Ante los casos de violencia en las cárceles, el el 16 de mayo de 2019, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción del Sistema de Rehabilitación Social del país. Según el Decreto Ejecutivo 741, el objetivo de la medida es “atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad como grupo de atención prioritaria.”. La medida también dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden y prevenir incidentes violentos dentro de los centros a nivel nacional. El estado de excepción durará 60 días desde su emisión.

El estado de excepción y sus medidas se aplicarán en todos los centros de privación de libertad a nivel nacional, sin ninguna exclusión. Dentro del estado de excepción también está prevista la contratación de chalecos antiagresiones, de gas pimienta, de pistolas eléctricas, entre otros.

Un estado de excepción es un recurso que puede ser utilizado por el Presidente de la República cuando exista una situación de desorden o de conflictos que perturban el orden interno del país. Cuando se decreta un estado de excepción, automáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos residentes de la zona en que se dicta quedan suspendidos de manera parcial o total.

El 28 de mayo, el gobierno expidió el Decreto Ejecutivo 754, que aclara las funciones de las autoridades durante el  estado de excepción. Las Fuerzas Armadas realizarán el control de armas en el primer filtro de ingreso y la Policía reforzará el control interno y perimetral.

Luego del incidente del 30 de mayo de 2019 se suspendieron las visitas y los trámites judiciales en la Penitenciaría del Litoral. Los controles del Ministerio del Interior se extendieron a otras tres cárceles. Además, se reubicó a 90 presos y se reemplazó a las autoridades.