En la provincia septentrional del Carchi, cerca del sinuoso río Mira, operaba un laboratorio de refinamiento de cocaína que el 10 de mayo de 2021 fue identificado y desmantelado en un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía ecuatorianos. Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado, en el sitio se producían al menos tres toneladas de cocaína cada mes. 

Es la más reciente evidencia de la presencia del narcotráfico trasnacional en el Ecuador, un país considerado históricamente como una neural ruta de despacho de la droga. 

El 6 de marzo de 2021, otro laboratorio de procesamiento de cocaína fue encontrado al otro extremo de la frontera, en la provincia amazónica —y también fronteriza con Colombia— de Sucumbíos. En el lugar, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas encontraron, además, una plantación de una hectárea y media de coca con diez mil plantas de entre 1 y 30 centímetros. Las plantas fueron destruidas. 

Tres días antes, la Policía del Ecuador había evitado que una avioneta que llevaba 400 kilos de cocaína despegara desde la pequeña comuna playera de Manglaralto, en la provincia de Santa Elena, mucha más al sur de los sitios donde los dos laboratorios de cocaína fueron hallados. En el país, un kilo de cocaína puede costar menos de 3000 dólares, pero en mercados internacionales como Nueva York, se cotiza diez veces más caro. 

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Aún así, el precio que se paga en el Ecuador resulta demasiado seductor para un país que vive una de las crisis económicas más severas de los últimos 15 años —agravada por la pandemia del covid-19. Esto ha hecho que muchos campesinos y pescadores empobrecidos hayan regresado a ver a la ilícita industria de la cocaína —manejada en el país por peligrosas organizaciones criminales como Los Choneros, vinculadas a los grandes carteles mexicanos— como una salida para su precaria situación financiera. Entre 2013 y 2017, según las Naciones Unidas, el cultivo de coca se duplicó en América Latina.

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La proliferación de los laboratorios clandestinos de cocaína responden al cambio de esa dinámica en el país. En el Ecuador no suelen existir este tipo de instalaciones, pues el país ha sido considerado una vía de exportación de la cocaína que se procesa en Perú y Colombia: según un reportaje de la organización InSight Crime, más de un tercio de la producción de cocaína en Colombia llega actualmente a Ecuador por dos vías: la ruta del Pacífico, que se produce en el departamento colombiano de Nariño, y la amazónica, que transporta la droga que se produce en el Putumayo. 

Sin embargo, la dinámica del comercio regional de la cocaína ha cambiado en la última década y las plantaciones en suelo ecuatoriano han aumentado —por ende, sus laboratorios de procesamiento también. Según un estudio de los investigadores Renato Rivera-Rhon y Carlos Bravo-Grijalva, en el país hay ya 700 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca en todas las provincias fronterizas con Colombia: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Según Rivera-Rhon y Bravo-Grijalva “las múltiples rutas de abastecimiento desde Colombia, así como las disputas territoriales y el incremento de la violencia desde 2015 a 2019 hacen del Ecuador un territorio ideal para la economía global del crimen organizado”. 

Laboratorios como el desmantelado el 10 de mayo de 2021 en Carchi suelen ser operados por bandas delincuenciales locales, que son subcontratadas por los grandes carteles que, a diferencia de las décadas de 1980 y 1990, ya no operan directamente los laboratorios. Aunque sus procesos están tecnificados a niveles de precisión científica, centros de producción como los encontrados en el Ecuador suelen ser estructuras simples de madera y plástico, lo que permite que sean fácilmente desmontables y, también, abandonables.