La mañana del 22 de julio, tras un nuevo amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi, en las afueras de la ciudad andina de Latacunga, un número indeterminado de reclusos se fugó. La noche anterior, esta cárcel, una de las más peligrosas y conflictivas del Ecuador, sufrió un nuevo enfrentamiento violento. Esta vez, murieron 13 reclusos, 33 fueron heridos. La Policía Nacional contabilizó 5 oficiales heridos y se supo que una sargento fue violada tras ser retenida en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel. Hasta la tarde del 23 de julio, 86 presos habían sido recapturados por la Policía Nacional.
La Policía dijo, además, que sus agentes que fueron heridos con armas de fuego cuando eran parte del contingente que intentaba controlar el motín en otra cárcel, la Penitenciaría del Litoral, están estables y recuperándose en el hospital policial en Guayaquil, ciudad donde está dicho centro de reclusión.
El número de muertes violentas en las prisiones ecuatorianas pasó de 15 en 2018 a 51 en 2020. En 2021, se cuentan ya más de 120 muertes en frecuentes motines, en los que se enfrentan las bandas de delincuencia organizada que operan —y en muchos casos, controlan— las cárceles del país.
Desde hace más de un año, el país vive una escalada de violencia sin precedentes en su sistema carcelario. En febrero de 2021, una matanza sin precedentes tuvo lugar en tres cárceles del país: 79 internos murieron tras sangrientos choques en la Penitenciaría del Litoral, en las afueras de Guayaquil, y en las cárceles de Turi, en Cuenca, y la de Cotopaxi.
El descalabro del sistema carcelario ecuatoriano sería una suma de complejos factores, dicen varios expertos. En el Ecuador hay 38 mil personas en las cárceles. El sistema que los acoge “se ha venido deteriorando por años”, le dijo la experta en derechos humanos y personas privadas de libertad, Daniela Oña, a GK a inicios de marzo de este año. Según ella, la crisis empezó alrededor del 2017 y se intensificó en 2018, cuando el país alcanzó un índice de hacinamiento del 36% —el más alto en los últimos 4 años. En 2019, el entonces presidente de la República, Lenín Moreno, decretó un estado de excepción en las cárceles que duró 90 días. Pero ni siquiera ese estado de emergencia logró aplacar la violencia que consume al sistema penitenciario en el país: mientras estaba vigente, 14 personas murieron en enfrentamientos entre bandas dentro de las prisiones.
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