El proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza fue presentado el pasado 13 de abril por el Ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, y la Comandanta General de la Policía, Tanya Varela en la Asamblea Nacional. Días después, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de ley para su trámite en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea.

Ricardo Camacho, analista de seguridad, dice que en el tema del uso progresivo de la fuerza no puede haber cosas nuevas porque tiene que estar basado en los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, adoptado en el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, en 1990. Ese es, precisamente, uno de los antecedentes que se menciona en el Proyecto de Ley.

Para el analista en seguridad, la importancia de que exista una ley del uso progresivo de la fuerza es que obliga a las partes cumplir con lo que dice. Además, dice que antes de que se presentara el proyecto de ley, había un reglamento para uso progresivo de la fuerza, emitido mediante acuerdo ministerial en mayo de 2020. Pero, enfatiza, que era necesario una ley que regule a la policía. “Debe quedar claro en el concepto de ley que los policías no pueden salirse de este marco legal”, explica Camacho.

El proyecto de ley tiene por objeto regular el uso de la fuerza de la Policía Nacional y de todas las entidades de seguridad ecuatorianas, incluyendo las policías municipales, metropolitanas, de tránsito, entre otros. Sin embargo, el uso de la fuerza se hará bajo “los parámetros de irrestricta protección y respeto al ejercicio de los derechos humanos, a fin de evitar una amenaza mayor”, dice el proyecto de ley. 

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El uso de la fuerza regirá por el principio de proporcionalidad, dice el artículo 6 de la ley. Esto quiere decir que deberá existir un equilibrio entre la gravedad de la amenaza y la fuerza empleada. Entre los puntos que se deberá tomar en cuenta a la hora de considerar la proporcionalidad del uso de la fuerza está  la peligrosidad, riesgo y la amenaza, las consideraciones del entorno y los medios que disponga el servidor para abordar un evento.

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Según el artículo 3, la Policía Nacional aplicará el uso progresivo de la fuerza para neutralizar y reducir “el nivel de amenaza, riesgo, resistencia, agresión y/o ataque, de uno o más personas”. Antes de incurrir en el uso de la fuerza, dice la ley, la Policía deberá usar  medios de disuasión y conciliación a través del diálogo, por ejemplo. 

En el proyecto de ley también se contempla seis niveles de uso de la fuerza por parte de la Policía ante multitudes. El primer nivel consiste en el control de multitudes mediante mensajes disuasivos para prevenir una presunta infracción. El segundo consiste en la verbalización, que es comunicarse a través de las técnicas de mediación o negociación para la resolución de un conflicto con la multitud. Un tercer nivel es el llamado control de contacto, que implica el uso de técnicas de control o la utilización de animales de adiestramiento humano, con el propósito de disuadir a la multitud. 

El cuarto nivel del uso de la fuerza tiene que ver con el “control físico antidisturbios”, que es ejecución de técnicas de control físico, reducción, traslado e inmovilización de las personas, que hayan mostrado resistencia o agresiones. Le sigue el uso de la “fuerza no letal antidisturbios”, que es el uso de las armas, municiones no letales, equipos de protección, entre otros, “con la finalidad de neutralizar la amenaza”. El sexto y último nivel es el de la “fuerza potencial letal en el contexto de una multitud”, que es la utilización de armas, tecnologías y munición letal. Este nivel de uso de la fuerza se usa, dice el proyecto de ley, cuando personas dentro de una multitud “generan acciones que puedan causar lesiones graves o muerte a otras personas”.

Ahora, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea deberá analizar lo que dice el proyecto para que vaya a primer debate. Pero, será la nueva Asamblea Nacional decidir si aprueba o no el proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza.