Héctor Reyna Vivar, director de la Penitenciaría del Litoral, fue detenido. Así lo informó la Fiscalía General del Estado la noche del 1 de octubre de 2020 a través de su cuenta de Twitter. Reyna era investigado por la Fiscalía. 

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La Fiscalía no ha dado detalles de la detención ni tampoco ha dicho por qué se investiga a Reyna. Preguntamos a autoridades de la institución pero su respuesta fue que no tienen esa información todavía. Solo se sabe que la audiencia de formulación de cargos será en las siguientes horas. Sin embargo, según la página del Consejo de la Judicatura, el director del centro carcelario tiene procesos abiertos por asociación ilícita y delincuencia organizada. La periodista Fabiola Santana, de TC Televisión reportó también que Reyna fue detenido en Guayaquil y trasladado al Cuartel Modelo.

Héctor Reyna asumió la dirección de la Penitenciaría del Litoral el 30 de mayo de 2019 cuando el gobierno decidió remover de su cargo a Alfredo Muñoz. Reyna ya había desempeñado el cargo de director del mismo centro entre 2011 y 2014. La destitución de Muñoz se dio después de que seis presos fallecieran en una revuelta en este centro carcelario, que según el entonces director Muñoz, se originó debido a una venganza interna entre bandas. 

Tres días antes de la fatal revuelta, el 27 de mayo de 2019, tres presos se escaparon del mismo centro penitenciario. Los presos intimidaron con un arma a cuatro guías, colocaron una escalera sobre uno de los muros y huyeron. 

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Sin embargo, estos dos incidentes no fueron aislados, sino parte de una crisis carcelaria a nivel nacional que ha ido en incremento desde enero de 2019. De hecho, el 16 de mayo de 2020, el presidente de la República, Lenín Moreno declaró el estado de excepción en las cárceles de Ecuador a través del decreto ejecutivo 741. 

El objetivo del estado de excepción en los centros penitenciarios, según el decreto, tenía como objetivo cuidar los derechos de las personas privadas de la libertad y atender sus necesidades emergentes. Con esta medida, se movilizó a personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) a las diferentes cárceles del país para controlar el orden y prevenir hechos de violencia. 

En respuesta a la medida del ejecutivo, se reubicó a algunos presos en los centros de privación de libertad en Cuenca, Latacunga, Guayaquil y Portoviejo. En total 90 internos fueron separados y reubicados. El estado de excepción terminó el 15 de agosto de 2019, pero durante los tres meses que estuvo vigente, catorce presos fallecieron en el país en diferentes amotinamientos y enfrentamientos entre bandas. Además hubo más de 40 policías nacionales heridos.

Después del estado de excepción, la violencia en las cárceles continuó. Tan solo un día después, hubo un muerto y tres fugados en la cárcel El Inca, en Quito. 

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En 2020 por la emergencia sanitaria por covid-19, el SNAI resolvió activar directrices internacionales para cuidar el bienestar de las personas privadas de la libertad. En este marco, se planteó considerar la privación de libertad como medida cautelar como último recurso, suspender los traslados por disposiciones judiciales y evitar la privación de libertad de personas mayores o pertenecientes a grupos vulnerables.