A las diez y siete minutos de la mañana de hoy, 13 de septiembre de 2021, comenzó la audiencia de acción extraordinaria de protección contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en la Corte Constitucional. Los abogados de las partes involucradas presentaron sus alegatos de forma telemática mientras en los exteriores de la institución decenas de personas le pedían a la Corte la remoción del alcalde capitalino.

Karla Quevedo fue la jueza sustanciadora que dirigió la audiencia por casi cuatro horas. Quevedo escuchó los alegatos de ambas partes como parte de la diligencia del tratamiento de la acción extraordinaria de protección solicitada por Santiago Guarderas y Mónica Sandoval en la Corte Constitucional (CC). El recurso fue presentado el 10 de agosto pasado, después de que el 30 de julio un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha dejó sin efecto la remoción de Jorge Yunda. Tras el fallo de la Corte, Santiago Guarderas tuvo que dejar el cargo de alcalde que ejerció por once días.

Al finalizar la intervención de los involucrados, la jueza Quevedo dijo que las partes podrán enviar los escritos que consideren necesarios para ampliar y sustanciar su intervención en un plazo máximo de tres días. Cuando ese periodo termine, Quevedo hará un proyecto de resolución para que el pleno de la Corte Constitucional lo acepte o rechace.

Esto dijeron las partes en la audiencia

Los primeros en intervenir fueron Juan Francisco Guerrero y Emilio Suárez, abogados de los concejales Santiago Guarderas y Mónica Sandoval.

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Guerrero hizo un recorrido de cómo se hizo la sustanciación del trámite de remoción de Yunda. El abogado recordó que las acciones de protección otorgadas a Yunda en dos instancias configurarían una superposición de vías legales. Es decir, la defensa del alcalde actuó en contra de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) —el máximo organismo de la función electoral— después de que este organismo ratificó su sentencia y avaló el proceso de remoción que hizo el Concejo Metropolitano y acudió a la Corte Provincial de Pichincha para obtener otro fallo, a nivel judicial. Guerrero dijo que bajo este escenario se dio un posible “fraude legal y constitucional”. 

Además, recalcó que la Corte Provincial de Pichincha falló sobre otras razones— como la imparcialidad del juez— y no sobre el tema que denunció Yunda, que era el informe de la Comisión de Mesa que fue usado para removerlo.

El también abogado Emilio Suárez dijo que la acción extraordinaria de protección de Yunda era improcedente y que el alcalde buscó que “la justicia asuma las competencias del TCE”. Por eso pidió que se declaren vulnerados los derechos de Guarderas y que se deje sin efecto la sentencia de la Corte Pichincha. Es decir, que Yunda sea removido otra vez. 

La defensa de Guarderas también pidió que se deje sin efecto la sentencia de la jueza María Belén Domínguez, quien, el 28 de junio pasado, aceptó de forma parcial la acción extraordinaria de protección que presentó la defensa de Yunda. En el proceso hubo irregularidades y por eso Domínguez fue suspendida por el Consejo de la Judicatura y es investigada por la Fiscalía por presuntas inconsistencias en el sorteo de la causa presentada por Yunda.

Dominguez también estuvo en la audiencia de hoy. Al comenzar su intervención recordó que está suspendida de su cargo por tres meses y por eso compareció como abogada, no como jueza. Según Dominguez, ella respetó la institucionalidad del Tribunal Contencioso Electoral y por eso en su fallo solo aceptó uno de los cuatros cargos que alegó la defensa de Yunda que estaba relacionado con la falta de imparcialidad del juez en el proceso de remoción en la Comisión de Mesa. Según la abogada, se vulneraron los derechos de Yunda porque Guarderas, quien debía asumir la alcaldía si se aprobaba la remoción, fue juez y parte de los cuatro integrantes de la Comisión de Mesa que hicieron el informe que fue usado para remover al todavía alcalde del cargo. 

Por su parte, el abogado de Yunda, Jorge Zabala dijo que no se atendió el pedido de recusación —el recurso legal que se usa cuando se considera que un proceso legal no ha garantizado la imparcialidad del mismo— que interpuso su defendido en contra de Santiago Guarderas. Además, dijo que la Constitución de la República establece el derecho a la defensa cuando se vulneran los derechos constitucionales por lo que era fundamental para su cliente recurrir a las acciones de protección.

Después de que la jueza presente el proyecto frente al pleno de la Corte Constitucional se resolverá la disputa de la Alcaldía de Quito de forma definitiva. Podría ser un cierre para el cargo que ha estado en pugna desde marzo pasado lo que, según expertos, ha provocado una crisis que ha dejado a la ciudad en un estado de abandono.