El movimiento campesino advirtió que realizará un paro agropecuario indefinido, mañana 12 de julio desde las 6 de la mañana. 

La razón del paro sería la “crisis económica” que vive el sector y el pedido de que los productos del campo sean vendidos a “precios justos”. Richard Intriago, dirigente del Movimiento Nacional Campesino del Ecuador, dijo a GK que el precio del saco de arroz ha bajado de 35 a 22 dólares. Intriago dice que también tienen problemas de comercialización los bananeros, los cañicultores, los productores de papa, zanahoria o cebolla. “El precio de esos productos no se ha regulado, como ha sido el compromiso de la Ministra de Agricultura”, dijo el dirigente. Esa sería la razón principal de la manifestación. 

El viernes 9 de julio, en el lanzamiento del Plan Adulto Mayor para descuentos en telefonía e internet, el presidente Guillermo Lasso dijo que aquellos “que quieren dialogar con el gobierno tienen las puertas abiertas pero aquellos que quieren comenzar con el chantaje de un paro, que se encuentren con la ley”. 

Lasso dijo que su gobierno es “amable, sereno pero muy firme”, refiriéndose al anuncio del paro. “No vamos a permitir el caos y el desorden en el Ecuador”. Lasso dijo que quienes quieran hacer paros o cierre de carreteras, “les espera un tiempo indefinido en la cárcel porque eso es un delito”. 

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El artículo 98 de la Constitución garantiza el derecho a la resistencia frente a las acciones del poder público y para demandar nuevos derechos. Efrén Guerrero, abogado especialista en derechos humanos, explica que la Constitución también dice que la paralización de servicios públicos puede ser un delito. “El gobierno tiene que garantizar el ejercicio de los derechos de los demás ciudadanos”, dice. 

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Según Guerrero, Lasso comete un error al advertir sobre la posibilidad de sancionar con cárcel a las personas que protesten, “tiene que darse cuenta que la protesta es un espacio ideal de diálogo porque ha habido muchísimos años de la protesta pública reprimida”, dice. 

Richard Intriago reaccionó a las declaraciones del presidente Guillermo Lasso en un video publicado en Twitter. “Convocamos al paro indefinido del sector agropecuario nacional de Costa, Sierra y Amazonía”, dijo Intriago, y agregó sobre el comentario del Presidente: “está despertando un monstruo, que es el monstruo agropecuario”.

El dirigente dijo que en 2020 (mientras duraban las restricciones por la cuarentena del covid-19) los campesinos fueron tratados como “héroes de la Patria” por proveer de alimentos a las ciudades. Ahora, dijo, son criminalizados por exigir sus derechos. 

Para Daniela Oña, abogada experta en derechos humanos, hay que esperar cuál será la disposición del Ministerio de Gobierno sobre las protestas de mañana. “Las acciones pueden dar cuenta de la criminalización”, dice. Además, explica que la criminalización de forma práctica se da cuando comienzan procesos judiciales contra líderes o participantes de las protestas. 

Intriago dijo que van a hacer el paro nacional pero que no tienen la intención de “desestabilizar al gobierno nacional”. Pidió que Lasso converse con los sectores arrocero, bananero, cacaotero, productores de cebolla o papas, para que se realice una política pública para el sector agropecuario. Intriago también dijo a GK que el movimiento campesino quiere que se saque a los productos del campo de la oferta y demanda porque “no son bienes comunes” (sino que haya precios fijos). También piden que se haga una declaratoria de emergencia al sector productivo agropecuario del país. 

Según el informe de la Comisión de la Verdad del 2010, las huelgas obreras, los levantamientos indígenas, los paros provinciales o regionales, las manifestaciones estudiantiles han sido  “catalogadas como amenazas a la seguridad del Estado o incluso como actos delincuenciales”. El informe dice que los gobiernos desde 1998 hasta el 2002, utilizaron la Ley de Seguridad Nacional, expedida por la dictadura militar, para mantener la paz y la seguridad del país. Desde 2007 a 2012, 189 indígenas habían sido denunciados por el supuesto delito de terrorismo y sabotaje. 

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En el gobierno de Rafael Correa hubo cientos de casos de criminalización de la protesta. Uno de esos fue en noviembre de 2007, cuando los habitantes de la parroquia amazónica Dayuma, en Orellana, salieron a protestar para reclamar obras. 25 personas fueron detenidas. Guadalupe Llori, entonces prefecta de Orellana y hoy presidenta de la Asamblea Nacional, fue encarcelada por nueve meses por el supuesto delito de terrorismo. El abogado Efrén Guerrero dice que el paro nacional convocado por el movimiento campesino “es el primer gran reto que tendrá el presidente en términos de orden público que tendrá el presidente”. 

Por la eliminación del subsidio de los combustibles, en octubre de 2019, hubo un paro nacional que duró 11 días. Moreno firmó el decreto 883 en el que, entre otras medidas económicas, eliminaba los subsidios a los combustibles. 

Los transportistas del Ecuador convocaron a un paro nacional, al que se unió la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie) que más tarde lideró el paro, y también se unieron trabajadores y estudiantes. Tras mantener diálogos entre el gobierno y los dirigentes indígenas, el decreto 883 fue derogado y se mantuvieron los subsidios. El paro dejó al menos 8 fallecidos, cientos de heridos y más de 720 millones de dólares, según el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE). 

Richard Intriago dijo que en la movilización de mañana participarán varias organizaciones del sector. Las asociaciones de arroceros de las provincias costeras de Guayas, de Los Ríos, parte de Manabí, El Oro; la Federación de Bananeros del Ecuador, organizaciones del Seguro Social Campesino; la asociación de trabajadores del transporte. El paro nacional será en las diferentes ciudades o recintos donde viven los productores agropecuarios, dijo Intriago. “Esperamos que haya un diálogo urgente con el gobierno, que el paro nacional solamente sea un llamado de atención al gobierno”.