Te explicamos la trama de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales

  • Detienen al asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza por presunta corrupción en el Hospital de Pedernales

    • Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0.

    La  madrugada del 5 de junio de 2020, la Fiscalía General del Estado realizó allanamientos en Portoviejo, Bahía de Caraquéz y Quito. La Fiscalía informó que los allanamientos son parte de las investigaciones por el “presunto delito de delincuencia organizada, relacionados con la estructura de corrupción” en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, un cantón de 62 mil habitantes en la provincia costera de Manabí. Fue la ciudad más afectada por el terremoto de 2016, cuyo epicentro se dio frente a sus costas. 

    Tras los allanamientos, la Fiscalía anunció a través de su cuenta de Twitter, que el asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, fue detenido. También fue arrestado Edmundo Tamayo Silva, director del Servicio de Contratación de Obras (SECOB).  

    El presidente Lenín Moreno reaccionó horas después de los allanamientos. A través de su cuenta de Twitter, Moreno dijo que “solo así se evita la impunidad”. El Presidente nombró a Tamayo como  director del SECOB en agosto del 2019. Por su parte, Mendoza cumple su segundo periodo como asambleísta de Alianza País por Manabí.

    En un boletín de prensa, la Contraloría General del Estado comunicó que emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por irregularidades en contratos. Según el organismo, el Consorcio Pedernales-Manabí––encargado de la construcción del Hospital de Pedernales–– recibió un anticiò de alrededor de 7,3 millones de dólares para la obra, pero hasta el momento la construcción no ha avanzado.

    El 2 de junio en rueda de prensa, la fiscal general Diana Salazar se refirió al caso. Dijo que está en instrucción fiscal pero que no se ha podido avanzar con el proceso porque “se encuentran suspendidos los plazos y los términos por parte la función Judicial”.

    En su cuenta de Twitter, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que las investigaciones por presuntas irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales empezaron hace tres meses. Romo dijo que “hoy se siguen recabando pruebas para dar con la verdad y sancionar a quienes sean responsables.”

    El 14 de mayo de 2020, la Fiscalía realizó un primer operativo con múltiples allanamientos y detenciones. Entre los detenidos estaba Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza. Tras el operativo, la Fiscalía decomisó 1,6 millones de dólares––1.032.529,10 en cheques y 662.191,70 en efectivo.

    Los operativos  de esta mañana se suman a varios allanamientos y detenciones realizados en los últimos días por parte de la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Nacional. Desde este 3 de junio se han realizado más de 37 allanamientos y 17 detenciones en el país.

  • Juez dictó prisión preventiva contra el asambleísta Daniel Mendoza por presunto delito de delincuencia organizada

    • prisión preventiva Daniel Mendoza

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    El juez Marco Rodríguez dictó prisión preventiva por presunto delito de delincuencia organizada contra Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, Edmundo Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras (SECOB) y otros 3 procesados. También dictó arresto domiciliario para una cuarta persona de la tercera edad por presunto el mismo delito. Según la Fiscalía, formarían parte de “una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales”. 

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    Los procesados fueron detenidos la madrugada del 5 de junio de 2020 en un operativo liderado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía que hizo allanamientos en Portoviejo, Bahía de Caraquéz y Quito. Según el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de delincuencia organizada tiene una sanción de siete a diez años de privación de la libertad. Además de la prisión preventiva o el arresto domiciliario, el juez también ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de los procesados y les prohibió enajenar sus bienes. 

    En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal general, Diana Salazar, presentó quince elementos de convicción para justificar la existencia de “una estructura de delincuencia organizada”. Salazar dijo que el asambleísta Mendoza, valiéndose de su cargo, habría “coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí”, incluyendo la construcción del Hospital Básico de Pedernales. 

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    Según Salazar, en los computadores incautados en el Consorcio Pedernales-Manabí, empresa constructora encargada de la construcción del Hospital de Pedernales, se encontraron registros de pagos a funcionarios públicos, entre ellos Mendoza y Tamayo. La Fiscal presentó registros de chats en los que los otros tres procesados se reunían con el asambleísta Mendoza para rendirle cuentas. Y también presentó escuchas telefónicas en las que se detallan las entregas de los cheques y dinero a los procesados. 

    Además, Salazar entregó el informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, que señala las irregularidades en la contratación de la construcción del Hospital de Pedernales. Según la Contraloría, el Consorcio Pedernales-Manabí recibió el 3 de marzo un anticipo de alrededor de 7,3 millones de dólares para la obra, pero hasta el momento la construcción no ha avanzado.

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    Las investigaciones por presuntas irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales empezaron hace tres meses, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en Twitter. El 2 de junio, en una rueda de prensa, Salazar dijo que no se podía avanzar con el proceso porque “se encuentran suspendidos los plazos y los términos por parte de la función Judicial” por la emergencia sanitaria. La Fiscalía, dijo Salazar en la rueda de prensa del 2 de junio, recibió una notificación de la Jueza de Garantías penales de Manabí en la que “conmina a la Fiscalía a detener las diligencias para que no avancemos”. 

    El 14 de mayo de 2020, la Fiscalía realizó un primer operativo con múltiples allanamientos y detenciones de involucrados en el caso. Incluyendo a Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza. En el operativo, la Fiscalía decomisó 1,6 millones de dólares––1.032.529,10 en cheques y 662.191,70 en efectivo.

    El juez Marco Rodríguez anunció el 5 de junio que la instrucción fiscal —la etapa del proceso penal en la que la Fiscalía investiga los hechos que podrían ser los elementos de un posible delito— del caso durará 90 días. 

  • El asambleísta Daniel Mendoza renunció a su cargo irrevocablemente, te explicamos.

    Daniel Mendoza, asambleísta por Manabí, anunció este 1 de julio de 2020 su renuncia irrevocable a su cargo de legislador. Lo hizo durante una comparecencia virtual ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, que investiga las denuncias presentadas contra Mendoza tras su detención el 5 de junio por el presunto delito de delincuencia organizada durante la construcción del Hospital Básico de Pedernales. 

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    En la comparecencia, Mendoza dijo “Lo hago con el mayor sentido patriótico, puesto que estoy más convencido que nunca que el cambio que el Ecuador necesita no se conseguirá siendo parte del sistema”. Mendoza también acusó a la Comisión de llevar este proceso de una manera politizada

    Luego de la renuncia de Mendoza, los integrantes de la Comisión Multipartidista Hector Yépez de  CREO, Xavier Casanova  de Alianza País y Ronny Aleaga de Revolución Ciudadana anunciaron que a pesar de la renuncia de Mendoza la Comisión seguirá con el proceso en su contra y realizará un informe para presentarlo al pleno de la Asamblea. 

    La sesión de la Comisión Multipartidista para investigar a Daniel Mendoza se instaló en la mañana del 1 de julio. Previo a la intervención de Mendoza rindieron su versión la Ministra de Gobierno, María Paula Romo y la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. 

    Durante su comparecencia,  Romo dijo que puede “asegurar que ningún legislador ha tenido injerencia en cómo se administra el presupuesto general del Estado”. A Mendoza la Fiscalía lo investiga por supuesta delincuencia organizada, por irregularidades en un contrato durante la construcción del Hospital Básico de Pedernales, por lo que se presume que tuvo algún tipo de injerencia en el presupuesto. 

    Por su parte, Atamamaint habló principalmente acerca de los movimientos políticos Amigo y Mejor, vinculados al asambleísta. Atamiant desmintió que  Jean Carlos Benavides, —ex asesor de Mendoza en la Asamblea, también detenido por la Fiscalía por este caso de corrupción— fuera el secretario ejecutivo del Movimiento Nacional Amigo o que dicha agrupación se haya inscrito en el CNE  “en un tiempo récord de 15 días”,  según un boletín de prensa de la Asamblea Nacional 

    El Pleno de la Asamblea aprobó la conformación de esta Comisión Multipartidista , el 23 de junio de 2020. Las denuncias de incumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica Legislativa  fueron presentadas por Tanlly Vera  de CREO y Verónica Guevara asambleísta por Revolución Ciudadana. 

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    Mendoza cumple con prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito desde que un juez así lo dictara el 6 de junio en la audiencia de formulación de cargos en su contra. La Fiscal General Diana Salazar presentó 15 elementos de convicción que confirmaban una estructura de delincuencia organizada en la construcción del Hospital Básico de Pedernales. Salazar dijo además que el asambleísta Mendoza  habría “coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí”, incluyendo la construcción de este centro de salud.  

  • El asambleísta Eliseo Azuero es procesado por su presunta participación en una red de corrupción

    • Eliseo Azuero en presunta red de corrupción

      Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0.

    El lunes 13 de julio de 2020, la Fiscalía General del Estado pidió incluir al asambleísta Eliseo Azuero en la instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada, que se sigue contra el también asambleísta Daniel Mendoza y 12 personas más. La noticia sobre la informó la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter

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    La investigación que se sigue en contra del asambleísta Mendoza es por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con una supuesta estructura de corrupción en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, la ciudad más afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016. Tras los allanamientos, la Fiscalía anunció a través de su cuenta de Twitter, que el asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, fue detenido. También fue arrestado Edmundo Tamayo Silva, director del Servicio de Contratación de Obras (SECOB).  

    Eliseo Azuero es asambleísta independiente por la provincia de Sucumbíos. Azuero inició su vida política como diputado nacional en representación de la provincia de Sucumbíos por la Democracia Popular, cargo al que fue elegido en las elecciones de 1990. Para las elecciones seccionales de 2004 se unió al PRIAN y participó como candidato a la prefectura de Sucumbíos, pero quedó en tercer lugar. En las elecciones legislativas de 2006 fue elegido para un nuevo periodo como diputado nacional en representación de Sucumbíos por el PRIAN. En las elecciones de 2017 fue electo como asambleísta bajo la Izquierda Democrática (ID). Pero al poco tiempo anunció su separación del partido para ser asambleísta independiente.

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    La audiencia de formulación de cargos será el viernes 17 de julio en la Corte Nacional de Justicia, dice la Fiscalía. Eliseo Azuero es procesado por presunta red de corrupción, pero hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el tema.

  • Ratifican prisión preventiva contra implicados en presunta corrupción en Hospital de Pedernales

    • La Fiscal General del Estado, ratificó prisión preventiva contra 13 implicados en el caso de corrupción en el Hospital Básico de Pedernales. Algunos son ex funcionarios públicos.

      Fotografía tomada del Flickr del Servicio de Contratación de Obras (SECOB)

    La Fiscalía General del Estado, anunció en  su cuenta de Twitter, que la Fiscal General, Diana Salazar formuló cargos contra el asambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero, Jorge Jalil, ex subdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob),  Jean Carlos Benavides, ex asesor de Daniel Mendoza, y 10 personas más por el delito de delincuencia organizada. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido de la Fiscal. 

    En la audiencia instalada en el edificio de la Corte, en Quito, Salazar solicitó ratificar la prisión preventiva para los 13 procesados, que son investigados por una estructura de corrupción en la construcción del Hospital Básico de Pedernales en la que estaría involucrado, además, el ex asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza. 

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    La construcción del hospital empezó el 6 de marzo de 2020. Sin embargo, fue suspendida debido a la crisis sanitaria. El  17 de junio, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, anunció la terminación del contrato para la construcción del hospital de Pedernales, la ciudad más afectada por el terremoto de 2016, cuyo epicentro se dio frente a sus costas.  Martínez dijo, además, que espera concretar el proyecto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

    Jean Carlos Benavides, ex asesor del asambleísta Mendoza, fue detenido el 15 de mayo de 2020 en Portoviejo. Tenía 1,6 millones de dólares entre efectivo y cheques sin cobrar de una cuenta del consorcio Pedernales-Manabí, que estaba encargado de la construcción del hospital básico. Benavides cumple prisión preventiva desde entonces. 

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    El ex asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza y el ex director del Secob, Edmundo Tamayo, también son procesados por este caso. El 6 de junio, el juez Marco Rodríguez, dictó prisión preventiva para ambos, además prohibió la enajenación de sus bienes y exigió la retención de sus bienes. Mendoza renunció a su curul legislativo el 1 de julio de 2020.

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    El 13 de julio pasado, la Fiscalía pidió vincular al asambleísta de la Bancada de Integración Nacional, Eliseo Azuero, a la instrucción fiscal por delincuencia organizada tras encontrar un supuesto audio entre él y Daniel Mendoza. Azuero negó la existencia de ese audio. Jorge Jalil, subdirector del Secob hasta junio de 2020, es uno de varios ex funcionarios del servicio de contratación estatal  involucrados en el caso de corrupción en el hospital de Pedernales. 

  • La Asamblea Nacional conformará una comisión para investigar al asambleísta Elíseo Azuero

    • Asamblea investigará a Eliseo Azuero

      Fotografía tomada del archivo de la Asamblea Nacional.

    El 3 de agosto de 2020 el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, aprobó el pedido de investigación contra el asambleísta de Sucumbíos, Eliseo Azuero (de la Bancada de Integración Nacional, BIN), por supuesta vinculación en el caso de corrupción en la construcción del Hospital Básico de Pedernales. Según Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, la denuncia contra Azuero fue presentada por la asambleísta Amapola Naranjo, de Revolución Ciudadana  y cumplió con todos los requerimientos formales. 

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    Donoso explicó que tras la aprobación, el Pleno de la Asamblea conformará una comisión multipartidista para investigar y elaborar un informe de las acciones de Azuero. El documento se debe  presentar a la Asamblea en los próximos 10 días para que los legisladores decidan el futuro político de Azuero. 

    Horas antes de que el CAL tomara esta decisión, Azuero envió un comunicado en el que dijo que está siendo “perseguido por su actividad fiscalizadora”. Actualmente Azuero es el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que ha tratado casos como el de Sobornos 2012-2016  —por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Alianza PAIS en esos años— o el juicio político contra el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez.

    El pedido de investigación fue presentado por Naranjo a la Asamblea Nacional el 29 de julio. En un video en su cuenta de Twitter, la asambleísta explicó que su denuncia contiene pruebas sobre el supuesto “reparto de cargos y manejo indebido de fondos públicos” por parte de Azuero.

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    El 17 de julio de 2020 el juez nacional Marco Rodríguez dictó prisión preventiva contra Eliseo Azuero por el presunto delito de delincuencia organizada. Dos días antes de que el juez dicatara la orden, el 15 de julio, Azuero publicó un video en sus redes sociales en el que dijo que estaba en su domicilio y que colaboraría con la justicia a pesar de su “delicado estado de salud”.

    A pesar de que publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que aseguraba que comparecería personalmente ante el juzgado, Azuero no se presentó en la audiencia del 17 de julio. 

    El juez Rodríguez ordenó a la Policía Nacional que lo localizara, pero hasta el 3 de agosto de 2020 no se ha anunciado su captura. 

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    El 13 de julio pasado la Fiscalía General del Estado pidió incluir a Azuero en la instrucción fiscal de la investigación previa sobre las presuntas irregularidades en la construcción del Hospital de Pedernales, en la provincia de Manabí. Por este presunto caso de corrupción también se investiga al exasambleísta Daniel Mendoza, quien cumple prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito desde el 6 de junio pasado. Esto ocurrió después de que la Fiscal General Diana Salazar presentara 15 elementos de convicción que confirmaban una supuesta estructura de delincuencia organizada en la construcción de este hospital.

  • Se abre una investigación previa por supuesta entrega de cargos en hospitales públicos

    • entrega de cargos en hospitales

      Fotografía tomada de la página de la Fiscalía General del Estado.

    La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa sobre un presunto tráfico de influencias en el sector Salud. La investigación se da inicio “con base en investigaciones de Fiscalía, y de acuerdo a la resolución de la Asamblea sobre la supuesta entrega de cargos públicos a cambio de favores políticos en el sector Salud”, dice un comunicado en la cuenta de Twitter de la Fiscalía. 

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    Como parte de la investigación por la supuesta entrega de cargos en hospitales públicos, la Fiscalía pidió a varias instituciones como la Presidencia, la Asamblea y ministerios “la entrega de documentos relacionados”. Además solicitó rendir versión a ciudadanos que han señalado públicamente tener información sobre el presunto delito. Entre ellos a Harrison Salcedo, abogado del asambleísta Eliseo Azuero. 

    La investigación se realiza pocos días después de que se hicieran públicos supuestos chats entre la ministra de Gobierno María Paula Romo y el exasambleísta Daniel Mendoza- procesado por el delito de delincuencia organizada relacionados con la estructura de corrupción” en la construcción del Hospital Básico de Pedernales- donde se vincula a la Ministra en la entrega de cargos en hospitales.

    Tras la publicación de los chats en los que Romo conversa con Mendoza, la Fiscalía emitió un comunicado en donde dijo que el 20 de agosto —es decir, tras la detención de Mendoza, el padre de Mendoza entregó a los fiscales un celular, una grabadora de voz y un USB. Según el comunicado de la Fiscalía, la publicación de sus contenidos “podría incluso invalidarla como prueba”.  Además dijo que este tipo de publicaciones “interfieren” en las investigaciones y “pueden beneficiar a la impunidad”. 

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    Después de la publicación de los supuestos chats donde se revela el mecanismo de la entrega de cargos en hospitales. Romo se pronunció y dijo que sí se comunicó con el exasambleísta Mendoza, pero que, en la publicación difundida en redes no hay evidencia de que haya participado en el reparto de instituciones. “Si eso es lo más grave que Mendoza puede decir de mí, mi caso va muy bien y queda claro que él es el acusado”, dijo la Ministra.

  • El asambleísta Eliseo Azuero presentó su renuncia

    • Eliseo Azuero renuncia

      Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0

    El asambleísta independiente por la provincia amazónica de Sucumbíos, Eliseo Azuero, prófugo de la justicia por el supuesto delito de delincuencia organizada, hizo llegar su renuncia a la Asamblea Nacional. 

    El 8 de septiembre de 2020, a través de una carta, dirigida al presidente de la Asamblea, César Litardo, el ahora exasambleísta dimitió de forma irrevocable a su curul legislativo. 

    En la carta, Azuero alega ser perseguido por su actividad fiscalizadora del “proceso de designación de Jueces de la Corte Nacional de Justicia designados en la época correísta”. 

    Además, calificó como una “revancha” las denuncias presentadas por la asambleísta correista Amapola Naranjo. Según Azuero, las denuncias de Naranjo estarían basadas en rumores y falsedades. 

    En la carta, Azuero también niega haber participado en “el reparto de dineros públicos, ni en gestionar cargos públicos y mucho menos en ofrecer, tramitar, recibir y administrar recursos del Presupuesto General del Estado”. 

    Eliseo Azuero es investigado por el presunto delito de delincuencia organizada que se sigue contra el también asambleísta Daniel Mendoza. Según las indagaciones fiscales, ambos estarían relacionados con una supuesta estructura de corrupción en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, en la provincia de Manabí. Azuero es investigado desde el 13 de julio de 2020, fecha en la que la Fiscalía General del Estado pidió incluir al asambleísta por Sucumbíos en la instrucción fiscal. 

    Azuero también se pronunció sobre la supuesta conversación con el asambleísta Daniel Mendoza, investigado por el presunto delito de delincuencia organizada. Dijo que lo único que existe es una “grabación manipulada puesto que el diálogo que contiene es forjado”. Azuero también dijo que el audio fue obtenido de manera ilegal, sin orden judicial.

    Azuero adujo, además, que la investigación que se está realizando en su contra “está llena de violaciones” al debido proceso. Entre las supuestas violaciones estaría que, según Azuero, no se ha justificado ni probado que haya ofrecido y administrado el Presupuesto General del Estado. Además dijo que el proceso fiscal se encuentra en su primera etapa por lo que que se desconoce el resultado de dicho proceso.

    Además dijo que las acusaciones que se llevan en su contra “no han sido judicializados ni probados por la Fiscalía y mucho menos por la Asambleísta Naranjo”.

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    Sobre la orden de prisión preventiva que pesa en su contra, el exasambleísta sostuvo que no está evitando la cárcel. “Estoy evitando la muerte”, dijo. Además, en su carta de renuncia, dijo sufrir de varias enfermedades como arritmia cardiaca (frecuencias anormales en los latidos del corazón, ya sea demasiado rápidas o demasiado lentas), y asma. Estás condiciones —según Azuero— lo hacen vulnerable a contagiarse de covid-19 por la elevada propagación en las cárceles del coronavirus.

    Hasta el momento, la Asamblea Nacional no se ha pronunciado sobre la renuncia de Eliseo Azuero.

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