Quito cómo vamos y GK

El 12 de diciembre de 2014, el entonces alcalde de Quito, Mauricio Rodas, aprobó una resolución con la que el gobierno abierto empezó a funcionar en la ciudad. En ella, se delegó a la Secretaría General de Planificación “la elaboración e implementación de las políticas, estándares, protocolos, programas y proyectos (…) con el fin de garantizar que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito sea un Gobierno Abierto.” La delegación incluyó además que se formulen políticas públicas  sustentadas en 3 pilares: transparencia, participación y colaboración.

En 2015, el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial fijó como meta que “para el 2019 el Municipio (…) contará con un portal de gobierno abierto como mecanismo de transparencia, rendición de cuentas, información social y trámites ciudadanos.” Este objetivo se cumplió y en octubre de 2018 empezó a funcionar esta plataforma. 

Posteriormente, a finales de 2016, la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto —uno de los grupos asesores conformados por concejalas y concejales cuya función principal es realizar el trabajo previo de las decisiones que toma el Concejo en pleno—  empezó a construir la ordenanza para el gobierno abierto. En este proceso de la comisión que estaba presidida por la concejala Daniela Chacón, se activó por primera vez el mecanismo de participación ciudadana de silla vacía en la ciudad, a través del cual la ciudadanía participa de un proceso normativo, con voz y voto. La “silla” fue ocupada por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, representada por Marcelo Espinel. Casi un año después, en septiembre de 2017 la ordenanza fue aprobada por unanimidad.

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Así, Quito se convirtió en la primera ciudad del país en ingresar al universo del gobierno abierto, incluso antes de que Ecuador, como país, se incorpore formalmente a la iniciativa mundial sobre este tema.

Aunque el término podría resultar intuitivo, para la gran mayoría de ciudadanos, el concepto de gobierno abierto no es familiar. Esto a pesar de que  hay prácticas de gobierno abierto que se han implementado históricamente en el país, mucho antes de que se formalice el término. La definición más sencilla es que es un cambio en la gestión pública que, rompiendo el concepto tradicional de la burocracia de escritorio, pone al ciudadano como eje de los procesos de toma de decisiones. De esta manera se supera la visión unilateral – la del funcionario público o la autoridad – en la búsqueda de soluciones a los problemas de la ciudad, y se abre espacio a que, de manera conjunta y con la intervención de los ciudadanos, se trabaje colectivamente.

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En el caso de Quito, esta manera de trabajo se fundamenta en tres pilares: transparencia, participación y colaboración.

Transparencia

La transparencia no solo busca garantizar el derecho de acceso a la información pública atendiendo las solicitudes que pueden llegar desde la ciudadanía, sino propone entregar permanentemente información y datos, por el principio de transparencia activa. 

Según la edición 2020 del Índice de Transparencia Activa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el Municipio tiene un retroceso en esta materia. Durante varios meses de 2020, la información que se puso a disposición de los quiteños fue incompleta. Faltó, por ejemplo, los formularios o formatos para presentar solicitudes o información sobre los mecanismos de rendición de cuentas. Esta carencia se evidenció también en el Informe de Calidad de Vida de Quito Cómo Vamos —una iniciativa iniciativa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida en Quito— en el que se identificó que existe un “declive en el cumplimento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre la publicación de información”. El informe concluyó que “es fundamental que el Municipio mantenga actualizada esta información mínima sobre su gestión.”

La transparencia es clave porque a partir de ella, una administración municipal pone a disposición de los ciudadanos información que les permite participar en los asuntos públicos.

Participación Ciudadana

En gobierno abierto, la participación ciudadana permite que el ciudadano ocupe el rol protagónico en los procesos de toma de decisiones.

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Desde 2016 Quito tiene una ordenanza metropolitana que promueve y regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social. A través de esta ordenanza se ratifican los mecanismos y herramientas de participación que están en la Constitución y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para fortalecer la democracia participativa a nivel local. El documento establece el compromiso de los ciudadanos para involucrarse y participar de la gestión municipal “a través de la deliberación colectiva de sus problemas y necesidades, ejerciendo la participación ciudadana a fin de que la toma de decisiones, planificación y gestión de la ciudad se construya de manera conjunta.” Esta norma regula, además, los instrumentos de acceso a la información y el gobierno y democracia digital (el uso de mecanismos tecnológicos para la generación de espacios de diálogo, participación y toma de decisiones).

En el Informe de Calidad de Vida de Quito Cómo Vamos se determina que “según el portal de Gobierno Abierto de Quito, hasta 2019, en la ciudad se implementaron nueve de los dieciocho mecanismos de participación ciudadana y control social contemplados”. Según el informe, de los mecanismos regulados en la ordenanza se implementaron consejos consultivos, silla vacía y asambleas (ya sean barriales, parroquiales, zonales y la Asamblea de la ciudad). Sobre los mecanismos de control social, dice el informe, se tiene registro de los instrumentos de rendición de cuentas. “Además, se mantienen los procesos de presupuestos participativos y de acceso a la información, gobierno y democracia digital.”, dice el documento de Quito Cómo Vamos.

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2020 de Quito Cómo Vamos, realizada por Cedatos, también arrojó resultados, en este caso no fueron alentadores. Apenas el 13% de los quiteños encuestados afirmaron haber participado en grupos, comités u organizaciones; de ellos, más de la mitad lo hizo en comités barriales, grupos, clubes o asociaciones culturales, espacios no necesariamente asociados a la lucha contra la corrupción.

Colaboración

La colaboración se refiere a la suma de esfuerzos entre los distintos actores y sectores para, sobre la base de la transparencia y la participación, solucionar los problemas de la ciudad. Este es quizá el componente menos activado en cuanto al gobierno abierto en Quito, pues los ciudadanos han adoptado una posición cómoda, esperando que la administración atienda, por sí sola, todas sus necesidades. Incluso la minga —una figura ancestral basada en la colaboración en la que se suman esfuerzos y recursos para realizar obras o atender necesidades urgentes de un barrio o una comunidad— ha entrado en desuso en los últimos años.

El trabajo conjunto entre sociedad civil, academia, sector privado y función pública es fundamental para articular acciones y recursos en beneficio de la ciudad. Quito Cómo Vamos es un claro ejemplo de colaboración ya que es una iniciativa multisectorial que busca mejorar la calidad de vida de los quiteños a través de fortalecer las políticas públicas sobre la base de información y datos. 

El reto en presente y a futuro

Si bien por varios años Quito trabajó en promover el gobierno abierto, no fue sino hasta octubre de 2020 que formalmente se incorporó a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) —una iniciativa mundial que promueve los principios de gobierno abierto y agrupa a gobiernos nacionales y locales. Pero ser miembro de OGP no basta. La voluntad política tampoco. Hay debilidades en los pilares de transparencia, participación y colaboración, que deben ser atendidas de manera urgente para tener una mejor ciudad.

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2020 de Quito Cómo Vamos revela que un 65% de los habitantes de Quito consideró que la ciudad iba por mal camino. Además de identificar a la inseguridad y a la pandemia de covid-19 como los principales problemas de la ciudad, los encuestados ubicaron en tercer lugar a la corrupción de los funcionarios o de los servidores públicos, por encima del desempleo o de la situación del transporte público. 

¿Es posible al menos combatir la corrupción mediante el gobierno abierto? Sin duda que fortaleciendo la transparencia, la participación y la colaboración, podemos lograrlo.