El 5 de agosto de 2020 el juez Juan Carlos Terán dictó prisión preventiva para Jacobo Bucaram Pulley y prohibición de salida del país para Abdalá Bucaram Ortiz, expresidente de la República. Para Bucaram Ortíz, el juez también ordenó su presentación diaria frente a las autoridades y ratificó la orden que le exige usar grillete electrónico.
Estas medidas se tomaron tras la audiencia de formulación de cargos en la que la Fiscalía denunció a los Bucaram de supuestamente traficar, transportar y comercializar bienes culturales. Los artículos fueron encontrados en la residencia del expresidente el pasado 3 de junio, tras un allanamiento realizado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía. El allanamiento se dio como resultado de las investigaciones por supuestas irregularidades en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil durante la pandemia.
Jacobo Bucaram se pronunció con respecto a la orden de prisión a través de su cuenta de Twitter y dijo: “ser un perseguido es un honor, lo asumo con responsabilidad y con valentía”. A través de sus redes sociales el hijo mayor del expresidente ha dicho varias veces que es inocente y asegura que es víctima de una persecución política.
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Originalmente la audiencia de formulación de cargos estaba prevista para el 29 de julio. Sin embargo el abogado Alfredo Arboleda, quien representa al expresidente, solicitó aplazarla porque presentaba síntomas de covid-19, según informó el juez Terán.
Durante el allanamiento del 3 de junio, la Fiscalía encontró 22 artesanías sin justificativo. Según Diario El Universo, 3 de estas son originales y provienen de la cultura Bahía por lo que constituyen patrimonio cultural. Según el artículo 238 del Código Orgánico Penal Integral (COIP), transportar o comercializar bienes del patrimonio cultural es un delito que se sanciona con una condena de entre cinco a siete años de cárcel. Si estos objetos son arqueológicos, la ley dice que se dictará la pena máxima de siete años.
La Fiscalía también encontró un arma de fuego e insumos médicos –cinco mil mascarillas y dos mil pruebas de covid-19– en la residencia del expresidente. El pasado 17 de julio, Abdalá Bucaram Ortiz también fue llamado a juicio por presunto “delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones”. El juez Francisco Mendoza dictó desde ese día su presentación diaria ante las autoridades, su prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico.
Además el 31 de julio, la jueza Gianella Noritz, dictó prisión preventiva para los hermanos Jacobo, Abdalá (Dalo) y Michel Bucaram Pulley por el presunto delito de “asociación ilícita por la venta irregular de insumos médicos en hospitales de Guayaquil”. Al momento se desconoce el paradero de Jacobo Bucaram por lo que la jueza Noritz también pidió a la Policía Nacional “buscar y capturar” a los procesados.
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Según el comandante de la policía Patricio Carrillo, la noche del lunes 3 de agosto se detectó cerca de Samborondón una caravana de vehículos entre los cuales se presume, se encontraba Jacobo Bucaram, “que está siendo requerido por la administración de justicia y tiene boleta de captura”. Aunque la Policía no logró capturar a Jacobo, en la caravana se encontraba el abogado del expresidente, Alfredo Arboleda. Horas más tarde Arboleda denunció por redes sociales que esto no fue un operativo sino un “supuesto intento de secuestro”. Hasta el momento el abogado no ha presentado evidencias que confirmen que esto sea cierto. Por su parte Carrillo dijo que la Policía “no persigue a nadie, lo que hace es buscar a aquellas personas que son requeridas por la administración de justicia”.
