El presidente Guillermo Lasso retiró de la Asamblea el proyecto de Ley para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia propuesto por su antecesor, Lenín Moreno. Lo hizo la noche del 12 de agosto de 2021, un día antes de que la Comisión de Derecho a la Salud apruebe el informe para primer debate del proyecto. 

¿Por qué el presidente Lasso retiró el proyecto?

Un comunicado de la Asamblea, publicado ayer, 13 de agosto, dice que el argumento del Ejecutivo para retirar la propuesta es que “contiene disposiciones contrarias a la Constitución” y que ya no atiende la realidad socioeconómica del país. En un documento enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, dice que tampoco se incluye un análisis del costo que involucraría la vigencia de la ley. 

Otro de los motivos del Ejecutivo para retirar el proyecto de ley, según el documento enviado al Legislativo, es que el proyecto “crea mecanismos de restricción de derechos” —como libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio— sin incluir garantías para las personas que serían afectadas por su aplicación. También añade que la única forma en la que se puede restringir esos derechos es con un estado de excepción. Si se crea un sistema paralelo, dice el documento del Ejecutivo, “implicaría el desconocimiento” de lo establecido en la Constitución. 

El asambleísta Marcos Molina, presidente de la Comisión de Derecho a la Salud, dijo que su intención era “entregarle al país una ley sobre emergencias y pandemias cumpliendo con los tiempos estipulados”. Según Molina, hubo socialización con expertos, constitucionalistas, académicos y asambleístas para estructurar una legislación que “no haga uso indiscriminado de los estados de excepción”.

Rafael Lucero, otro de los miembros de la comisión, sugirió que los asambleístas preparen un proyecto de ley para atender la pandemia “en caso de que el Ejecutivo tarde en presentarlo”. 

¿Qué decía el proyecto de ley?

Después de presentarlo, el entonces presidente Moreno dijo que con esa ley “se permitirá, sin declarar estado de excepción, regulaciones en zona de alerta”. Además, dijo, podrá restringir el libre tránsito, prohibir reuniones e implementar otras disposiciones para enfrentar el covid-19.

En sus 24 artículos, el proyecto incluía regulaciones especiales para las zonas de alerta sanitaria como: 

  • La red de salud privada deberá admitir y atender pacientes derivados de la salud pública cuando se haya superado su capacidad hospitalaria. 
  • Establecer planes para usar recursos e instalaciones adicionales fuera del sector de la salud como hoteles, estadios y centros de convenciones para “hacer frente a los posibles aumentos de la demanda de atención de salud”. 
  • Disponer la restricción de movilidad peatonal y vehicular en la zona de alerta sanitaria. 
  • Prohibir las reuniones sociales y familiares de miembros “que no pertenezcan al mismo núcleo familiar”, eventos públicos y privados con presencia masiva de asistentes. 

Además, el proyecto de ley incluía responsabilidades asignadas a las instituciones de control como la Policía y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. También daba indicaciones para el control del comercio informal, mercados, centros comerciales, aglomeraciones y otro tipo de espacios en caso de una emergencia sanitaria. En otros 4 artículos detallaba las sanciones en caso de incumplimiento. 

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¿Por qué se lo hizo?

El proyecto de ley fue enviado al Legislativo  en abril de 2021 por el entonces presidente Lenín Moreno. Lo hizo para cumplir con la orden que la Corte Constitucional le dio en agosto de 2020. El tribunal más alto del país dijo en ese entonces que “no admitirá una nueva declaratoria de estado de excepción” por la pandemia del covid-19, después de que se aplicó la medida en dos ocasiones consecutivas el año pasado. Desde ese momento, la Corte solo ha declarado la constitucionalidad de estados de excepción focalizados, pero no en todo el país. 

En ese dictamen, la Corte resolvió que el Presidente —en ese entonces Moreno— debía preparar un proyecto de ley “bajo los criterios técnicos trabajados en conjunto” con el COE Nacional para la “limitación proporcional y razonable de los derechos”. Así, dijo la Corte, no se deberá establecer estados de excepción de manera indefinida para controlar la propagación del virus. La Corte dijo que se debía hacer “a la brevedad del caso”. Sin embargo, al expresidente Moreno le tomó 8 meses presentar el proyecto de ley a la Asamblea.