Seis personas fueron retenidas con fines investigativos en un operativo policial hecho el 17 junio de 2021 en el Consejo de la Judicatura de Guayas. La Fiscalía dijo en su cuenta de Twitter que las retenciones y varios allanamientos se hicieron “en el marco de una presunta interceptación ilegal de datos en la Función Judicial del Guayas para alterar sorteos” de causas; es decir, la Fiscalía investiga una presunta red para amañar y arreglar los sorteos judiciales.
Cuando una persona presenta una demanda o un pedido de la Fiscalía es remitido a la Función Judicial, un sistema informático hace un sorteo para asignar qué juez debe conocer la causa y resolverla. El sistema, se supone, asigna de forma aleatoria e imparcial al juzgador. Pero la Fiscalía sospecha que hay un concierto ilegítimo para vulnerar las seguridades del sistema y lograr que determinadas causas lleguen donde determinados jueces.
En el operativo del 17 de junio de 2021, la Fiscalía retuvo a 4 funcionarios y otras 2 personas por presunta intercepción ilegal de datos en el Consejo. Hasta el momento la Fiscalía no ha dado más detalles de las causas que presuntamente fueron asignadas irregularmente ni de los funcionarios que fueron retenidos.
Hoy, la Fiscalía anunció que un juez de delitos flagrantes negó el “acto urgente” con el que la Fiscalía pidió que se detenga a los 4 funcionarios retenidos ayer. La abogada penalista Gisella Vaca dice que un acto urgente es una medida administrativa —que debe ser formulado por un fiscal de actuaciones administrativas— para precautelar evidencia. “No debe ser utilizada para solicitar la detención de una persona, pero sí un allanamiento”, explica Vaca, quien, además, dice que esta petición se hace antes de que haya una investigación previa o una denuncia.
La retención de una persona se hace por prevención. Según el COIP, los fiscales tienen la atribución de impedir que las “personas cuya información sea necesaria, se ausenten de un lugar”. Puede durar máximo 8 horas, tras las cuales la Fiscalía debe pedir que sean detenidas para fines investigativos.
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Para detenerla tras la retención, se necesita una orden judicial. La detención con fines investigativos se da porque la Fiscalía necesita que la persona detenida aporte con elementos para su investigación.
En el caso de los sorteos judiciales, la Fiscalía pidió una orden para detener con fines investigativos a los 4 funcionarios del Consejo de la Judicatura que estarían involucrados en el presunto delito de intercepción ilegal de datos en el sorteo de causas. Sin embargo, el juez lo negó. La Fiscalía no dijo por qué el juez negó su pedido.
Incluso con la orden del juez, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que ninguna persona puede estar detenida por más de 24 horas para fines investigativos sin que se le formulen cargos —es decir, que se le inicie una instrucción fiscal. En esa etapa, la Fiscalía puede pedir medidas cautelares contra los procesados; entre ellas, la prisión preventiva (aunque esta debería ser usada como recurso de última instancia, en el Ecuador es usada como regla general, lo cual ha causado una sobrepoblación en las cárceles del país, explican los expertos).
María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, dijo que el 22 de febrero de 2020 (hace 16 meses) el Consejo presentó una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de manipulación de sorteos de causas en Guayas. En una publicación en su cuenta de Twitter, Maldonado aseguró que no tolerarán “ningún acto de corrupción”. Además, dijo que trabajará “coordinadamente” con la Fiscalía y otras autoridades para sancionar a los responsables.
El COIP dice que la intercepción ilegal de datos se comete cuando:
- Se intercepta una transmisión de datos para obtener información sin una orden judicial y se lo hace en provecho suyo o de un tercero.
- Se altera un sitio web de confianza para inducir a una persona a entrar a una dirección web a la que no quiere acceder.
- Se clone información de las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito y débito,
- Además, cuando se falsifique sistemas informáticos o dispositivos electrónicos destinados a la falsificación de esos documentos.
Este delito es penado con cárcel de 3 a 5 años.
Ayer, la Fiscalía hizo dos allanamientos en Guayaquil como parte de la investigación previa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito cometido por una funcionaria del Consejo de la Judicatura de Guayas. Según la entidad, se allanó la casa de la funcionaria y su oficina. Además, dijo que se decomisaron equipos electrónicos, “dispositivos de almacenamiento” y documentación relacionada con la presunta infracción. La Fiscalía no ha confirmado si los dos casos están relacionados.
