El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de ley Regulación para la Prevención y Control de cáncer cérvico uterino. El asambleísta Vicente Almeyda, del Partido Social Cristiano (PSC) es el proponente del proyecto de ley que presentó el 30 de mayo de 2019, “Es tarea de este parlamento aprobarlo con la urgencia del caso”, escribió ayer, 18 de agosto, Almeyda en su perfil de Twitter.
Esto propone el proyecto:
El proyecto de ley tiene 13 artículos divididos en tres capítulos. El objetivo del proyecto es optimizar la prevención, el control, la atención médica, el tratamiento, la asistencia, la investigación, la educación en relación con el cáncer cérvico uterino. El proyecto pretende garantizar el diagnóstico adecuado de esta enfermedad, de esto estará encargado el Ministerio de Salud. El ginecólogo Iván Vega opina que la educación sobre el cáncer cérvico uterino debe estar relacionada a la educación sexual desde los hogares y las instituciones educativas.
¿Qué es el cáncer cérvico uterino?
Es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, en la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Este tipo de cáncer es provocado por el virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual. El ginecólogo Vega dice que existen al menos 400 tipos de papilomas. Cuando el virus entra en el cuerpo de la mujer puede producir células en el cuello uterino que se convierten en cancerosas.
Vega dice que para evitar esos riesgos, las mujeres se deben hacer el examen del Papanicolau, que es un examen que toma una muestra vaginal que debe ser observada por un patólogo para determinar que no haya el virus o si está en la etapa leve, moderada o grave. Según Vega, un papanicolau se debe realizar al año del inicio de la vida sexual, dependiendo del resultado, se debe repetir cada dos o tres años. De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud (OPS) si se mantienen las tendencias actuales, para 2030, el número de muertes por cáncer de cuello uterino puede aumentar en un 45%. La OPS dice que las tasas de mortalidad son tres veces más altas en América Latina y el Caribe. Además, dice que la vacunación contra el virus del papiloma humano puede prevenir cerca del 70% de los casos de cáncer cervicouterino.
Pero Vega dice que la vacuna debe ser gratuita. Actualmente, en Ecuador, una vacuna puede costar entre 90 a 170 dólares. Para que sea efectiva se necesitan tres dosis, lo que implica un costo de entre 270 y 521 dólares.
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El proyecto de ley tiene siete objetivos:
- Impulsar la promoción, prevención, detección oportuna de esta enfermedad.
- Reducir la mortalidad a través del control del riesgo
- Fortalecer el plan de gobierno sobre este tema
- Fomentar el autocuidado, estilos de vida y espacios saludables
- Fortalecer los servicios de salud para que den respuestas oportunas
- Fortalecer y coordinar los servicios de salud públicos y privados con un funcionamiento en red
- Fomentar la investigación para encontrar estrategias de prevención, manejo y control de la enfermedad.
El proyecto de ley dice que, entre las medidas de control de la enfermedad, deben estar:
- La vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano (VPH). El proyecto dice que se debe seguir aplicando estrategias de vacunación contra el VPH para lograr una cobertura superior al 80%.
- La detección y tratamiento de las lesiones precancerosas
- El diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y los cuidados paliativos
Sobre la vacuna del VPH, el proyecto dice que se debe garantizar su gratuidad y acceso universal. Al igual que el acceso a los exámenes de Papanicolau para toda la ciudadanía en los centros y subcentros de salud públicos, como se realiza actualmente. El Ministerio de Salud deberá hacer campañas de examinación y vacunación en las instituciones públicas y privadas del país. Vega explica que el virus afecta más a las mujeres y niñas de 9 a 26 años.
¿Qué pasará luego de la calificación del CAL?
Después de que el CAL calificara el proyecto, este será enviado a una comisión especializada de la Asamblea para que lo revise y realice un informe para la aprobación, debate y votación del pleno del CNE, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La comisión especializada tiene un plazo de 45 días para presentar el informe con las observaciones que crea necesarias para añadir al proyecto.
