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La Amazonía abarca casi el 52% del territorio continental del Ecuador, es hogar de 11 nacionalidades indígenas y desde hace medio siglo se ha convertido en la principal fuente de recursos económicos para el país debido a la explotación de los recursos naturales no renovables, principalmente el petróleo. La crisis económica profundizada por la expansión de la pandemia del coronavirus sitúa al Ecuador y sus gobernantes, los actuales y futuros, ante una incómoda encrucijada. Y les plantea una pregunta fundamental: ¿Es posible salir de la crisis sin profundizar el extractivismo ni afectar los derechos humanos y de la naturaleza en la Amazonía?

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Históricamente la forma más sencilla para enfrentar las crisis económicas ha sido profundizar el extractivismo en sus múltiples aristas. Es decir, explotar, transportar, vender y recaudar. Mientras más fuerte ha sido la crisis, la fórmula se ha repetido con un ahínco despiadado. Esta decisión, por supuesto, no considera las consecuencias sobre la naturaleza ni mucho menos a los pueblos indígenas. Mientras más se desarrolla el extractivismo, más crece la presión sobre los ecosistemas amazónicos y por lo tanto los pueblos y nacionalidades ven afectada la garantía de sus derechos humanos, tanto por las empresas como por operadores que actúan de manera ilegal.

El último trimestre del 2020 se perfila muy difícil para la Amazonía y los pueblos que de ella dependen para sobrevivir. La última semana de septiembre se conoció públicamente la desvinculación de aproximadamente 400 personas que trabajaban en distintas tareas del Ministerio de Ambiente y Agua, incluso de los guardaparques. Este no es el primer recorte que el MAAE enfrenta. En junio de 2020 la Secretaría del Agua y el Ministerio de Ambiente (Senagua), que operaban de manera independiente, se fusionaron. Esto ocurrió un año y ocho meses después de que el presidente Lenin Moreno anunciara su intención de hacerlo. Con una reducción de personal en junio, cerca de 11 mil trámites que se encontraban represados en Senagua pasaron al MAE, volviendo cada vez más inoperante a este Ministerio. 

En este complicado momento de debilitamiento institucional se suma la aparición de madereros y “balseros” en los territorios indígenas que buscan acceder a los recursos forestales de estos pueblos. La mayor demanda recae en la balsa, una madera que se compra en la Amazonía y se comercializa en la costa. En los últimos meses el precio para la exportación de esta manera ha aumentado por el incremento de su consumo en China para la fabricación de aerogeneradores, de acuerdo a una publicación del diario El Universo. Es una paradoja: en China se produce “energía limpia” con madera que se deforesta sin control en los espesos bosques amazónicos del Ecuador.

Con estos antecedentes poco alentadores, parecería que el destino del 52% del territorio ecuatoriano está echado al azar, sin una autoridad de control que regule lo que ahí ocurre, con empresas extractivas presionando para obtener permisos y licencias sin tomar en consideración los preceptos constitucionales y legales.

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Luego de casi medio siglo de explotación petrolera en el Ecuador, la realidad no podría ser más desalentadora, las provincias con más desigualdad y pobreza del país son las amazónicas, las nacionalidades indígenas y los habitantes de estos territorios no solamente deben soportar el olvido histórico de los gobiernos en el poder, sino que sufren las consecuencias de un modelo de producción contaminante y miran sin poder hacer nada cómo la justicia falla en su contra, cuando demandan a las empresas responsables de tragedias ambientales. Un ejemplo es el derrame de crudo del pasado 7 de abril, que terminó afectó a más de 150 comunidades kichwa: aproximadamente 27000 indígenas que dependen de la salud de sus ríos para sobrevivir ya no podían pescar ni beber de su ríos. 

Mientras esto ocurre el Estado firma contratos mineros con empresas que no presentan estudios de impacto ambiental actualizados —algunos tienen más de 30 años—, o presentan los de otro proyecto en otro lugar. Se permite la construcción de los diques de relave más grandes del mundo: con 260 metros de altura y aproximadamente dos kilómetros de longitud. La pregunta no es si ocurrirá una tragedia como la de Brumadinho en Brasil, sino cuándo ocurrirá.

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Sin embargo, frente a este escenario poco esperanzador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (Confeniae) en coordinación con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y con el apoyo de Fundación Pachamama, Amazon Watch, The Pachamama Alliance y STAND.EARTH, le apostamos al desarrollo de una idea atípica: planteamos la iniciativa de las Cuencas Sagradas Amazónicas. Esta propuesta, que nace en el corazón del movimiento indígena amazónico del Ecuador y Perú, busca la transición hacia una sociedad post-extractiva en la zona más biodiversa del planeta.


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Concretamente la iniciativa propone la protección permanente de al menos 35 millones de hectáreas en un área que se encuentra en los ríos Napo, Pastaza y Marañón, en donde viven por lo menos 30 pueblos y nacionalidades indígenas. El proyecto ofrece soluciones y respuestas a la emergencia que estamos viviendo para los próximos diez años en torno a salud, educación, soberanía alimentaria, transporte y conectividad, energías renovables, producción sostenible, economías circulares y resilientes, manteniendo los combustibles fósiles bajo tierra. Propone detener la extracción de minerales a gran escala y garantizar la autodeterminación y derechos territoriales de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

Proponemos un debate real sobre el costo de prevenir la próxima pandemia versus el costo de sufrir sus consecuencias. Según una publicación de la revista Science de julio de este año, la protección de la vida silvestre y los bosques a nivel global, equivaldría apenas al 2% del impacto financiero global estimado por la crisis del covid-19. Es claro que la protección de los bosques es la mejor inversión si no queremos sufrir un escenario similar al del primer y segundo trimestre de este 2020.

¿Cuán dispuesto estará el próximo presidente a escuchar alternativas a las industrias extractivas, como estas, que no perjudican a los pueblos indígenas? 

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La cuenca Amazónica incluye el territorio de nueve países, ocho de ellos agrupados en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), una organización regional que involucra a los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela, cuya función principal es establecer políticas públicas regionales enfocadas en la protección y garantía de los Derechos Humanos de los pueblos que habitan en la Amazonía. Además promueve el cuidado y conservación del ecosistema amazónico. 

Esto significa que los problemas que enfrenta este vasto ecosistema no pueden ser atendidos de manera aislada respondiendo la lógica política de cada uno de ellos. Al contrario, la cooperación internacional se convierte por lo tanto en un instrumento fundamental para frenar fenómenos cada vez más incontrolables como los incendios que enfrentan países como Brasil, Bolivia y Perú. Se convierte por lo tanto en un reto para el siguiente gobierno revitalizar una organización que poco ha hecho frente a la emergencia desatada por los incendios, y que podría atender las prioridades que regionalmente este ecosistema demanda de los gobiernos miembros. En el caso ecuatoriano, el foco está en cómo frenar el avance de actividades ilegales en territorios indígenas y de industrias extractivas en territorios de altísima biodiversidad y hogar de pueblos indígenas aislados.

En el Ecuador es claro: las nacionalidades indígenas están hartas del olvido, la contaminación y la pobreza. Solamente este año se han enfrentado contra el Estado en por lo menos cuatro casos. El primero es el derrame de al menos 20 mil barriles de crudo en la cuenca del río Coca y Napo debido a la rotura del OCP, Sote y el poliducto de combustible. Este derrame afectó a indígenas de la nacionalidad kichwa. En este caso la justicia falló contra los afectados quienes han anunciado que apelarán esta sentencia. En septiembre, por el contrario, el sistema de justicia aceptó una acción de protección en favor de la naturaleza planteada por los habitantes de la zona de Íntag por los daños ambientales que podría causar el proyecto minero Llurimagua. En julio del 2019 la nacionalidad waorani ganó al Estado un proceso judicial histórico, imposibilitando la explotación petrolera en aproximadamente 180 mil hectáreas de su territorio, donde se encuentra el Bloque 22.

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En suma, en lo local, el nuevo gobierno deberá enfrentar un sinnúmero de retos que involucran la protección de los territorios indígenas de la Amazonía, al mismo tiempo deberá precautelar la protección y garantía de los Derechos Humanos y de la Naturaleza que en este momento se encuentran en peligro.