El ya excontralor Pablo Celi deberá comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el 21 de julio de 2021 por el juicio político que hay en su contra. La tarde de hoy, 6 de julio de 2021, la Comisión legislativa aprobó por unanimidad el cronograma de comparecencias para el juicio político.
Ayer, Celi renunció a la Contraloría General del Estado. La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que el juicio político se le puede hacer a los funcionarios como Celi “durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado”. Como Celi ya no es el contralor general subrogante, si el juicio político avanza, no podrá ser destituido. Sin embargo, sí podrá ser censurado y tendrá prohibido ejercer un cargo público en los próximos dos años.
La Asamblea podría enviar los hallazgos del juicio político a los organismos pertinentes para que abran causas —por ejemplo, a la Fiscalía o, paradójicamente, a la Contraloría.
La solicitud de juicio político fue presentada por el asambleísta Juan Cristobal Lloret, quien acusa a Celi de incumplimiento de funciones. Entre las causales mencionadas por Lloret en la solicitud presentada está la legalización del nombramiento de Celi, el papel que habría tenido en la trama de corrupción de Odebrecht, entre otros señalamientos.
¿Quiénes irán a comparecer?
Según el cronograma aprobado hoy, habrá comparecencias desde el 19 hasta el 26 de julio. Este será el orden:
- 19 de julio: miembros del Consejo Nacional Electoral.
- 20 de julio:
- María Mercedes Placencia, subcontralora de Gestión Interna.
- También a representantes legales de Fuerza Compromiso Social, de Juntos Podemos, Movimiento Libertad es Pueblo, del Movimiento Coalición Unión por la Esperanza y de Justicia Social. Estos son los movimientos que un examen de la Contraloría dispuso que que se eliminen del registro de organizaciones políticas.
- 21 de julio:
- Pablo Celi, excontralor subrogante y el acusado en este juicio político.
- Cárlos Pólit, excontralor General del Estado que actualmente cumple una sentencia de 6 años de prisión por su participación en la trama de corrupción de Odebrecht.
- Raúl de la Torre, sobrino del excontralor subrogante y detenido en Estados Unidos en la investigación que originó el caso Las Torres en la que estaría vinculado Pablo Celi.
- Darwin Moreno, funcionario de la Contraloría.
- Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública.
- Diana Salazar, fiscal General del Estado.
Noticias Más Recientes
El juicio a Carlos Pólit en Miami, explicado
El ex contralor ecuatoriano enfrenta cargos por lavado de activos. Testigos y documentos evidencian pagos ilegales en una extensa red de corrupción.
El correísmo pierde pista
Ha sido una semana tan complicada para el correísmo que no ha tenido más remedio que mostrarse de cuerpo entero.
Cómo España se convirtió en pionera en la lucha contra la violencia de género
España es pionera en Europa en la adopción de una ley integral o en la recopilación de datos, lo que conforma un sistema que es consultado habitualmente por otros países.
- 22 de julio: Nelson Dueñas, director nacional de Auditoría de Deuda Pública.
- 23 de julio:
- Galo Chiriboga Zambrano y Carlos Baca Mancheno, exfiscales del Estado.
- La auditora Flor María Guerrrero; Hugo Pérez, subcontralor de Auditoría; Luiz Alfonso Miño, exsecretario de Gestión Institucional; y Michelle Cedeño, directora de Predeterminación de Responsabilidades. Todos funcionarios de la Contraloría General del Estado.
- 25 de julio: Pablo Baldeón, funcionario de la Contraloría.
- 26 de julio: José Gabriel Benítez, funcionario de la Contraloría; Ana Vanessa Proaño, representante de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y un representante de la Conecel.
Otros pedidos de la Asamblea
La Comisión de Fiscalización también pidió pruebas documentales a la Contraloría, la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, Petroecuador, entre otras entidades.
Según la Asamblea, pidió información sobre procesos de contratación, glosas que presuntamente se han desvanecido, informes con indicios de responsabilidad penal y documentación relacionados con la investigación del caso Las Torres.
