El Contralor General del Estado subrogante, Pablo Celi, seguirá cumpliendo prisión preventiva en la cárcel 4, al norte de Quito. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, rechazó la solicitud de revocatoria y sustitución de la prisión preventiva por medidas cautelares, para Celi y Luis Agusto, procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
En la audiencia de revisión de medidas cautelares, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, presentó documentos y chats, los mismos que se encuentran en cadena de custodia. Según un comunicado de la Fiscalía, entre los elementos presentados están conversaciones entre el contralor subrogante Pablo Celi con varios de sus subalternos.
También presentó documentos que demostrarían la existencia de desvanecimiento de glosas. Según la Fiscalía, “se emitieron glosas a las entidades, se recibía el pago a través de las empresas cuyos representantes son procesados y luego la glosa era desvanecida”. Todo esto, según la Fiscal, justificaba mantener la medida cautelar de prisión preventiva.
Después de los argumentos presentados por la Fiscalía y las defensas de los procesados, el juez nacional Felipe Córdova dijo que “no se han desvanecido las situaciones que motivaron la orden de prisión preventiva”.
En una segunda parte de la audiencia, según la información divulgada por la Fiscalía, la institución solicitó que las medidas cautelares contra las personas identificadas como Roy Calero y Pedro Saona sean sustituidas por prisión preventiva.
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Su pedido, argumentó la Fiscalía, se dio porque ambos procesados habrían incumplido con las medias de presentación periódica ante la autoridad competente. El juez, acogió el pedido y sustituyó las medidas de Calero y Saona por la prisión preventiva. Tras la audiencia, ni los defensores ni los allegados de Celi y Agusto han reaccionado públicamente. Sus abogados niegan que Calero y Saona estén prófugos.
¿Por qué es investigado Pablo Celi?
Pablo Celi es investigado en el caso Las Torres, una presunta trama de delincuencia organizada. Los líderes de la estructura habrían exigido sobornos a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría por la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador EP y la empresa NOLIMIT S.A., dedicada a la venta de maquinaria y equipos para la construcción y minería.
El caso empezó en junio de 2019, cuando José Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi y ex funcionario petrolero ecuatoriano, y el empresario Roberto Barrera fueron detenidos en Estados Unidos en una investigación por lavado de activos. Allá fueron sentenciados.
Con la información revelada por ambos ante los fiscales estadounidenses, sus pares ecuatorianos empezaron una investigación que concluyó, según la Fiscalía, que se habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.
En la investigación están vinculados altos funcionarios del gobierno anterior; entre ellos estaba el exsecretario de la Presidencia de la República de Lenín Moreno, José Agusto Briones, quien se suicidó en prisión. Además, estaban implicados varios exfuncionarios de Petroecuador y empresarios privados que habrían participado de la trama ilegal.
