La Fiscalía investiga la corrupción en la emergencia sanitaria por el covid-19, te explicamos

  • El expresidente Abdalá Bucaram y el prefecto del Guayas fueron detenidos durante allanamientos de la Fiscalía

    • Abdalá Bucaram fue detenido

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    El expresidente Abdalá Bucaram fue detenido por la posesión de un arma de fuego sin registrar y fue llevado a la Unidad de Flagrancia en Guayaquil, donde será procesado. El arma fue encontrada durante el allanamiento de su casa en Guayaquil, en el marco de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía “por presunto peculado en contrato por insumos médicos al Hospital del Seguro”, según la Fiscalía. En fotos publicadas en la cuenta de Twitter de la Fiscalía, se ven cajas con pruebas de covid-19.

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    La Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado, creada especialmente para investigar delitos de corrupción durante la crisis sanitaria,  hizo 37 allanamientos y detuvo a 17 personas  en  Quito y Guayaquil la madrugada del 3 de junio de 2020. Los allanamientos son parte de las investigaciones por irregularidades en compra de insumos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) y de la Prefectura del Guayas, durante la pandemia.

    La Fiscalía también registró el domicilio del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por supuesto “tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura de Guayas”. El prefecto no estaba en su casa cuando la Fiscalía la allanó. Sin embargo, horas después la Fiscalía confirmó su detención. Morales estaba en una urbanización privada en la vía a Samborondón, cerca de su casa, según informó la Fiscalía.

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    Menos de veinticuatro horas antes, el 2 de junio, el prefecto del Guayas, electo con el respaldo del Partido Social Cristiano, dijo que presentó una denuncia para investigar a varias personas como presuntos involucrados en irregularidades de la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria. En la denuncia realizada el prefecto pidió investigar “inclusive” a dos hijos de su esposa pero se deslindó de la responsabilidad personal en el proceso. La semana pasada, la Fiscalía también allanó la Prefectura del Guayas por presunta compra de insumos médicos con sobreprecio. 

    En Guayaquil, agentes de la Policía y de la Fiscalía también ingresaron a las instalaciones del Hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo para investigar un “presunto delito de delincuencia organizada para compra de insumos médicos”. La Fiscalía allanó áreas administrativas y bodegas en busca de evidencias. Se detuvo a Luis Jairala, exgerente del hospital del IESS en Guayaquil. 

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    La Fiscalía también allanó la casa del hijo de Abdalá Bucaram, Dalo Bucaram. El exlegislador está en Estados Unidos con su familia, pero dijo en Twitter, que no existe “denuncia ni delito alguno”.

    Hubo también operativos en Quito, en uno de ellos se detuvo al gerente de la la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) y a otras cuatro personas por el presunto caso de “sobreprecios en la compra de insumos de bioseguridad” por parte de esta entidad. La Fiscalía detuvo también a Sofía Ruiz Guarderas, asesora del gerente de la EPMAPS y prima del Vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas. 

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    Después de semanas de denuncias de corrupción dentro del Municipio de Quito, el 2 de junio, el alcalde Jorge Yunda denunció en su cuenta de Twitter que las cuentas del Banco Central de la EPMAPS habían sido atacadas. Yunda anunció que puso una denuncia en la Fiscalía por la irregularidad, sin embargo, horas más tarde, el Banco Central respondió que las cuentas están protegidas “con los más altos estándares tecnológicos de seguridad”. Hasta ahora no se conocen los detalles sobre el supuesto hackeo.

    El Gobierno mostró apoyo a las acciones de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía, fue creada el 1 de junio de 2020 por la Fiscal General del Estado, con el fin de investigar casos de corrupción en el contexto de la crisis sanitaria.

    El presidente Moreno dijo en Twitter  el 3 de junio que, “la labor de la Fiscalía cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer a la corrupción es combatirla”.

  • Tráfico de influencias, peculado y delincuencia organizada son los presuntos delitos que investiga la Fiscalía tras allanamientos

    • Fiscalía investiga peculado

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    El arresto del expresidente Abdalá Bucaram no se dio únicamente por el arma de fuego sin registro que se encontró en su domicilio durante los allanamientos, según la fiscal General, Diana Salazar. En una rueda de prensa el 3 de junio de 2020 Salazar, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, resumieron los avances de los 37 allanamientos y 17 arrestos realizados de la mañana. 

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    Salazar explicó que en la casa de Bucaram se encontraron  “gran cantidad de insumos médicos”,  incluyendo cinco mil mascarillas y dos mil pruebas de covid-19. Estos insumos, según la Fiscal, coinciden con los que están siendo investigados en el caso de sobreprecios en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo.“Estos son los primeros resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta que hemos conformado para combatir la corrupción durante la emergencia. Las acciones se siguen ejecutando con el apoyo de la Policía Nacional”, dijo Salazar.

    La Fiscal dijo también que los delitos que se investigan en Quito y Guayaquil son supuesto  peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada. Dijo que por el momento no puede dar más información dado que todavía están “terminado de practicar todas estas diligencias, receptando versiones y una vez con el resultado de las respectivas audiencias volveremos a dar más detalles”.

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    Yanina Villagómez dio detalles de los allanamientos en Guayas. Dijo que el caso de peculado que se investiga en el hospital del IESS “bordea los 12 millones de dólares”. Además, Villagómez dijo que la detención de Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, se da en el marco de las investigaciones del caso de tráfico de influencias dentro de esta prefectura. 

    En la prefectura del Guayas se investigan denuncias por presuntos sobreprecios en la compra  de 5 mil unidades de pruebas rápidas de covid-19, 70 mil mascarillas KN95 y guantes quirúrgicos.  Hace una semana, la Fiscalía allanó el edificio de la prefectura como parte de la investigación. 

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    Ante una pregunta de si alguna de estas investigaciones tiene relación con el atentado a las instalaciones del canal de Teleamazonas el pasado 31 de mayo,  Romo aclaró que “por si se interpreta alguna relación con estos casos, hemos reforzado la seguridad esta mañana en el canal en Quito y en Guayaquil”. 

    Un día antes, el 2 de junio, en otra rueda de prensa, Salazar se refirió a otra investigación por irregularidades en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, que por ahora está en instrucción fiscal (la etapa del proceso penal en la que la Fiscalía investiga los hechos que podrían ser los elementos de un posible delito.) Sin embargo, la Fiscal dijo que no se ha podido avanzar con el proceso porque “se encuentran suspendidos los plazos y los términos por parte la función Judicial”. La Fiscalía recibió una notificación de la Jueza de Garantías penales de Manabí en la que “conmina a la Fiscalía a detener las diligencias para que no avancemos”, según Salazar.  

  • Juez dicta arresto domiciliario para expresidente Bucaram

    • Fotografía de la cuenta de Twitter de la Fiscalía

    Luego de tres horas de audiencia de flagrancia,el juez de Garantías Penales Ismael Figueroa dictó aceptó los cargos formulados por la Fiscalía contra el expresidente del Ecuador Abdalá Bucaram y como medida cautelar le ordenó arresto domiciliario .

    Bucaram es investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. En la madrugada del 3 de junio, la Fiscalía allanó la casa del expresidente del Ecuador y encontró un arma de fuego con municiones cuya tenencia legal el expresidente no pudo justificar. Esa misma noche se instaló la audiencia de formulación de cargos.

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    En la audiencia instalada en la unidad judicial del Cuartel Modelo de Guayaquil, realizada a través de una videoconferencia, el fiscal David Nelson del Castillo solicitó prisión preventiva contra Bucaram. El fiscal presentó “el informe de la Policía Judicial, el parte de aprehensión, el arma junto a las municiones incautadas, entre otros que fueron ingresados en cadena de custodia”, según informa la Fiscalía en un comunicado. 

    Figueroa  aceptó los cargos, pero no el pedido de prisión. En su lugar, ordenó arresto domiciliario para Abdalá Bucaram. El juez justificó esa medida porque “el procesado tiene 68 años de edad y problemas de salud”. Según el Código Orgánico Integral Penal, la prisión preventiva puede ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, entre otras circunstancias, cuando el procesado es mayor de sesenta y cinco años de edad, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de alta complejidad, incurable en etapa terminal o rara.

    El allanamiento de la casa de Abdalá Bucaram fue parte las investigaciones por presunto peculado en compras de insumos médicos en el Hospital del Seguro Social de Guayaquil Teodoro Maldonado Carbo. Aparte del arma de fuego, en la casa de Bucaram se encontraron 5 mil mascarillas y 2 mil  pruebas rápidas para detectar covid-19. 

    La Fiscalía informó que la instrucción fiscal durará 30 días y también comunicó que el caso se está procesando en base al artículo 362 del Código Integral Penal (COIP), que “sanciona el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones con pena privativa de libertad de cinco a siete años” —además del presunto delito de peculado. 

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    Ayer, 3 de junio de 2020, la fuerza de tarea multidisciplinaria creada por la Fiscalía para investigar delitos de corrupción durante la crisis sanitaria por el covid-19, hizo 37 allanamientos y detuvo a 17 personas en Quito y Guayaquil. Los allanamientos son parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en compra de insumos para la emergencias, no solo en hospitales públicos sino también en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) y la Prefectura del Guayas.

     La Fiscalía también allanó el domicilio del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por presunto “tráfico de influencias en la compra de insumos médicos de la Prefectura de Guayas”. El prefecto no estaba en su casa cuando la Fiscalía la allanó, horas después la Fiscalía confirmó su detención.  El juez dispuso que use grillete electrónico, y la prohibición de salir del país. 

  • La Fuerza de Tarea de la Fiscalía realizó 15 allanamientos en Guayas

    • allanamientos en Guayas

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía

    Durante la madrugada del martes 16 de junio de 2020, la Fiscalía informó que realizó quince allanamientos y trece detenciones en Guayaquil y Durán, en la provincia de Guayas. Los allanamientos fueron realizadas por la Fuerza de Tarea de la Fiscalía, la unidad creada específicamente para tratar casos de corrupción durante la emergencia sanitaria por el covid-19. 

    La ministra de Gobierno, María Paula Romo informó en Twitter que hasta las ocho y treinta de la mañana estaban detenidas nueve personas y hasta el final del operativo se detuvieron a trece personas en total. Según un comunicado de la Fiscalía, las personas que fueron detenidas están relacionadas con las presuntas irregularidades en los procesos de contratación del Hospital Básico de Durán del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Uno de los allanamientos se realizó en el hospital, pero la Fiscalía no detalló si los otros 14 allanamientos fueron en instituciones públicas o empresas proveedoras de insumos médicos.

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    Además, la Fiscalía informó que tiene varios elementos sobre los hechos investigados y que entre los detenidos está el Director del hospital, la Directora administrativa, los directores de Compras Públicas y Financiero del Hospital Básico del IESS de Durán y varios proveedores que habrían participado en las irregularidades. La Fiscalía no especificó los nombres de los detenidos. Los allanamientos se realizaron después de una denuncia, que dice que algunos funcionarios de la casa de salud de Durán estarían facilitando contratos a proveedores del entorno personal y familiar del Director del Hospital, la Fiscalía tampoco dijo quién presentó la denuncia. 

    En los allanamientos la Fiscalía incautó 420 pruebas de covid-19, un arma de fuego, 10 celulares, 10 computadoras y más de 3 mil dólares en efectivo.  “Mediante técnicas especializadas de investigación, se estableció que presuntamente, los funcionarios de la casa de salud favorecían a personas que prestaban su nombre para la adjudicación de contratos”, dijo la Fiscalía. 

     La Fiscalía anunció que en las próximas horas se desarrollará la audiencia de formulación de cargos para los trece detenidos que fueron traslados a la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo, en Guayaquil. Los presuntos delitos que investiga la Fiscalía son peculado, enriquecimiento privado no justificado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo. Según, la Fiscal provincial Yannina Villagómez, son varios contratos los que se investigan y van entre 200 mil y 3 millones de dólares. 

    En otro de los operativos  realizados durante esta semana por la Fuerza de Tarea en contra de la corrupción durante la emergencia sanitaria, el 15 de junio, la Fiscalía informó que el Juez Fernando Vergara  vinculó a otro ciudadano al proceso por presunto peculado por la compra de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado del IESS. La persona fue trasladada el 14 de junio a la penitenciaría de Guayas por ser un proveedor de insumos médicos a presunto sobreprecio, la detención del ciudadano se realizó luego de una denuncia. La persona que presentó la denuncia, afirmó que algunos directivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, habrían suscrito en complicidad de proveedores farmacéuticos varios contratos para la venta de insumos médicos con sobreprecio.

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    La Fiscalía pidió prisión preventiva contra el detenido, la solicitud fue aceptada por el Juez Vergara que además dispuso que se amplíe a 120 días la instrucción fiscal iniciada el 5 de junio de 2020. 

  • El expresidente Abdalá Bucaram es llamado a juicio por tráfico de armas de fuego

    • Abdalá Bucaram es llamado a juicio por presunto tráfico de armas

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado

    El juez Francisco Mendoza llamó a juicio al expresidente del Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, tras la audiencia por presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones que se instaló el 17 de julio de 2020 en la Unidad Judicial del Albán Borja, en Guayaquil.

    La Fiscalía anunció que el juez ordenó cambiar el arresto domiciliario que tenía el ex mandatario por otras medidas: la presentación diaria ante las autoridades, la prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que  la persona involucrada en tráfico de armas “será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.”

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    El expresidente se encontraba en arresto domiciliario desde el 4 de junio de 2020, luego de que el juez de Garantías Penales, Ismael Figueroa, aceptara los cargos formulados por la Fiscalía en contra de Bucaram. Figueroa dictó el arresto en casa en lugar de la prisión preventiva justificando que el procesado “tiene 68 años y problemas de salud”. El COIP permite hacer esta sustitución cuando el acusado es mayor de 65 años, tiene una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, entre otras circunstancias. 

    La investigación de la Fiscalía contra Bucaram inició cuando en la madrugada  del 3 de junio de 2020, personal de la Policía Nacional allanó su vivienda y encontró un arma de fuego con municiones. El expresidente no pudo justificar la tenencia legal de estos objetos.

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    El allanamiento de la casa de Abdalá Bucaram fue parte las investigaciones que la Fiscalía lleva a cabo por presunto peculado en compras de insumos médicos en hospitales del IESS en Guayaquil. Además del arma de fuego, personal de la policía también encontró 5 mil mascarillas y 2 mil  pruebas rápidas para detectar covid-19 en la casa del ex mandatario ubicada en la ciudadela Kennedy Norte. 

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    En una rueda de prensa el 3 de junio, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, anunció que los insumos médicos encontrados junto al arma de fuego en el domicilio de Bucaram, coinciden con los que estaban siendo investigados en el caso de sobreprecios en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Teodoro Maldonado Carbo. Salazar dijo además que el allanamiento era uno de los primeros resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta que se conformó en la Fiscalía para combatir la corrupción.

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    Simpatizantes del expresidente junto a sus hermanas Elsa y Virginia Bucaram, se instalaron en las afueras de la Unidad Judicial del Albán Borja de Guayaquil con banderas y carteles con la frase “Viva la Patria” (que Bucaram gritó la mañana en que fue detenido). 

  • La Fiscalía pide que se formulen cargos para los hermanos Bucaram Pulley y 13 personas más

    • Solicitud de formulación de cargos para vinculados en corrupción

      Foto tomada de la página web de la Fiscalía

    La tarde del miércoles 22 de julio, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía General del Estado solicitó que se formulen cargos para quince personas involucradas en el delito de presunta asociación ilícita para la venta de medicinas a los hospitales públicos del país. 

     Entre las personas procesadas están los tres hermanos Bucaram Pulley, Abdalá (conocido como Dalo), Jacobo y Michelle. Además de ellos están los dos hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, quienes están vinculados a la trama de corrupción que se investiga en los hospitales del Instituto de Seguridad Social del país. 

    El juez José Miguel Torres negó la petición de la fiscal Claudia Romeo para detener a Jacobo Bucaram por 24 horas para investigación. En la resolución firmada por el juez Torres no están claras las razones por las que niega el pedido de la fiscal Romero.

     En la solicitud de formulación de cargos también está incluida Gabriela Pazmiño, esposa de Abdalá Bucaram Pulley, exasambleísta y presentadora de televisión; Luis Jairala Zunino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y Jorge Henriques, ex jefe de compras en dicho centro de salud. El pedido de la Fuerza de Tarea es parte de las investigaciones sobre las detenciones que se han realizado desde junio para desarticular una red de corrupción que habría operado en los hospitales públicos, misma que presuntamente había vendido insumos y medicinas con sobreprecio. 

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     Los hermanos Bucaram Pulley estarían vinculados con Daniel Salcedo, uno de los procesados y el principal investigado dentro de esta trama, que actualmente está cumpliendo la sentencia de prisión preventiva, dictada por la jueza Mónica Caicedo el pasado 19 de junio

    Salcedo ha sido procesado por fraude procesal e investigado por las compras irregulares que se habrían hecho en el Hospital Teodoro Carbo. Todo esto después de que el 8 de junio trató de escapar en una avioneta a Perú, usando el nombre falso de Abraham Muñoz, quien también fue detenido en la noche del 12 de julio por su vinculación a la trama de corrupción. 

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    Abraham Muñoz tuvo que rendir su versión de los hechos el pasado 6 de julio en la Fiscalía, declaró que él y Salcedo solo tenían amistad porque él era su entrenador de gimnasio, pero no porque tenía negocios con él. Además, su abogada, Soraya Franco, dijo que su cliente  “no ahondó” en los hechos por los que se le investiga a Salcedo. Lo que les interesa, dijo Franco, es “determinar quién suplantó la identidad” de su defendido, ya que Muñoz no sabía que Salcedo se tomaría su nombre para escapar a Perú. 

     El día que Muñoz fue detenido, su hermano Moisés y Álvaro Ponce, exdirector del Hospital del Guasmo Sur, también fueron arrestados por la Fuerza de Tarea de la Fiscalía, junto a Erick Ponce y Víctor Chele, otros dos funcionarios de la farmacia del Hospital del Guasmo Sur . Según la Fiscalía, todos estaban siendo procesados por “participación en un delito contra la administración pública”. 

  • La Fiscalía pide fecha para la audiencia de formulación de cargos contra Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo

    • Fiscalía formulará cargos contra Abdalá Bucaram

      Fotografía tomada de la Fiscalía General del Estado

    La Fiscalía General del Estado solicitó  este jueves 23 de julio de 2020 fijar fecha y hora para la audiencia en la que se decidirá si se llama a juicio al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo Jacobo Bucaram Pulley por el presunto delito de “transporte y comercialización, y tráfico de bienes de patrimonio cultural”. 

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    Este es el segundo proceso judicial que Bucaram enfrenta en pocos meses. El pasado 17 de julio, el juez Francisco Mendoza llamó a juicio al expresidente tras la audiencia por presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. Mendoza ordenó, además, cambiar su arresto domiciliario por la presentación diaria ante las autoridades, la prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico. Ahora también será llamado a juicio por el presunto delito de transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes de patrimonio cultural junto a su hijo Jacobo. 

    La Fiscalía se basa en los hallazgos del 3 de junio, cuando la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado allanó la casa del expresidente Bucaram. En aquel operativo la Fiscalía encontró insumos médicos, un arma de fuego y bienes patrimoniales.

    De acuerdo al artículo 238 del Código Orgánico Penal Integral (COIP) quien “transporte, adquiera, intercambie o comercialice” bienes del patrimonio cultural del Ecuador recibirá una condena de entre cinco y siete años de cárcel, “sin importar el derecho real que tenga sobre estos bienes”. Si estos objetos son arqueológicos la pena puede ser de hasta siete años. 

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    La tarde del miércoles 22 de julio— menos de 24 horas antes de esta solicitud de audiencia de formulación de cargos— la Fuerza de Tarea de la Fiscalía General del Estado solicitó también que se formulen cargos contra otros implicados en la presunta venta ilícita de medicinas a los hospitales públicos del país durante la pandemia. Entre ellos constan también los tres hermanos Bucaram Pulley, Abdalá (Dalo), Jacobo y Michelle, y la ex presentadora de televisión, Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo Bucaram. 

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    El juez José Miguel Torres negó una petición de la fiscal Claudia Romeo de detener por 24 horas a Jacobo Bucaram Pulley para interrogarlo por el presunto caso de asociación ilícita. Según el juez Torres, la documentación presentada por la Fiscalía no contaba con “suficientes elementos para decidir, si se formula o no una imputación”.

    La audiencia de formulación de cargos es la etapa procesal siguiente a la instrucción fiscal. En la instrucción fiscal,  la Fiscalía debe investigar los elementos que permitan evidenciar la existencia de un delito. Una vez que la Fiscalía posea datos relevantes sobre la existencia del delito deberá emitir su acusación y formular los cargos. Tras esto el juez decidirá si se da o no inicio al juicio, en el que un tribunal determinará la responsabilidad de los encausados y los sentenciará. 

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    El exmandatario usa el grillete electrónico desde la mañana del lunes 20 de julio de 2020. La medida fue establecida por el juez Francisco Mendoza para asegurar que Bucaram Ortiz esté presente en el proceso legal por presunto tráfico de armas que la Fiscalía investiga en su contra. Bucaram, un excéntrico político ecuatoriano que fue presidente entre 1996 y 1997, cuando fue destituido por supuestamente estar mentalmente incapacitado para ejercer la presidencia de la República, ha rechazo los cargos y ha dicho que se trata de una persecución política.

  • No se instaló la audiencia de formulación de cargos a Abdalá y su hijo Jacobo Bucaram

    • audiencia contra Abdalá Bucaram

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado

    Este 29 de julio de 2020 a las 10:00 de la mañana se debía llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley por el presunto delito de “transporte, comercialización y tráfico de bienes de patrimonio cultural”. 

    Sin embargo, menos de dos horas antes del inicio de la audiencia, el abogado Alfredo Arboleda, quien representa al expresidente, solicitó por escrito que la audiencia se aplace. Según la Fiscalía General del Estado “el  abogado del expresidente presentó un certificado positivo para covid-19”. 

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    En su cuenta de Twitter, Arboleda aclaró que él no tiene covid-19 pero que se está realizando pruebas para descartar que esté contagiado. “La Fiscalía ha jugado con mi salud sentenciándome a ser portador de covid-19, esperemos su maldad no se vea reflejada en los resultados”, escribió Arboleda horas después del anuncio de la Fiscalía. 

    Según un comunicado del juez de la audiencia, Juan Carlos Terán, publicado en la revista Vistazo, la “defensa técnica [del expresidente] se encuentra delicado de salud, para lo cual ha adjuntado el respectivo certificado médico del IESS”. Además, el juez informó que el Fiscal del Guayas, César Suárez, aceptó que se cancele la audiencia por tratarse de un “tema fortuito”. Hasta el momento no hay fecha para una nueva audiencia de formulación de cargos. 

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    Esta audiencia de formulación de cargos fue solicitada por la Fiscalía el pasado 23 de junio de 2020 y es consecuencia del allanamiento a la casa del expresidente Bucaram, realizado el pasado 3 de junio por  la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado. En estos allanamientos se hallaron 22 artesanías sin justificativo. Según Diario El Universo, 3 de estas son originales y provienen de la cultura Bahía por lo que constituyen patrimonio cultural.

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    De acuerdo con el artículo 238 del Código Orgánico Penal Integral (COIP), transportar o comercializar bienes del patrimonio cultural es un delito que se sanciona con una condena de entre cinco a siete años de cárcel. Si estos objetos son arqueológicos, la ley dice que se dictará la pena máxima de  siete años. 

    El expresidente Bucaram rechazó las acusaciones en su contra y dijo que es víctima de una persecución política por parte del gobierno actual. Además, Bucaram explicó en su cuenta de Twitter que, la Fiscalía se llevó “piezas de barro que las venden en las plazas a $5 dólares, en la bahía, en la península, en todos lados y ahora dicen que son piezas arqueológicas”. 

    Este es el segundo proceso judicial que Abdalá Bucaram Ortiz enfrenta en pocos meses. El pasado 17 de julio, el expresidente fue llamado a juicio por presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. El juez Francisco Mendoza además, dictó desde ese día  su  presentación diaria ante las autoridades, la prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico. El exmandatario usa el grillete desde la mañana del lunes 20 de julio de 2020. 

    Su hijo Jacobo Bucaram es investigado por presunta corrupción en la venta de insumos médicos en la península de Santa Elena. Además, la Fiscalía lo investiga por el presunto delito de defraudación tributaria ,y por este caso de  transporte y comercialización de bienes de patrimonio cultural.

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    Durante el fin de semana del 25 y 26 de julio la Policía Nacional alertó por medio de un comunicado interno sobre el posible intento de salida del Ecuador de Jacobo Bucaram. La Policía aclaró que Jacobo no había salido del país y que el comunicado es “un procedimiento de alerta para las unidades de frontera como parte del trabajo operativo y de investigación alrededor de este y otros casos”.

  • Jueza dicta prisión preventiva para Dalo, Michel y Jacobo Bucaram

    • hermanos Bucaram

      Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Dalo Bucaram.

    La jueza de la Unidad Judicial Albán Borja de Guayaquil, Gianella Noritz, dictó prisión preventiva para los hermanos Bucaram: Jacobo, Abdalá (Dalo) y Michel por el presunto delito de “asociación ilícita por la venta irregular de insumos médicos en hospitales de Guayaquil”. También se dictó prisión preventiva para Daniel Salcedo y su hermano, Noe y otros diez procesados por la venta de medicamentos durante la emergencia sanitaria por el coronavirus en Ecuador. La decisión fue anunciada la madrugada del 31 de julio tras una audiencia de formulación de cargos de más de 13 horas. 

    La jueza Noritz también ordenó bloquear las cuentas que los procesados tienen en Ecuador y prohibió que estos puedan vender bienes muebles e inmuebles o que  realicen “transferencias de acciones”, dice un boletín de la Fiscalía General del Estado. 

    Por su parte, para Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo Bucaram Pulley, se dictó prohibición de salida del país y desde hoy debe  presentarse diariamente ante la Fiscalía. Ni ella, ni los hermanos Dalo y Michel se encuentran en el país. El paradero de Jacobo Bucaram se desconoce. 

    Para Luis Jairala Zunino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se dispuso arresto domiciliario y el uso de un  grillete electrónico, por tener problemas cardíacos.

    En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Claudia Romero presentó varios elementos de convicción “que demostrarían la presunta participación de los investigados en el hecho, su conexión entre sí y el grado de participación en el delito”, dice el boletín de Fiscalía. Entre los elementos presentados están informes policiales, videos de seguridad, partes policiales y periciales de insumos médicos incautados, documentos del Servicio de Rentas Internas, entre otros.

    La audiencia de formulación de cargos se instala una semana después de que la Fuerza de Tarea de la Fiscalía General del Estado solicitara una audiencia para procesar a las quince personas acusadas de participar en la trama de corrupción de los hospitales del IESS en Guayaquil. 

    La instrucción fiscal durará 90 días. En este proceso los fiscales deberán recolectar todas las evidencias para el juicio,  donde un tribunal determinará la responsabilidad de los encausados y los sentenciará. 

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    El 28 de julio, Daniel Salcedo fue trasladado al Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de El Inca en Quito, tras ser dado de alta por el Hospital Abel Gilbert, en Guayaquil. Salcedo se encontraba en estado de salud crítico desde el 8 de junio cuando se accidentó en la avioneta con la que pretendía escapar al Perú.

    Este no es el único proceso judicial contra la familia Bucaram. El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo, Jacobo Bucaram Pulley, son investigados por el presunto delito de transporte y comercialización y tráfico de bienes de patrimonio cultural. El 29 de julio fue la audiencia de formulación de cargos, pero fue cancelada después de que el abogado del expresidente presentara un certificado de síntomas de covid-19. 

  • Juez dicta prisión preventiva para Jacobo Bucaram por presunto tráfico de bienes culturales

    • prisión preventiva para Jacobo Bucaram

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado.

    El 5 de agosto de 2020 el juez Juan Carlos Terán dictó prisión preventiva para Jacobo Bucaram Pulley y prohibición de salida del país para Abdalá Bucaram Ortiz, expresidente de la República. Para Bucaram Ortíz, el juez también ordenó su presentación diaria frente a las autoridades y ratificó la orden que le exige usar grillete electrónico. 

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    Estas medidas se tomaron tras la audiencia de formulación de cargos en la que la Fiscalía denunció a los Bucaram de supuestamente traficar, transportar y comercializar bienes culturales. Los artículos fueron encontrados en la residencia del expresidente  el pasado 3 de junio, tras un allanamiento realizado por  la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía. El allanamiento se dio como resultado de las investigaciones por supuestas irregularidades en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil durante la pandemia. 

    Jacobo Bucaram se pronunció con respecto a la orden de prisión a través de su cuenta de Twitter y dijo: “ser un perseguido es un honor, lo asumo con responsabilidad y con valentía”. A través de sus redes sociales el hijo mayor del expresidente ha dicho varias veces que es inocente y asegura que es víctima de una persecución política.

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    Originalmente la audiencia de formulación de cargos estaba prevista para el 29 de julio. Sin embargo el abogado Alfredo Arboleda, quien representa al expresidente, solicitó aplazarla porque presentaba síntomas de covid-19, según informó el juez Terán.

    Durante el allanamiento del 3 de junio, la Fiscalía encontró 22 artesanías sin justificativo. Según Diario El Universo, 3 de estas son originales y provienen de la cultura Bahía por lo que constituyen patrimonio cultural. Según el artículo 238 del Código Orgánico Penal Integral (COIP), transportar o comercializar bienes del patrimonio cultural es un delito que se sanciona con una condena de entre cinco a siete años de cárcel. Si estos objetos son arqueológicos, la ley dice que se dictará la pena máxima de  siete años. 

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    La Fiscalía también encontró un arma de fuego e insumos médicos –cinco mil mascarillas y dos mil pruebas de covid-19– en la residencia del expresidente. El pasado 17 de julio, Abdalá Bucaram Ortiz también fue llamado a juicio por presunto “delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones”. El juez Francisco Mendoza dictó desde ese día su presentación diaria ante las autoridades, su prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico.

    Además el 31 de julio, la jueza Gianella Noritz, dictó prisión preventiva para los  hermanos  Jacobo, Abdalá (Dalo) y Michel Bucaram Pulley  por el presunto delito de “asociación ilícita por la venta irregular de insumos médicos en hospitales de Guayaquil”.  Al momento se desconoce el paradero de Jacobo Bucaram por lo que la jueza Noritz también pidió a la Policía Nacional “buscar y capturar” a los procesados.

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    Según el comandante de la policía Patricio Carrillo, la noche del lunes 3 de agosto se detectó cerca de Samborondón una caravana de vehículos entre los cuales se presume, se encontraba Jacobo Bucaram,  “que está siendo requerido por la administración de justicia y tiene boleta de captura”. Aunque la Policía no logró capturar a Jacobo, en la caravana se encontraba el abogado del expresidente, Alfredo Arboleda. Horas más tarde Arboleda denunció por redes sociales que esto no fue un operativo sino un “supuesto intento de secuestro”. Hasta el momento el abogado  no ha presentado evidencias que confirmen que esto sea cierto. Por su parte Carrillo dijo que la Policía  “no persigue a nadie, lo que hace es buscar a aquellas personas que son requeridas por la administración de justicia”.

  • Dictan orden de prisión preventiva contra Gabriela Pazmiño

    • orden de prisión preventiva contra Gabriela Pazmiño

      Fotografía tomada de la cuenta de Instagram de Gabriela Pazmiño

    Un juez dictó prisión preventiva contra Gabriela Pazmiño, expresentadora de televisión y esposa de Abdalá (Dalo) Bucaram Pulley. Así lo anunció la Fiscalía General del Estado la tarde del 14 de septiembre en su cuenta de Twitter. 

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    Además el juez negó el pedido de fianza que solicitó la defensa de los hermanos Bucaram— Michel, Dalo, Jacobo—,Gabriela Pazmiño y Jorge Henriques, ex jefe de compras del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Según la Fiscalía, la solicitud no cumplía con los requisitos legales necesarios. 

    La ex presentadora de televisión guayaquileña de 45 años no habría cumplido con las medidas cautelares que le dictó la jueza Gianella Noritz el 31 de julio. Por ello, la Fiscalía solicitó una revisión de las medidas cautelares, que resultó en la orden de prisión preventiva. 

    El 31 de julio de 2020, la jueza Noritz, de la Unidad Judicial Albán Borja de Guayaquil, dictó prisión preventiva para los hermanos Bucaram Pulley: Jacobo, Abdalá (Dalo) y Michel por el presunto delito de asociación ilícita por la venta irregular de insumos médicos en hospitales públicos. Para Gabriela Pazmiño, la jueza dictó prohibición de salida del país y la presentación diaria ante las autoridades. Pero ni ella, ni los hermanos Dalo y Michel están en el país

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    El proceso judicial que enfrenta la exasambleísta y presentadora de televisión es parte de una investigación de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía por la corrupción en los hospitales durante la pandemia del covid-19. Las autoridades investigan desde junio una presunta asociación ilícita para la venta y distribución de insumos médicos a diferentes hospitales de la ciudad costera de Guayaquil de forma irregular. Según la Fiscalía, los implicados habrían obtenido ingresos económicos que no se justificaron en el sistema financiero nacional. 

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    La tarde del miércoles 22 de julio de 2020, la Fuerza de Tarea solicitó que se formulen cargos para las quince personas involucradas en el delito de presunta asociación ilícita  entre las que se encontraban los tres hermanos Bucaram Pulley y Daniel Salcedo Bonilla, quien es investigado por presunto fraude procesal y presunto lavado de activos. 

    Salcedo, quien está cumpliendo con la medida de prisión preventiva en Quito desde el 28 de julio, estaría involucrado con los hermanos Bucaram Pulley y Pazmiño. La orden de prisión contra Salcedo fue dictada por la jueza Mónica Caicedo el 19 de junio. 

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    También se investigan por este caso a Luis Jairala Zunino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. La Fuerza de Tarea de la Fiscalía ha realizado una serie de detenciones desde junio. El objetivo es desarticular una red de corrupción que habría operado en los hospitales públicos vendiendo insumos y medicinas con sobreprecio durante la emergencia sanitaria por covid-19. 

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