La Fiscalía presentó el 5 de marzo sus alegatos de cierre en el juicio del caso Sobornos 2012-2016. Han sido trece días de un juicio que se suponía duraría meses, pero que se ha visto acortado por la renuncia a varios testimonios y pruebas hecha por acusadores y acusados. Diana Salazar, Fiscal General de la Nación, acusó a 20 de los 21 procesados (contra uno no lo hizo) como autores del delito de cohecho y pidió que se les condene con la pena máxima —8 años— y que se consideren agravantes para algunos de los procesados. 

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Salazar pidió, también, que los acusados ofrezcan disculpas públicas, que la reparación integral sea de más de 1.130 millones de dólares — el triple de la afectación al Estado— y que se publique la sentencia en la prensa de circulación nacional.

Entre los 20 acusados está el expresidente Rafael Correa. La Fiscalía lo identificó como autor mediato del delito de cohecho “por tener el dominio de la organización y poder absoluto sobre la estructura”, dijo Salazar. En sus alegatos finales, la Fiscal General dijo que el expresidente Correa —que gobernó entre 2007 y 2017— era también “beneficiario de los sobornos”. 

Los ex funcionarios públicos procesados —como el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y la exministra de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte — fueron identificados por la Fiscalía como autores directos del crimen porque gestionaron la recepción de los supuestos sobornos “de forma directa e inmediata” y se habrían beneficiado del dinero recibido, sostuvo Salazar. Los empresarios procesados, según la Fiscalía, ofrecieron y entregaron sobornos “con conciencia y voluntad”.

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La Fiscalía explicó que en el caso de Yamil Massuh, exasesor de María de los Ángeles Duarte, las pruebas presentadas “no alcanzan a desvirtuar el principio de inocencia”. Por eso no presentó una acusación en su contra.

Para Pamela Martínez y Laura Terán, la Fiscal pidió que se se expongan sus casos en una audiencia reservada porque colaboraron con la Fiscalía en la investigación. Los artículos 491 y 493 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) definen los términos de la reducción de la pena de las personas que contribuyan al “esclarecimiento de los hechos investigados” y a la determinación de la responsabilidad de los involucrados, una figura jurídica conocida también como ‘cooperación eficaz’. En este caso, la Fiscalía pidió que se reduzca la pena de Martínez y Terán en un 90%. 

En el caso del empresario Pedro Verduga, “por haber suministrado información relevante para el caso”, la Fiscal pidió “la aplicación de la atenuante trascendental”. Según el artículo 46 del COIP esto permitiría que se le imponga un tercio de la pena de la que le correspondería.

Hay una diferencia sustancial en el valor de la reparación integral. El procurador Íñigo Salvador dice que la reparación al estado debe ser de 23 millones de dólares. La Fiscalía, en cambio, pide una reparación de más de 1.130 millones. La Procuraduría calcula la reparación sobre la base de los supuestos sobornos y la Fiscalía sobre los valores de los contratos que se habrían adjudicado a cambio de los sobornos. 

Según Salazar, durante este juicio “la Fiscalía ha demostrado que se creó una estructura para recibir sobornos, a cambio de otorgar contratos”. La Fiscal confirmó, también, que se iniciarán nuevas investigaciones por nuevos delitos — enriquecimiento ilícito y peculado— que están relacionadas con este caso. 

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Los abogados de la defensa están presentando sus alegatos finales. Cuando terminen, el tribunal dará su resolución oral, determinando si los acusados son responsables de los delitos que la Fiscalía les imputa. Después tiene diez días hábiles —contados desde el pronunciamiento de la resolución oral — para dictar la sentencia escrita. Una vez notificada esta sentencia podrá comenzar el proceso de apelación.