Este reportaje es parte de la alianza entre GK y Mongabay Latam
Un informe publicado por Stand.earth y Amazon Watch reveló que varios bancos europeos financian el comercio petrolero de la Amazonía ecuatoriana, poniendo en riesgo millones de hectáreas en las cuencas de los ríos Napo, Pastaza, y Marañón en Ecuador y Perú. La investigación revela que al menos 19 bancos han entregado más de 10 mil millones de dólares en financiamiento al comercio de petróleo —lo que equivale a más de 155 millones de barriles de crudo financiados— entre 2009 y 2019. El asunto es grave pues la extracción de petróleo en la zona, dice el documento, viola los derechos de los pueblos indígenas y amenaza su supervivencia.
El objetivo del informe titulado Bancos europeos que financian el comercio de petróleo amazónico a Estados Unidos es establecer “quiénes son los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas”, dice Sofía Jarrín, asesora de incidencia de Amazon Watch en Ecuador. El tema comenzó como una investigación para conocer la cadena de suministros del comercio de petróleo pero Angeline Robertson, investigadora de Stand.earth y principal autora del informe, se dio cuenta de que los bancos aparecían como consignatarios en los conocimientos de embarque —el documento que garantiza la recepción de una mercancía en un puerto—. “Me pregunté: ¿por qué estos bancos comprarían petróleo de la Amazonía?”, dice Robertson. Por eso continuó investigando.
Lo que hay detrás del petróleo
Robertson se dio cuenta que se trataba de petróleo ecuatoriano por los documentos reportados por la Administración de Información Energética de Estados Unidos sobre compras de crudo extranjero. Stand.earth comparó los datos estadounidenses con la información del petróleo que sale de las Cuencas Sagradas Amazónicas de Ecuador y Perú, como se denomina el territorio de ambos países por donde pasan los principales afluentes del río Amazonas. Al buscar coincidencias entre esas dos fuentes de información, encontraron que varios bancos europeos financiaban la comercialización del petróleo. Robertson dice que tuvieron suerte porque usualmente la información financiera no está disponible abiertamente.
El acceso a esa información permitió que los investigadores encontraran los nombres, los montos y los periodos en los que las entidades financieras europeas contribuyeron al comercio. Encontraron 19 bancos, pero se enfocaron en los seis principales: ING Bélgica, Credit Suisse, UBS y BNP Paribas SA en Ginebra, Suiza; Natixis en París, Francia; y Rabobank en Utrecht, Holanda. Los seis representan el 85% del comercio financiado por banca privada.
Cuando los bancos europeos financian el comercio de petróleo se involucran en el proceso. “Ayudan a construir puentes entre compradores y vendedores que tienen diferentes necesidades, riesgos, horizontes temporales e incentivos”, dice el reporte. A menudo los bancos reciben físicamente el crudo, lo que los obliga a ser consignatarios en documentos de aduana para asegurar que los comerciantes puedan cubrir sus riesgos. Las firmas en esos documentos ayudaron a que los investigadores pudieran rastrear su participación en el comercio de este commodity. Según el estudio, los 155 millones de barriles de petróleo que se extrajeron de la selva amazónica de Ecuador —entre 2009 y 2019— generaron más de 66 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), la misma cantidad que emiten anualmente 17 centrales eléctricas de carbón.
Consecuencias en las comunidades indígenas
Una de las afectaciones más graves de la explotación petrolera en Ecuador, en lo que va de 2020, sucedió el 7 de abril con un derrame que contaminó el río Coca y llegó hasta el río Napo. Se rompieron las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que transportan el petróleo que Ecuador exporta. De acuerdo con el informe de Stand.earth y Amazon Watch, es el peor derrame en la zona de los últimos 15 años e impactó la vida de 120 mil personas, incluyendo 27 mil indígenas.
Obras de reparación del oleoducto dañado que ocasionó el derrame de petróleo. Las obras se llevan a cabo a la altura del parador conocido como «El Reventador» de la via Quito – Lago Agrio. Fotografía de Ivan Castaneira.
Días después, el 29 de abril, varias organizaciones indígenas del Ecuador, asociaciones de Derechos Humanos y la Iglesia Católica presentaron una acción de protección y solicitaron medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano por la contaminación de los ríos que son la fuente de agua y alimentación para la gente de la zona. Desde junio, la audiencia del caso ha sido pospuesta en varias ocasiones. El 18 de agosto el juez que lleva el caso inició la audiencia pero volvió a suspenderla hasta el 1 de septiembre de 2020. Dijo que ese día se dictará sentencia pero lo cierto es que cuatro meses después del derrame, los habitantes de esta región no han sido reparados.
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En el documento final de la investigación sobre el financiamiento de bancos europeos al petróleo ecuatoriano, Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae ), se pregunta si los ejecutivos de los bancos saben del costo real de su financiamiento. “¿Cómo pueden dormir tranquilamente sabiendo que su dinero deja a miles de indígenas sin agua, comida y en condiciones de salud devastadoras por la contaminación de los ríos?”, dice Vargas. El líder indígena afirma que es momento de que los bancos reconozcan el impacto de sus negocios en los territorios afectados y sus consecuencias.
Alicia Guzmán, asesora del programa de Amazonía de Stand.earth, coincide en la importancia de que se conozcan los daños provocados por la actividad petrolera, pero admite que es poco probable que las entidades bancarias estén al tanto. “Sus acciones se dan en Ginebra, frente a un lago, ni se imaginan lo que es un derrame petrolero”, dice Guzmán. Sin embargo, la realidad es que hoy en la Amazonía ecuatoriana hay miles de personas que han visto afectada su principal fuente de sustento debido al petróleo regado en el río.
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Un elemento fundamental del informe es mostrar cómo el dinero entregado para actividades extractivas afecta a los pobladores de las zonas en donde se da la explotación de los recursos. El comercio de petróleo amazónico “ha perpetuado los abusos contra los derechos humanos, empeorado la crisis ambiental y ha afectado los ciclos de precios de los recursos no renovables del país”, dice María Espinoza, coordinadora jurídica de la ONG Amazon Frontlines. Según la abogada, el derrame de abril deja esas consecuencias sociales y ambientales en evidencia, pero también demuestra los alcances de los compromisos comerciales.
Los indígenas ecuatorianos enfrentan múltiples retos. Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confeniae, dice que además de los derrames los indígenas viven con la amenaza inminente de una posible ampliación de la frontera extractiva, lo que pondría en mayor riesgo su calidad de vida. Tapia no descarta que exista una complicidad entre las compañías internacionales y el Estado. Dice que las pruebas de esto son la dilatada audiencia por el derrame en el río Coca, las negativas que han tenido en instancias judiciales, y la insistencia del Estado y las empresas en proyectos de concesiones petroleras en territorios indígenas.
¿Qué dicen los bancos?
Stand.earth y Amazon Watch notaron que los grandes financistas de la extracción petrolera tenían políticas de sostenibilidad ambiental internas. Todos los bancos estaban suscritos a los Principios de Banca Responsable, una iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Además, muchos de ellos se habían comprometido a cumplir los Principios de Ecuador, un documento adoptado por las instituciones financieras para evaluar y gestionar el riesgo ambiental y social de la financiación de proyectos en el país. La investigación detalla cómo los bancos han infringido estos compromisos con su participación en el comercio del crudo, lo que al final incide, según los investigadores, en consecuencias en la calidad de vida y afectaciones al territorio de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana.
Los bancos no se han comunicado directamente con los principales afectados. Según Tapia, “no ha habido ningún tipo de interés en las comunidades” por parte de instituciones privadas —como los bancos— o públicas —como las del gobierno—. El dirigente de Comunicación de Confeniae dice que el primer paso es que se cumplan los compromisos climáticos adquiridos por los bancos a nivel interno o en convenciones internacionales pues, “así ayudarán a mitigar los efectos del cambio climático y los impactos que pueden tener las actividades extractivas”, comenta.
Lo que necesitan, dice Tapia, es una “muestra de voluntad” para enmendar sus errores, que es lo que pretenden los indígenas con la denuncia por el derrame en el río Coca que aún espera una sentencia. Aunque no ha habido comunicación directa, las principales entidades financieras incluidas en el informe han aceptado conversar con Stand.earth y Amazon Watch para trabajar en el cumplimiento de sus políticas.
Rastros de petróleo en el río Napo. Fotografía de Iván Castaneira para Agencia Tegantai.
Parte de la conversación, dice Tyson Miller, director del programa de bosques de Stand.earth, será convencer a los bancos de que no dejen de invertir en una región que lo necesita. Pero, a la vez, insistir en que dicha inversión sea principalmente en planes e iniciativas para balancear el bienestar de los pueblos indígenas y la necesidad de crecimiento económico. Según el informe, los bancos expresaron interés en abordar los problemas ambientales, pero hasta el momento ninguno ha actualizado sus políticas oficialmente.
La primera reunión telefónica entre las organizaciones ambientales y los bancos europeos será el 1 de septiembre de 2020. Miller dice que los primeros movimientos para modificar las políticas de sostenibilidad podrían comenzar dentro de dos o tres meses. El experto asegura que al menos tres de los bancos han demostrado un firme interés en trabajar en sus compromisos ambientales. Miller también espera que una vez los seis bancos principales empiecen a trabajar con las organizaciones ambientales, los otros de la lista los sigan. El experto espera que existan anuncios oficiales para finales de este año o por lo menos que el panorama sea más claro. De no ser así, aclara Miller, se demostraría que las palabras de los banqueros no eran sinceras y deberán exponerlos otra vez.
Solo tres de los bancos contestaron el pedido de información vía correo electrónico de Mongabay Latam. UBS, en Suiza, dijo que “se compromete a mantener los más altos estándares ambientales y sociales” y que tiene conversaciones con las partes interesadas relevantes. Natixis, en Francia, dijo que está “totalmente de acuerdo con la necesidad de que los bancos asuman un papel activo en la protección de los derechos humanos, incluyendo los indígenas” y confirmó que está en conversaciones con Stand.earth y Amazon Watch para abordar las preocupaciones. Por su parte, Credit Suisse, en Suiza, aseguró que los riesgos ambientales y sociales son revisados en un proceso interno y que recientemente creó un área especializada para acelerar los esfuerzos de sostenibilidad en el banco.
Según un comunicado de prensa de Stand.earth, Rabobank —que no respondió a nuestro pedido de información— dejó de financiar el comercio de petróleo amazónico en mayo de 2020. Las preocupaciones planteadas en el informe, según el banco, estaban “en línea con sus políticas ambientales” y por eso optaron por no financiar más la comercialización de petróleo.
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La investigadora principal del informe, Angeline Robertson, dice que el banco holandés Rabobank “lo hace sonar como que fue una resolución basada en sus compromisos de sostenibilidad, pero podría ser una decisión financiera”. En 2020, por el COVID-19, la demanda global del crudo se redujo a un 20% de lo que se da en condiciones normales, el precio llegó a mínimos históricos en abril de 2020 y sigue en riesgo de enfrentar caídas similares en el último trimestre del año.
*Este reportaje fue publicado originalmente en Mongabay Latam
