El juez Marco Rodríguez dictó prisión preventiva por presunto delito de delincuencia organizada contra Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, Edmundo Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras (SECOB) y otros 3 procesados. También dictó arresto domiciliario para una cuarta persona de la tercera edad por presunto el mismo delito. Según la Fiscalía, formarían parte de “una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales”.
Los procesados fueron detenidos la madrugada del 5 de junio de 2020 en un operativo liderado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía que hizo allanamientos en Portoviejo, Bahía de Caraquéz y Quito. Según el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de delincuencia organizada tiene una sanción de siete a diez años de privación de la libertad. Además de la prisión preventiva o el arresto domiciliario, el juez también ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de los procesados y les prohibió enajenar sus bienes.
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal general, Diana Salazar, presentó quince elementos de convicción para justificar la existencia de “una estructura de delincuencia organizada”. Salazar dijo que el asambleísta Mendoza, valiéndose de su cargo, habría “coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí”, incluyendo la construcción del Hospital Básico de Pedernales.
Según Salazar, en los computadores incautados en el Consorcio Pedernales-Manabí, empresa constructora encargada de la construcción del Hospital de Pedernales, se encontraron registros de pagos a funcionarios públicos, entre ellos Mendoza y Tamayo. La Fiscal presentó registros de chats en los que los otros tres procesados se reunían con el asambleísta Mendoza para rendirle cuentas. Y también presentó escuchas telefónicas en las que se detallan las entregas de los cheques y dinero a los procesados.
Además, Salazar entregó el informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, que señala las irregularidades en la contratación de la construcción del Hospital de Pedernales. Según la Contraloría, el Consorcio Pedernales-Manabí recibió el 3 de marzo un anticipo de alrededor de 7,3 millones de dólares para la obra, pero hasta el momento la construcción no ha avanzado.
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Las investigaciones por presuntas irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales empezaron hace tres meses, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en Twitter. El 2 de junio, en una rueda de prensa, Salazar dijo que no se podía avanzar con el proceso porque “se encuentran suspendidos los plazos y los términos por parte de la función Judicial” por la emergencia sanitaria. La Fiscalía, dijo Salazar en la rueda de prensa del 2 de junio, recibió una notificación de la Jueza de Garantías penales de Manabí en la que “conmina a la Fiscalía a detener las diligencias para que no avancemos”.
El 14 de mayo de 2020, la Fiscalía realizó un primer operativo con múltiples allanamientos y detenciones de involucrados en el caso. Incluyendo a Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza. En el operativo, la Fiscalía decomisó 1,6 millones de dólares––1.032.529,10 en cheques y 662.191,70 en efectivo.
El juez Marco Rodríguez anunció el 5 de junio que la instrucción fiscal —la etapa del proceso penal en la que la Fiscalía investiga los hechos que podrían ser los elementos de un posible delito— del caso durará 90 días.
