Hoy, 14 de junio de 2021, día en que debía instalarse la audiencia para resolver el pedido de revocatoria de la prisión preventiva en contra del contralor subrogante Pablo Celi (uno de los trece procesados del caso Las Torres), la fiscal Diana Salazar advirtió en su cuenta de Twitter de supuestas presiones en el caso. El Presidente de la República, Guillermo Lasso, reaccionó públicamente a la declaración de Salazar.
“Mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable.”, dijo Salazar, sin decir a qué o a quiénes se refería.
Tras la publicación de ese tuit dijo también que por un “percance” en su salud solicitó el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Celi, prevista para hoy a las 11:00. Según dijo lo hizo porque quiere ser ella quien atienda la diligencia personalmente. Salazar dijo también que espera que “ la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones”, refiriéndose a Celi que se ha mantenido en el cargo de Contralor General Subrogante —puesto que ostenta desde que Carlos Pólit abandonó el país y renunció al cargo, en junio de 2017.
Salazar finalizó su hilo de Twitter diciendo que “no cuenten” con ella para “torcer la justicia”, dijo que no le le “debe favores a nadie” y que bajo ninguna circunstancia los procesados deberían contar con privilegios. “Mucho menos si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano”, concluyó. A este último mensaje respondió el presidente de la república, Guillermo Lasso, cinco horas después, con otro tuit en el que le pidió que precise si algún funcionario de su Gobierno “ha ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia”.
Una hora después, Diana Salzar respondió el tuit de Lasso. “Presidente, es legítima su preocupación pero no son funcionarios de su Gobierno, sino exautoridades y personal de otras funciones y «ciudadanos ilustres», quienes han querido incidir en favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo C.”, dijo.
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Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, dijo a los medios de comunicación tras la cancelación de la audiencia que espera que los tuits que Salazar publicó hoy “no corresponden al caso Las Torres”. Además, que en caso de que se refiera a su cliente debería dar a conocer a la opinión pública los actos a los que se está refiriendo.
El caso llamado Las Torres, por el que está procesado Pablo Celi, se refiere a la investigación realizada por parte de la Fiscalía por delincuencia organizada en la que solicitó a la empresa Nolimit 13 millones de dólares para desvanecer cinco glosas vinculadas a contratos con la petrolera estatal Petroecuador.
El 9 de junio, el contralor Pablo Celi fue trasladado desde la Cárcel 4 de Quito al hospital Eugenio Espejo, ubicado en el centro norte de la ciudad por presentar síntomas asociados al covid-19. Ese mismo día su abogado, por medio de un oficio al director del Centro de Rehabilitación de la Cárcel 4 pidió que el contralor Pablo Celi sea trasladado al centro de salud Novaclinica “porque el hospital Eugenio Espejo no tiene los insumos médicos ni los medicamentos para tratar al contralor” y se pone en riesgo su vida. En el documento se detalla que los gastos médicos serán cubiertos por su seguro de salud, por lo que no representaría un gasto para el Estado. Sin embargo, el aún contralor no ha sido trasladado hacia la clínica solicitada por su defensa.
Celi está detenido por ser uno de los trece procesados por el delito de delincuencia organizada y uno de los principales cabecillas en el caso Las Torres, en el que se habría exigido sobornos a una empresa a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría.