Hoy, martes 13 de abril, el Ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para el Uso Progresivo y Racional de la Fuerza. En la entrega también estuvo presente la Comandanta General de la Policía, Tanya Varela.
Según Martínez, el proyecto de ley busca regular las acciones de la Policía, generando certezas y tranquilidad para que los policías sepan cuándo tienen que hacer usar la fuerza y en qué grado. “Entendiendo que hay un instrumento que va a defender la actuación de los policías cuando alguien argumente que se ha transgredido el uso racional y progresivo de la fuerza”, explicó el Ministro.
Además, dijo Martínez, permitirá que los “jueces puedan hacer una correcta evaluación del accionar policial”. Martínez también dijo que en el proyecto de ley presentado se contempla la capacitación sobre el uso racional de la fuerza. “Obviamente debe ir creciendo en grados dependiendo de la necesidad, dependiendo de lo que está enfrentando en ese momento y cómo debe de actuar con firmeza para poder salvar la vida de un ciudadano incluso para proteger su propia vida”, dijo el Ministro de Gobierno.
El uso progresivo de la fuerza, dice el Ministerio de Gobierno, es un concepto que permite a las agencias policiales racionalizar la forma en que controlan una situación en la que hay disturbios o la posible comisión de un delito. La primera medida del uso racional de la fuerza es la presencia policial, luego la verbalización de una orden, después, la utilización de medios de neutralización no letales (como el gas pimienta). Finalmente, se debe recurrir a medios letales (como armas de fuego), pero debe hacerse procurando ocasionar el menor daño posible al presunto infractor. Por su parte, el uso racional de la fuerza ordena que las acciones ejecutadas estén fundadas en evitar la consumación de un delito o una infracción.
Tanya Varela, recientemente designada Comandante General de la Policía (y primera mujer en ocupar el cargo), dijo que los organismos internacionales recomiendan a los Estados regular de manera adecuada el empleo de la fuerza. También dijo que la ley regirá para todas las entidades de seguridad ecuatorianas, incluyendo las policías municipales y metropolitanas (que dependen de los gobiernos autónomos de cada ciudad).
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, reconoció la urgencia de este proyecto de ley. Sin embargo, explicó que el proyecto no será aprobado ni entrará en vigencia en este periodo legislativo, pues en poco más de un mes se posicionará tanto la nueva Asamblea (electa el 7 de febrero pasado) y el próximo presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, quien gobernará el país entre 2021 y 2025.
Litardo también dijo que la próxima semana ya estará calificado el proyecto por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que apenas esté instalada la nueva Asamblea, se le dé tratamiento y “darle la celeridad del caso” pues debe considerar un “proyecto prioritario” en el próximo período legislativo.
