En abril de 2020, María de los Ángeles Duarte fue sentenciada a ocho años de prisión dentro de la investigación Sobornos 2012-2016, como coautora del delito de cohecho, —cuando un servidor público recibe beneficios económicos indebidos. La sentencia fue ratificada en julio de 2020, pero está en la fase de casación , el último recurso para anular una sentencia judicial. Ni Duarte ni los 20 procesados están en prisión y esperan la decisión de la Corte Nacional de Justicia. El expresidente del Ecuador Rafael Correa es otro de los sentenciados en este caso. Sobre la sentencia contra Duarte, la Fiscalía dijo que “cuando se desempeñaba como funcionaria pública (en dos ministerios distintos) recibió dineros ilícitos”.
Por su parte la Cancillería de Ecuador dijo en un comunicado que Duarte fue procesada y sentenciada en un proceso judicial en el que pudo ejercer su derecho a la defensa y fue juzgada sobre un delito común que determina el Código Integral Penal (COIP) por lo que, dice la cancillería, Duarte no es una “perseguida política”. Además, la cancillería ofrece entregar a Argentina la documentación del proceso para demostrar lo que afirma.
Según, la Convención sobre Asilo Diplomático de la Organización de Estados Americanos de la que Ecuador es parte, un estado tiene derecho de dar asilo, pero “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes”
Pero Duarte no es la única exfuncionaria que ha pedido asilo. Los exasambleístas Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira estuvieron asilados en la embajada de México por tres meses hasta que salieron del país en enero de 2020.
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María de los Ángeles Duarte fue ministra en el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017 por tres ocasiones. Fue ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda entre 2007 y 2009. Luego, fue Ministra de Inclusión Económica y Social. Su último cargo fue el de Ministra de Transporte y Obras Públicas.