Iván Landázuri, su mamá Bertha Córdoba,  y sus seis hermanos eran propietarios de una gasolinera que operaba bajo franquicia de la petrolera Petroecuador. Los ingresos que generaba la estación le daban tranquilidad económica a la familia. Pero en el 2012, el gobierno escogió 31 gasolineras en puntos fronterizos para que sean expropiadas. El argumento del Estado era que el contrabando de gasolina se iba por estas rutas. Los Landázuri terminaron entregando la gasolinera por un precio mucho menor del que consideraban realista. Casi una década después, ellos —y muchos ex propietarios de las gasolineras— se plantean recomprarlas, después de que el presidente Guillermo Lasso ordenara, como parte de su nueva política petrolera, la venta de las gasolineras propiedad de Petroecuador.  

Si se sigue el rastro de la gasolina que enciende esta historia, todo se remonta a  2007. “No creo en la militarización, pero ante esta situación no queda más», dijo el entonces presidente Rafael Correa el 12 de mayo de ese año, justificando la orden de militarizar las estaciones de servicio de la frontera. Correa alegó que en las fronteras con Perú y Colombia «operan bandas que se pelean por la ‘gasolina blanca’, que es un precursor para la elaboración de cocaína». Las instalaciones del Sistema Hidrocarburífero Nacional también se militarizaron para “frenar los continuos robos, atentados y cortes en las líneas de oleoductos secundarios que causan derrames y afectaciones medioambientales», dijo el presidente de aquel entonces. Correa justificó que “el cuidado por parte de las Fuerzas Armadas de las instalaciones petroleras se da hasta en Venezuela, así que no es nada nuevo” y remarcó que «hay la decisión política de acabar con esta anarquía y de defender los bienes como las instalaciones hidrocarburíferas». Unos meses después, ya en 2008, los controles militares llegaron a la gasolinera de los Landázuri. 

Dos años después, el control estatal se volvió tan fuerte que llegó un punto en que había un fiscalizador en cada gasolinera fronteriza desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche. Junto a él trabajaban unos militares, quienes  se encargaban de abrir y cerrar las estaciones fronterizas como la de la familia Landázuri. “Los militares eran quienes daban la disposición a nuestros despachadores para que ellos despachen una cantidad determinada”, dice Francisco Silva, expresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador.

El intento por controlar el contrabando se volvió tan agudo que el gobierno de aquel entonces estableció cupos de venta. “Se permitía la venta de cinco galones a los moradores de las zonas fronterizas y a vehículos que estaban de paso hasta 10 galones”, recuerda Iván Landázuri. El expropietario dice que las restricciones dependían también del tamaño del auto. En términos generales, asegura, estaban autorizados a vender diez dólares de gasolina a los carros pequeños y hasta 20 dólares para los grandes.

Ese año, además, llegó a la  gasolinera una delegación de PetroEcuador a informarles a sus dueños que la estación sería expropiada. Iván Landázuri, asegura que ya en 2008 se hablaba de una posible expropiación pues ese año, unos funcionarios del Banco de la Vivienda llegaron desde Quito a recopilar información sobre la gasolinera de su familia. No volvieron sino dos años después. Según un artículo del diario El Universo de la época, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables  informó que en el cordón del norte del país estaba prevista la adquisición de cinco estaciones en Carchi, una en Esmeraldas, una en Imbabura y seis en Sucumbíos. En el cordón sur, siete en El Oro, ocho en Loja y tres en Zamora Chinchipe.

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Tras la primera visita a la gasolinera de Iván Landázuri  pasaron varios meses para que se realice un avalúo y levantamiento de información para la compra forzosa.  “Los peritos hicieron como ellos quisieron, como que el negocio no estuviera en marcha, no se tomó en cuenta el valor de las construcciones”, afirma el expropietario. El 9 de abril de 2012,  el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables autorizó la compra de las gasolineras amparado en un acuerdo ministerial que le permitiría a Petroecuador negociar con los dueños bajo la figura jurídica de “declaratoria de utilidad pública” —es decir, pasarían a ser un bien público por una cuestión de necesidad. 

El acuerdo ministerial establecía los siguientes objetivos de la disposición: abastecer de combustibles al mercado, contribuir al control del uso indebido de derivados de petróleo y combatir el contrabando. Francisco Silva reconoce que el Estado tiene la facultad de expropiar cualquier bien si lo considera estratégico, pero dice que las condiciones de negociación nunca convencieron a su gremio. 

En 2012, el Estado le pagó a la familia de Iván Landázuri 790 mil dólares por su estación de combustible. Pero Iván Landázuri asegura que costaba unos 3 millones de dólares porque era una estación grande y su ubicación era estratégica. Los Landázuri lograron que el Estado no se lleve toda la gasolinera: en esa misma propiedad tenían una lavadora de autos y una tienda de abarrotes.  Landázuri asegura que les pagaron acorde al avalúo catastral y no acorde al valor comercial. Alega que los equipos se los pagaron como si fueran chatarra. “Fue un atraco descarado y vulgar”, afirma indignado.

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Para René Buitrón, expropietario de una gasolinera que pasó a manos de Petroecuador, la expropiación de su gasolinera (en Zumbi, al sur del país, en la provincia de Zamora Chinchipe),  se realizó en “circunstancias poco claras” porque esa ciudad no tiene una conexión terrestre con el Perú. Para cruzar hacia tierra peruana es necesario pasar por las ciudades lojanas de Zapotillo y Macará, lo que representa unas ocho horas de viaje. “Fue un abuso”, dice Buitrón. Según él, conversó con las autoridades de esa época para mostrarles ese detalle geográfico. Sin embargo, afirma, le dijeron que el decreto era claro. Su gasolinera también fue expropiada.

Su estación de servicio de combustible, alega Buitrón, estaba valorada en un millón de dólares. Sin embargo, el pago estatal fue de 200 mil dólares. Después de varios juicios, logró que en 2015 el Estado le pague 300 mil dólares más. Oswaldo Erazo,  secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, asegura que Buitrón no es el único que tuvo que recurrir a demandas judiciales: los dueños de las 31 gasolineras expropiadas coincidieron que se les obligó a vender sus propiedades por precios irrisorios. Aquellos que se resistieron a la venta se les depositó el dinero en un juzgado y fueron sacados de las gasolineras por la Policía y las Fuerzas Armadas.

Iván Landázuri dice que después de la expropiación tenían cinco años para tomar acciones judiciales, pero como seguía en el poder Rafael Correa, muchos propietarios, él incluido, prefirieron abstenerse. Después de la expropiación, Landázuri se dedicó a ejercer su profesión de arquitecto. Sus hermanos también se dedicaron a otros negocios o carreras profesionales. René Buitrón se concentró en otra gasolinera suya que no fue expropiada.

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Desde las primeras expropiaciones han pasado nueve años y los 31 dueños de las gasolineras habían perdido toda esperanza de recomprarlas o recuperarlas. Sin embargo, el 7 de julio de 2021 el nuevo presidente de la república, Guillermo Lasso, anunció que el país cambiaría su política petrolera y promulgó un decreto en el que delineó sus ejes de acción. Entre las acciones que anunció, está vender las estaciones de servicio que administra Petroecuador  a manos privadas. Las gasolineras que fueron expropiadas en 2011 podrán volver a manos particulares.

Después del anuncio, la familia Landázuri, René Buitrón y otros expropietarios de gasolineras con los que conversé aseguran que están buscando junto a sus abogados los mecanismos legales para recuperar lo que alguna vez fue suyo y, consideran, se les quitó de forma injusta porque el pago fue mucho menor al costo de una gasolinera en marcha.

Según ellos, el Estado nunca les entregó la información de respaldo que justificaba la decisión de expropiarlas. Según Francisco Silva, en 2011 la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador intentó dialogar con el gobierno para mostrarle que la mayor parte del contrabando de combustible se hacía por vía marítima y llegaba a Colombia al puerto de Buenaventura, pero jamás consiguieron una audiencia con Jorge Glas ni con Wilson Pástor, ex altos funcionarios encargados, en distintos momentos, de los sectores estratégicos y, en especial, del de hidrocarburos (Glas fue vicepresidente y como tal siguió manejando esa área).

Ahora, el panorama ha cambiado para los expropietarios de las estaciones. Fernando Santos, exministro de Energía, dice que la decisión del presidente Guillermo Lasso de vender las gasolineras de Petroecuador es acertada. La medida, asegura, refleja que Lasso quiere reducir la intervención del Estado en el sector petrolero y dar mayor peso a la empresa privada. “Petroecuador no puede ser un monopolio tan extenso, ellos producen la gasolina, son los que importan y la venden directamente, es una actividad monopólica”, sostiene Santos, matizando que Petroecuador tiene menos de cuarenta de las 1.200 gasolineras que hay en el país. 

“PetroEcuador debe dedicar sus esfuerzos más bien a producir más en lugar de gastar tanto en las gasolineras”, afirma Santos. “Debe concentrarse en su negocio principal que es producir petróleo y dejar los secundarios, como las gasolineras, que los puede hacer bien la empresa privada”, dice Santos. “La decisión es correcta porque a pesar de que pueden ser cosas pequeñas, el Estado tiene urgencias y debe priorizar el gasto público”, sostiene el analista económico Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación especializada Análisis Semanal.  Según Iván Landázuri, cuando su estación fue expropiada, habló con funcionarios de Petroecuador que le dijeron que tampoco estaban convencidos de que fuera una buena decisión  que la empresa se haga cargo de esas gasolineras porque no era parte de su giro de negocio y solo generaría más problemas. Sin embargo, afirmaron, la decisión venía desde la Presidencia de la República.

La venta de las gasolineras tiene también un sustento económico: la bonanza petrolera se acabó. Acosta Burneo dice que el desafío es muy grande ya que estamos a las puertas del fin de la era petrolera por el advenimiento de las tecnologías más eficientes —como la electricidad o la energía solar. En 2020, las compañías petroleras tuvieron dramáticas pérdidas: por citar un par de ejemplos, 

British Petroleum y Chevron perdieron cada una cerca de 5,5 mil millones de dólares. ExxonMobil declaró pérdidas por 20 mil millones de dólares. Además, tras las revelaciones hechas por organizaciones ambientales, muchos bancos internacionales han dejado de financiar proyectos petroleros en la Amazonía ecuatoriana. Todo esto pone al negocio petrolero —alguna vez uno de los más boyantes de la historia— en el terreno de las incertidumbres. 

Por estas razones, varios expertos coinciden en que la decisión de vender las gasolineras al sector privado es acertada. Sin embargo, una cosa es decirlo y otra hacerlo: las gasolineras podrían costar ahora mucho más, porque en la bonanza que el país vivió entre 2009 y 2014, en algunas zonas donde funcionan estas estaciones se han construido carreteras e infraestructura de primer orden que antes no existían, lo que ha aumentado su plusvalía.  

 Aunque pedí detalles sobre la venta de gasolineras, Petroecuador dijo que no hay información por el momento. Sin embargo, los expropietarios dicen que por “fuentes extraoficiales” se han enterado de que las gasolineras serán vendidas en paquetes, lo que dificultaría que ellos las recuperen. El dilema que se avizora es un Estado indispuesto a venderlas a los mismos precios que fueron compradas —pues significaría una cuantiosa pérdida— y unos expropietarios que insistirán en pagar lo mismo que ellos recibieron. 

Los Landázuri, por ejemplo, dicen que recomprar la gasolinera quizás ya no sea tan buen negocio, porque hace dos años se filtró combustible al suelo y comenzó a afectar a las casas aledañas, por lo que la gasolinera tuvo que estar cerrada mientras se intentaba remediar el daño. Además, asegura que la maquinaria de la estación ha estado sin mantenimiento. Aún así, Iván Landázuri dice que de todas maneras pedirá al gobierno que le revenda lo que una vez fue suyo.