La madrugada del domingo 21 de febrero —14 días después de las votaciones—, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó los resultados oficiales de las elecciones. En segunda vuelta, se enfrentarán Andrés Arauz de UNES y Guillermo Lasso de CREO, revirtiendo así el anuncio que hizo la Presidenta del CNE, Diana Atamaint, la noche del 7 de febrero que ponía en segundo lugar a Yaku Pérez, de Pachakutik. Esa parece ser ya una costumbre: convocar a sesiones en la noche, empezar con varias horas de retraso y terminarlas de madrugada.
La del domingo, por ejemplo, estaba convocada a las 8 de la noche y empezó cerca de las 11; tres horas después. Hubo otra, ese mismo domingo, convocada para las 10 de la mañana y empezó a las 11:30. En ambas sesiones se discutieron también los pedidos de las organizaciones políticas de revisar actas que ellos consideraban que tenían inconsistencias. Había un pedido de Marlon Santi, de Pachakutik, para que el CNE revisara 434 actas. El CNE aceptó revisar solo 26. Algo similar ocurrió con un pedido de Yaku Pérez: de 72 actas que pedía revisar, apenas se aceptaron 8.
A ambas sesiones acudieron cuatro de los cinco consejeros. Esthela Acero no asistió, pidió un permiso médico desde el 17 de febrero. La decisión de analizar recursos por parte de las organizaciones políticas y proclamar resultados durante la madrugada genera dudas. ¿Por qué el CNE decide abordar un tema que ha tenido en vilo al país —supuestas irregularidades en las actas electorales— en la madrugada de un domingo? Esto se suma a una serie de acciones que el organismo ha llevado a cabo desde el año pasado y que ponen en duda su capacidad de transparencia.
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El martes 16 de febrero, el pleno del CNE también tuvo un encuentro que generó dudas. Los consejeros se reunieron para, supuestamente, aprobar un informe jurídico. Algo que parecía rutinario, en realidad no lo era. Este informe permitiría dar viabilidad al acuerdo político entre Guillermo Lasso, de CREO, y Yaku Pérez, de Pachakutik, los dos candidatos que peleaban por llegar a segunda vuelta en la que se enfrentarán a Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza (UNES). El acuerdo, que ya había tambaleado en los días previos porque los dos candidatos se acusaron entre sí de incumplirlo, terminó de morir en manos de los consejeros del CNE. Cuatro días antes los consejeros habían avalado la reunión entre los dos candidatos y el acuerdo de abrir el 100% de las urnas en Guayas y 50% en 16 otras provincias.
Diana Atamaint y Esthela Acero fueron las únicas dos consejeras —de cinco— que votaron a favor del informe, José Cabrera en contra; Enrique Pita, se abstuvo. Luis Verdezoto no votó; calificó al informe como “un aborto”, propuso que se retirara y se hiciera uno nuevo pero la moción no fue aceptada, entonces se levantó y se fue. La sesión terminó con más incertidumbre de la que empezó.
El acuerdo, que parecía una demostración de madurez política entre dos candidatos en orillas políticas opuestas, finalmente murió en el mismo sitio en el que había nacido. Y con los mismos testigos. Esta es una demostración clara sobre la actuación del CNE en los últimos meses: confusión, opacidad, contradicciones. ¿Qué confianza nos puede dar un organismo cuyos consejeros fueron testigos de un acuerdo —excepto Cabrera, quien se ausentó ese día— y al momento de aprobarlo oficialmente, ya no lo respaldan? ¿Qué pudo haber pasado en cuatro días para que cambiaran de opinión? Si es que el acuerdo no recogía los términos de la conversación entre Lasso y Pérez, como decía Verdezoto, ¿por qué se levantó y se fue, en plena sesión, en lugar de buscar una alternativa que le dé al país alguna certeza?
Esa y la sesión de la madrugada de hoy no ha sido la única duda que impide confiar en el CNE. Y es quizás por eso que según Cedatos, en noviembre de 2020, apenas 8 de cada 100 ecuatorianos confiaban en el organismo electoral. Es comprensible, ¿cómo confiar en una institución que no logra cumplir a cabalidad su trabajo principal de organizar elecciones? No hay mayor demostración de la falta de rigurosidad que la de mandar a imprimir seis millones de papeletas con un logotipo equivocado. El CNE puso el logotipo equivocado de Amigo, la organización que respaldaba la candidatura presidencial de Pedro José Freile y el error le costó al país nueve millones de dólares. Si las impresiones no pueden hacerse bien, ¿cómo confiar que el conteo de votos sí?
Ese no fue el único tropezón en el proceso de organización de las últimas elecciones. Hubo retrasos en las calificaciones de las candidaturas —el último binomio en ser aprobado fue Andrés Arauz-Carlos Rabascall, 22 días antes de que empezara oficialmente la campaña electoral. Esa no fue, sin embargo, la candidatura más polémica y que mayores cuestionamientos implicó al CNE. Fue la del empresario Álvaro Noboa, supuestamente respaldada por Justicia Social, un movimiento lleno de cuestionamientos. Desde agosto de 2019, la organización pendía de un hilo: entre ser eliminada —decisión tomada por el CNE, basándose en las conclusiones de un examen especial de la Contraloría— y mantenerse con via jurídica —decisión tomada por el TCE— y, por lo tanto, participar en elecciones, el péndulo se movió entre los dos organismos electorales. El momento más álgido de la disputa entre el TCE y el CNE llegó cuando un juez del TCE destituyó a la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, y los consejeros Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto porque supuestamente no acataron una sentencia del Tribunal. Esto ocurrió apenas un mes antes de las elecciones. Los consejeros siguieron en funciones —no es una sentencia en firme— pero las dudas alrededor de sus funciones no cesaron.
Ni tampoco los tropiezos. El 25 de enero, menos de dos semanas antes de las elecciones, el CNE difundió los requisitos para la cobertura de los medios y periodistas en el centro de mando, el día de las votaciones. Según el instructivo, los medios digitales no serían acreditados para estar en el centro de mando. No hubo explicaciones para tomar esa decisión, más que considerar que por la pandemia, había que reducir la cantidad de gente permitida. Aunque finalmente GK pudo tener un espacio de cobertura, ¿cómo se explican decisiones así? ¿Es improvisación, desconocimiento o poco interés en ser transparentes?
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Con la proclamación oficial de resultados, terminó de concretarse lo que Diana Atamaint no aclaró la noche del 7 de febrero, cuando, en cadena nacional confirmó los resultados del conteo rápido: que Guillermo Lasso podía estar en segunda vuelta. Según la información que entregó Atamaint aquella noche, Yaku Pérez estaba en segundo lugar, por encima de Lasso, quien estaba en tercero. Lo que Atamaint no dijo es que la diferencia entre Pérez y Lasso podía caer en el margen de error, que había la posibilidad de que, al terminar de procesar las actas, Lasso superara a Pérez. Tampoco hubo una explicación de cómo se estaban contando las actas. Había tres categorías de actas: procesadas, con novedad y por computar. Nadie explicó que las “actas con novedad” podían cambiar el resultado de la segunda vuelta.
Toda esa falta de claridad hizo que el fantasma del fraude empezara a rondar en las cabezas de los electores. No es algo inusual. La confianza en el Consejo Nacional Electoral no tiene mayores antecedentes. En 2017 también se habló de fraude; esa vez era el candidato Guillermo Lasso quien aseguraba que algo no cuadraba bien en la segunda vuelta cuando perdió contra Lenín Moreno. Ahora, el primero en dudar fue Yaku Pérez que además ha anunciado acciones legales después de que no se respetara el acuerdo que le iba a permitir volver a contar los votos en la gran mayoría de provincias.
Con todos esos antecedentes, y una marcha indígena en respaldo a Pérez que deberá llegar a Quito en los próximos días, la poca credibilidad del CNE se ve, nuevamente, golpeada. Bajo esas circunstancias será electo el nuevo Presidente de la República y es inevitable pensar qué pasaría si, en una segunda vuelta, los resultados entre los dos candidatos son tan estrechos como aquellos entre Pérez y Lasso. ¿El CNE habrá tomado las previsiones para evitar que la duda ensombrezca a la democracia? El consejero Enrique Pinta se ha adelantado a decir que no habrá conteo rápido en la segunda vuelta, pero tras todos los tropezones del organismo, las pugnas internas y la falta claridad, eso no será suficiente para que los ciudadanos tengan la certeza de que su elección se verá reflejada en el resultado electoral.
