Los asambleístas de la Revolución Ciudadana asilados en la embajada de México en Ecuador tomaron un vuelo comercial a la Ciudad de México. Lo anunció, en una rueda de prensa, el canciller del Ecuador, José Valencia. En horas de la mañana del jueves 9 de enero de 2020, Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira abandonaron el país, tras casi tres meses de permanecer en la sede diplomática mexicana, en el centro norte de Quito. 

Los cuatro estaban asilados en la sede diplomática mexicana después de las movilizaciones del paro nacional de octubre de 2019, pues temían que fuesen apresados, según ellos, como parte de una persecución política. 

La primera en tomar refugio en la embajada de México, una complejo de paredes blancas y tejas mediterráneas sobre una de las principales avenida quiteñas, fue la asambleísta Gabriela Rivadeneira, el 12 de octubre, el día de mayor violencia durante el paro. Rivadeneira quien, durante los primeros días de protestas, le pidió al Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, que se activase el mecanismo de la muerte cruzada, que habría permitido cesar al presidente Lenín Moreno, las Asamblea Nacional y adelantar elecciones generales.

La siguieron los asambleístas Luis Fernando Molina, Soledad Buendía, Carlos Viteri y sus cónyuges. Todos pidieron asilo, a pesar de que no tienen procesos judiciales abiertos en su contra.

Después de concedérselo, el gobierno de Manuel López Obrador, hizo un llamado a una salida democrática, pacífica y dialogada de la crisis de octubre. En un comunicado ratificó “su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política”. En México está, también, otro alto funcionario del gobierno de Rafael Correa, Ricardo Patiño.

El canciller Valencia dijo en su brevísima rueda de prensa, en la que no aceptó preguntas de la prensa, que la salida de los asambleístas evidenciaba que “detrás del discurso de persecución política esta un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que hoy son procesados por órganos judiciales independientes”. 

Tras el paro de octubre de 2019, el gobierno de Lenín Moreno ha insistido que los niveles inusitados de violencia que se vivieron fueron promovidos por actores políticos ligados al correísmo, para desestabilizar el orden institucional y facilitar una amnistía en los procesos por corrupción que se iniciaron a altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Hay dos figuras de alto perfil, vinculadas al expresidente, que tienen una investigación fiscal abierta por el delito de rebelión, Paola Pabón y Virgilio Hernández. Además, está encausado Christian González, asesor de Pabón. 

El expresidente Correa y sus partidarios han dicho que todas las investigaciones —tanto por corrupción como por los hechos violentos del paro de octubre— carecen de mérito y son producto de una persecución política.