Hace un año exacto, Ecuador rompió un vergonzoso récord mundial: el 4 de abril de 2020 hubo 856 muertes en el país. Eso es 400% más que en un día promedio de los cuatro años anteriores, cuando era de 60 fallecidos. Dos semanas y media antes de esa trágica fecha, el 16 de marzo de 2020, el gobierno había declarado un estado de excepción para frenar el covid-19. Pero la medida llegaba demasiado tarde —e incluyó decisiones equivocadas— y el resultado, hasta hoy, sigue siendo muy doloroso. Todavía son demasiadas respuestas las que el Estado nos debe a los ecuatorianos y es algo que como sociedad debemos exigir. Y no olvidar.
Este gráfico de Our World in Data, un centro de análisis de datos de la Universidad de Oxford —y que tiene unas anotaciones hechas por investigador Santiago Ron— muestra el vergonzoso pico del país entre todas las naciones que tienen información disponible. El cuadro impacta. Pero más deberían impactarnos las historias que hay detrás de ese pico.
Son historias que varios medios contamos hace un año pero que ahora parecen estar demasiado lejos porque en este año se ha desbordado la tragedia. Son las historias de aquellas personas que tuvieron que convivir con el cuerpo de su familiar fallecido porque no llegaba ninguna institución del Estado a recogerlo. De aquellas que esperaron tanto tiempo a que recogieran un cadáver que el olor de descomposición se volvió insoportable y tuvieron que sacarlo envuelto en una sábada a la vereda. De aquellos que eligieron que su familiar muriera en casa en vez de solo en un hospital. De aquellos que fallecieron porque no pudieron recibir su diálisis a tiempo porque los centros donde solían recibirla estaban cerrados. De aquellos que interrumpieron sus tratamientos para el cáncer porque los hospitales especializados interrumpieron su atención.
Muchas de esas muertes se pudieron evitar si no hubiese colapsado todo el sistema de salud. Otra deuda es que hasta hoy no conocemos todas las causas de muerte de esas 856 personas del 4 de abril de 2020. Hay familias que no saben si su ser querido falleció o no por covid-19 porque nunca pudo hacerse una prueba. Y los ecuatorianos tenemos derecho a saber.
Pero si hay una deuda que va más allá de las estadísticas transparentes y claras es la que tiene el Estado con al menos 100 familias de fallecidos entre finales de marzo e inicios de abril en Guayaquil, cuyos cuerpos todavía no aparecen.
En el departamento de Medicina Legal de la Policía Judicial (PJ) en la ciudad ecuatoriana más golpeada por la pandemia, hay 62 cadáveres que no han sido retirados por sus familiares. Y del otro lado, hay 41 familias que no saben dónde está el cuerpo de su ser querido que murió hace un año. Los cuerpos de la PJ no corresponden a los que las familias buscan. En estos doce meses los dolientes han tenido reconocer a “sus muertos” por la ropa con la que fallecieron, otros han tenido que someterse a pruebas de ADN. Pero ninguna de esas técnicas ha dado resultados. La incómoda verdad es que los 41 cuerpos que hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, padres, madres, hermanas buscan sin éxito estén enterrados en algún cementerio bajo el nombre de otra persona.
Intentar explicar cómo sucedió esto resulta inverosímil y vergonzoso. El resumen más sencillo es que murió tanta gente al mismo tiempo en el país que las instituciones del Estado no pudieron recoger cuando debían los cuerpos de quienes fallecieron en las casas. Tampoco pudieron almacenarlos como era debido porque no existía un protocolo claro para el manejo de los cadáveres. Fue tal la desorganización que hasta las etiquetas que tenían los cuerpos se descompusieron y no hubo manera de reconocerlos.
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La pandemia está lejos de acabarse en el país y las autoridades se enfocan en acciones coyunturales. Ahora mismo en varias provincias hay una segunda ola del virus. Todos los esfuerzos (que tampoco alcanzan) están ahí, en frenar lo que se pueda la transmisión del virus. Ya nadie, salvo los familiares, está pendiente de esos 100 cuerpos que no han sido identificados.
