Hoy, el juez de garantías penales de Babahoyo, Juan Carlos Aguiar, suspendió provisionalmente la resolución que destituye al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. La decisión de cesar a Murillo —hoy revocada por Aguiar— fue tomada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el pasado 23 de abril.
Ese día, los consejeros Sofía Almeida, Juan Dávalos, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira resolvieron removerlo de sus funciones. Un día después de la decisión, Fausto Murillo presentó una medida cautelar —que es un recurso legal que se usa para evitar que se vulneren derechos—. El juez Carlos Aguiar acogió la medida y dispuso al pleno del CPCCS y a la Contraloría General del Estado la suspensión de cualquier acto administrativo en contra de Murillo.
La destitución de Fausto Murillo se hizo por pedido del Ministro de Trabajo, Andrés Isch. Según el Ministro, Murillo está “impedido legalmente” de ejercer cualquier cargo público. Esto porque, según Isch, tras trabajar más de 25 años en varias instituciones del sector público—como la ex Corte Suprema de Justicia donde trabajó desde 1987 hasta 2004—recibió 30 mil dólares por su renuncia y que para ocupar el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura no tenía que haber recibido una indemnización.
Según el artículo 14 de la Ley de Servicio Público (Losep), las personas que fueron indemnizadas o compensadas por renuncia voluntaria, pueden reingresar al servicio público solo a cargos de libre remoción o de nombramiento provisional. Según el Ministro de Trabajo, Murillo tiene un nombramiento de periodo fijo.
La disposición del juez implica que, al menos por ahora, Fausto Murillo seguiría en el cargo de vocal principal del Consejo de la Judicatura. Los consejeros del CPCCS podrían apelar la decisión del juez o de la podría declarar incompetente pues para algunos constitucionalistas como Rafael Oyarte, Aguiar no tenía la competencia para decidir sobre la destitución de Murillo pues él ejerce y lo destituyen en Quito, no en Babahoyo.
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En enero de 2019 Murillo ganó un concurso de oposición y méritos para integrar el Consejo Nacional de la Judicatura. En ese momento, tenía impedimento de contratación del Ministerio de Trabajo, según Isch. Sin embargo, su candidatura no fue impugnada.
El argumento de Fausto Murillo es que los vocales del Consejo de la Judicatura están “fuera de la carrera judicial, tenemos periodo fijo de seis años, y son sujetos a juicio político en la Asamblea Nacional”. Hasta el momento, el Ministro de Trabajo, Andrés Isch no ha dado declaraciones sobre la decisión del juez.
