Por ejemplo: en las audiencias del juicio político de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Schettini aseguró que los videos habían sido manipulados. 

“La mejor defensa es atacar”, se dice en el fútbol. Carrión lo llevó más lejos. No solo se defendió atacando, sino que lo hizo con todo el equipo que tenía disponible. Intentó convertir a Lenín Moreno en un villano hollywoodense, cuyas maldades enfrentó por cuatro años. Su libreto era el mismo que el de Correa y del partido que ahora dirige Marcela Aguiñaga (quien no deja de compartir tuits sobre, precisamente, violencia de género). Por eso lo persiguen, según él. Y por eso armaron el montaje detrás del cual se defiende: Carrión jura haber sido drogado después de una reunión con Falconí —quien supuestamente iba a hacer denuncias graves de corrupción— comer una alitas (las mencionó en las primeras audiencias preparatorias) y tomarse solamente dos copas de vino. 

Fue notorio que la violencia de género por la que se investiga a Carrión no resonó ni en UNES ni en algunas figuras de Pachakutik. Llamarse progresistas no dio ni para cuestionar o tomar en serio las investigaciones, que parten de videos bastante reveladores. En el caso de Pachakutik, tampoco sirvió que haya sido un miembro del partido, Ricardo Vanegas, quien junto a Yeseña Guamaní  ( de la ID), impulsara el proceso de interpelación.  Salvador Quishpe, por ejemplo, dijo: “No vamos a votar en contra de nuestra lucha. Aquí está claro: este juicio político es por el informe donde se incluyen delitos de lesa humanidad en contra de los ex gobernantes del periodo anterior.” Ni una palabra sobre la acusación de violencia sexual. Dijo que eso “los tenía bravitos”. Finalmente —y a pesar de que Quishpe se abstuvo de votar a favor o en contra— comparó al Defensor del Pueblo con Tupac Amaru y Jaime Roldós. 

El correísmo tampoco dudó. Las asambleístas Yahaira Urresta y Viviana Veloz fueron especialmente duras. “Sororidad, prostitución de palabra en este pleno. No se pudo evidenciar el presunto incumplimiento de funciones”, dijo Urresta. Veloz, luego, aseguró que el juicio tenía como objetivo, por sobre todo, proteger a Moreno y quien fue su ministra de gobierno durante el paro, María Paula Romo.

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Hubo quienes sí tomaron en serio las acusaciones y las irregularidades de la versión del defensor. Obvio: lograron censurarlo, después de todo. Pero lo hicieron sin obviar —como Quishpe— el caso específico por el que se lo investiga. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, llamó a Carrión “un mentiroso contumaz” —aludiendo a los cambios en sus versiones sobre la noche de la supuesta agresión. Lo mismo hicieron María Belén Cordero y Diego Ordóñez, de CREO, quienes también cuestionaron duramente al asambleísta Quishpe por minimizar la supuesta agresión. 

Es decir, en la Asamblea no parecen importar los hechos ni los problemas más graves de la sociedad, como la violencia de género, sino el acomodo político. Por eso, son claras las razones políticas para la posición de cada bancada sobre el caso Carrión. Para UNES y algunos asambleístas de Pachakutik, lo que estaba en juego no era Carrión, sino la vigencia del informe de Defensoría que, además, sustentaba la defensa de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en el proceso que le abrió la Fiscalía por el supuesto delito de terrorismo y instigación al sabotaje

A pesar de que no es lo mismo un juicio político a uno penal —Carrión merece un juicio justo— el Defensor del Pueblo puso a prueba la validez y peso que este tipo de acusaciones generan cuando los acusados son coidearios. El énfasis que UNES —que se define como progresista— le dio al informe de octubre (en un juicio por incumplimiento de funciones y violación de la ley) así como su compromiso con atacar a Moreno y Romo (cuando el acusado era Carrión), evidenciaron que sus prioridades no son los principios ideológicos o la ética, sino el espíritu de cuerpo; las circunstancias políticas. Porque no solo llamaron a cuestionar las acusaciones contra Carrión —un ejercicio válido y necesario— sino que las descartaron con vehemencia. 

Ocurrió lo mismo con Quishpe, quien no solo defendió al exdefensor del pueblo, sino que lo enalteció como un perseguido, comparándolo con figuras históricas con las que Carrión carece de cualquier vínculo —como lo revelará la posteridad, así como revelará que la conducta de Carrión no pesó en el pleno legislativo. 

Finalmente, quedó clarísimo: para gran parte de la Asamblea lo que importa es quién es coideario de quién y qué necesidades políticas tiene la bancada. Lo demás es pura retórica.