Estas son las noticias más importantes sobre el covid-19 en Ecuador desde el 3 de junio de 2020

  • El expresidente Abdalá Bucaram y el prefecto del Guayas fueron detenidos durante allanamientos de la Fiscalía

    • Abdalá Bucaram fue detenido

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    El expresidente Abdalá Bucaram fue detenido por la posesión de un arma de fuego sin registrar y fue llevado a la Unidad de Flagrancia en Guayaquil, donde será procesado. El arma fue encontrada durante el allanamiento de su casa en Guayaquil, en el marco de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía “por presunto peculado en contrato por insumos médicos al Hospital del Seguro”, según la Fiscalía. En fotos publicadas en la cuenta de Twitter de la Fiscalía, se ven cajas con pruebas de covid-19.

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    La Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado, creada especialmente para investigar delitos de corrupción durante la crisis sanitaria,  hizo 37 allanamientos y detuvo a 17 personas  en  Quito y Guayaquil la madrugada del 3 de junio de 2020. Los allanamientos son parte de las investigaciones por irregularidades en compra de insumos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) y de la Prefectura del Guayas, durante la pandemia.

    La Fiscalía también registró el domicilio del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por supuesto “tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura de Guayas”. El prefecto no estaba en su casa cuando la Fiscalía la allanó. Sin embargo, horas después la Fiscalía confirmó su detención. Morales estaba en una urbanización privada en la vía a Samborondón, cerca de su casa, según informó la Fiscalía.

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    Menos de veinticuatro horas antes, el 2 de junio, el prefecto del Guayas, electo con el respaldo del Partido Social Cristiano, dijo que presentó una denuncia para investigar a varias personas como presuntos involucrados en irregularidades de la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria. En la denuncia realizada el prefecto pidió investigar “inclusive” a dos hijos de su esposa pero se deslindó de la responsabilidad personal en el proceso. La semana pasada, la Fiscalía también allanó la Prefectura del Guayas por presunta compra de insumos médicos con sobreprecio. 

    En Guayaquil, agentes de la Policía y de la Fiscalía también ingresaron a las instalaciones del Hospital del IESS, Teodoro Maldonado Carbo para investigar un “presunto delito de delincuencia organizada para compra de insumos médicos”. La Fiscalía allanó áreas administrativas y bodegas en busca de evidencias. Se detuvo a Luis Jairala, exgerente del hospital del IESS en Guayaquil. 

    La Fiscalía también allanó la casa del hijo de Abdalá Bucaram, Dalo Bucaram. El exlegislador está en Estados Unidos con su familia, pero dijo en Twitter, que no existe “denuncia ni delito alguno”.

    Hubo también operativos en Quito, en uno de ellos se detuvo al gerente de la la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) y a otras cuatro personas por el presunto caso de “sobreprecios en la compra de insumos de bioseguridad” por parte de esta entidad. La Fiscalía detuvo también a Sofía Ruiz Guarderas, asesora del gerente de la EPMAPS y prima del Vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas. 

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    Después de semanas de denuncias de corrupción dentro del Municipio de Quito, el 2 de junio, el alcalde Jorge Yunda denunció en su cuenta de Twitter que las cuentas del Banco Central de la EPMAPS habían sido atacadas. Yunda anunció que puso una denuncia en la Fiscalía por la irregularidad, sin embargo, horas más tarde, el Banco Central respondió que las cuentas están protegidas “con los más altos estándares tecnológicos de seguridad”. Hasta ahora no se conocen los detalles sobre el supuesto hackeo.

    El Gobierno mostró apoyo a las acciones de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía, fue creada el 1 de junio de 2020 por la Fiscal General del Estado, con el fin de investigar casos de corrupción en el contexto de la crisis sanitaria.

    El presidente Moreno dijo en Twitter  el 3 de junio que, “la labor de la Fiscalía cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer a la corrupción es combatirla”.

  • Tráfico de influencias, peculado y delincuencia organizada son los presuntos delitos que investiga la Fiscalía tras allanamientos

    • Fiscalía investiga peculado

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    El arresto del expresidente Abdalá Bucaram no se dio únicamente por el arma de fuego sin registro que se encontró en su domicilio durante los allanamientos, según la fiscal General, Diana Salazar. En una rueda de prensa el 3 de junio de 2020 Salazar, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, resumieron los avances de los 37 allanamientos y 17 arrestos realizados de la mañana. 

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    Salazar explicó que en la casa de Bucaram se encontraron  “gran cantidad de insumos médicos”,  incluyendo cinco mil mascarillas y dos mil pruebas de covid-19. Estos insumos, según la Fiscal, coinciden con los que están siendo investigados en el caso de sobreprecios en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo.“Estos son los primeros resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta que hemos conformado para combatir la corrupción durante la emergencia. Las acciones se siguen ejecutando con el apoyo de la Policía Nacional”, dijo Salazar.

    La Fiscal dijo también que los delitos que se investigan en Quito y Guayaquil son supuesto  peculado, tráfico de influencias y delincuencia organizada. Dijo que por el momento no puede dar más información dado que todavía están “terminado de practicar todas estas diligencias, receptando versiones y una vez con el resultado de las respectivas audiencias volveremos a dar más detalles”.

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    Yanina Villagómez dio detalles de los allanamientos en Guayas. Dijo que el caso de peculado que se investiga en el hospital del IESS “bordea los 12 millones de dólares”. Además, Villagómez dijo que la detención de Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas, se da en el marco de las investigaciones del caso de tráfico de influencias dentro de esta prefectura. 

    En la prefectura del Guayas se investigan denuncias por presuntos sobreprecios en la compra  de 5 mil unidades de pruebas rápidas de covid-19, 70 mil mascarillas KN95 y guantes quirúrgicos.  Hace una semana, la Fiscalía allanó el edificio de la prefectura como parte de la investigación. 

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    Ante una pregunta de si alguna de estas investigaciones tiene relación con el atentado a las instalaciones del canal de Teleamazonas el pasado 31 de mayo,  Romo aclaró que “por si se interpreta alguna relación con estos casos, hemos reforzado la seguridad esta mañana en el canal en Quito y en Guayaquil”. 

    Un día antes, el 2 de junio, en otra rueda de prensa, Salazar se refirió a otra investigación por irregularidades en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, que por ahora está en instrucción fiscal (la etapa del proceso penal en la que la Fiscalía investiga los hechos que podrían ser los elementos de un posible delito.) Sin embargo, la Fiscal dijo que no se ha podido avanzar con el proceso porque “se encuentran suspendidos los plazos y los términos por parte la función Judicial”. La Fiscalía recibió una notificación de la Jueza de Garantías penales de Manabí en la que “conmina a la Fiscalía a detener las diligencias para que no avancemos”, según Salazar.  

  • El COE nacional aprueba protocolo para entrenamientos de deportistas profesionales con medidas de seguridad

    • COE aprobó entrenamientos de deportistas

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del ECU 911.

    Desde el 10 de junio de 2020 se podrán retomar los entrenamientos de deportistas profesionales con estrictas medidas de bioseguridad, pero no han especificado cuáles serán. Esta fue una de las medidas anunciadas en una rueda de prensa virtual el 3 de junio de 2020 por Juan Zapata, director general del ECU 911, en representación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

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    El 19 de mayo de 2020 el COE aprobó la reanudación de entrenamientos de deportistas profesionales desde el 8 de junio como parte del Plan de Reactivación Deportiva Nacional de la Secretaría del Deporte. Sin embargo, días después el mismo COE informó que hubo “desacato a las normas establecidas” para el reinicio de entrenamientos profesionales,  por  lo cual estos se  suspendieron otra vez.

    La nueva fecha de reinicio de deportes rige únicamente para entrenamientos profesionales. Zapata dijo que el reinicio de campeonatos y competiciones debe esperar “por lo menos hasta inicios de julio” y se harán sin público.

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    Zapata anunció que el COE nacional aprobó la libre circulación de funcionarios de la Contraloría General del Estado sin necesidad de un salvoconducto. El COE también autorizó una petición del COE cantonal de Latacunga para reabrir 16 empresas de esta zona, entre éstas Holcim, Novacero y el Centro Comercial Popular. 

    El balance del ECU 911 sobre el primer día de reinicio de actividades en Quito con semáforo en amarillo es “absolutamente positivo”, dijo Zapata. El 3 de junio hubo una disminución del 23% en las alertas al ECU 911 por gestión sanitaria, en comparación con el 2 de junio cuando Quito mantenía el semáforo en rojo, según Zapata. Sin embargo, Zapata también indicó que en esas 24 horas hubo un incremento del 18% en emergencias de tránsito y movilidad pues alrededor de 600 mil personas se reintegraron al transporte metropolitano de Quito, de acuerdo con datos del ECU 911.

    El director del ECU 911 aclaró también que “no se generaron aglomeraciones o complicaciones” en las siete terminales habilitadas para la reanudación de operaciones de movilidad.

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    Durante la rueda de prensa virtual intervinieron también el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Xavier Solorzano y el Subsecretario de Control y Orden Público Guillermo Rodriguez. Rodríguez dijo que hay 94 cantones con semáforo en amarillo y dos con semáforo en verde.  

  • Juez dicta arresto domiciliario para expresidente Bucaram

    • Fotografía de la cuenta de Twitter de la Fiscalía

    Luego de tres horas de audiencia de flagrancia,el juez de Garantías Penales Ismael Figueroa dictó aceptó los cargos formulados por la Fiscalía contra el expresidente del Ecuador Abdalá Bucaram y como medida cautelar le ordenó arresto domiciliario .

    Bucaram es investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. En la madrugada del 3 de junio, la Fiscalía allanó la casa del expresidente del Ecuador y encontró un arma de fuego con municiones cuya tenencia legal el expresidente no pudo justificar. Esa misma noche se instaló la audiencia de formulación de cargos.

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    En la audiencia instalada en la unidad judicial del Cuartel Modelo de Guayaquil, realizada a través de una videoconferencia, el fiscal David Nelson del Castillo solicitó prisión preventiva contra Bucaram. El fiscal presentó “el informe de la Policía Judicial, el parte de aprehensión, el arma junto a las municiones incautadas, entre otros que fueron ingresados en cadena de custodia”, según informa la Fiscalía en un comunicado. 

    Figueroa  aceptó los cargos, pero no el pedido de prisión. En su lugar, ordenó arresto domiciliario para Abdalá Bucaram. El juez justificó esa medida porque “el procesado tiene 68 años de edad y problemas de salud”. Según el Código Orgánico Integral Penal, la prisión preventiva puede ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, entre otras circunstancias, cuando el procesado es mayor de sesenta y cinco años de edad, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de alta complejidad, incurable en etapa terminal o rara.

    El allanamiento de la casa de Abdalá Bucaram fue parte las investigaciones por presunto peculado en compras de insumos médicos en el Hospital del Seguro Social de Guayaquil Teodoro Maldonado Carbo. Aparte del arma de fuego, en la casa de Bucaram se encontraron 5 mil mascarillas y 2 mil  pruebas rápidas para detectar covid-19. 

    La Fiscalía informó que la instrucción fiscal durará 30 días y también comunicó que el caso se está procesando en base al artículo 362 del Código Integral Penal (COIP), que “sanciona el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones con pena privativa de libertad de cinco a siete años” —además del presunto delito de peculado. 

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    Ayer, 3 de junio de 2020, la fuerza de tarea multidisciplinaria creada por la Fiscalía para investigar delitos de corrupción durante la crisis sanitaria por el covid-19, hizo 37 allanamientos y detuvo a 17 personas en Quito y Guayaquil. Los allanamientos son parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en compra de insumos para la emergencias, no solo en hospitales públicos sino también en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) y la Prefectura del Guayas.

     La Fiscalía también allanó el domicilio del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por presunto “tráfico de influencias en la compra de insumos médicos de la Prefectura de Guayas”. El prefecto no estaba en su casa cuando la Fiscalía la allanó, horas después la Fiscalía confirmó su detención.  El juez dispuso que use grillete electrónico, y la prohibición de salir del país. 

  • El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, usará grillete electrónico por orden judicial

    • Prefecto del Guayas recibe medidas alternativas

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía

    Carlos Luis Morales, prefecto de la provincia del Guayas, usará un grillete electrónico que monitoreará sus movimientos, no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente frente a la autoridad, sin embargo, no se especificó a cuál. El prefecto de la provincia más afectada por el covid-19 es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias en la compra de insumos médicos realizados por su prefectura.

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    La audiencia de formulación de cargos en su contra y siete personas más, entre ellas están los supuestos accionistas, gerentes y propietarios de las empresas vinculadas en los presuntos delitos de peculado por la adquisición de insumos médicos con sobreprecio. Sin embargo, son más de ocho personas las que están siendo investigadas, incluyendo a la esposa del prefecto, su exesposo y su hijo. Esta se instaló la noche del 3 de junio de 2020 en la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil. La Fiscalía solicitó a Ismael Figueroa, Juez de Garantías Penales, que dicte prisión preventiva contra las ocho personas detenidas. Pero al igual que en la audiencia del expresidente Abdalá Bucaram, el juez no aceptó el pedido de la Fiscalía y dispuso otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva

    El prefecto del Guayas tiene la prohibición de salida del país, debe presentarse periódicamente  ante la autoridad y usar el dispositivo de vigilancia electrónico o grillete electrónico.

    A los funcionarios detenidos en el caso de la Prefectura guayasense, la Fiscalía los investiga por denuncias por presuntos sobreprecios en la compra  de 5 mil unidades de pruebas rápidas de covid-19, 70 mil mascarillas KN95 y guantes quirúrgicos. 

    Según un comunicado de la Fiscalía, Yanina Villagómez, fiscal provincial de Guayas, presentó la información extraída del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superintendencia de Compañías, el informe de investigaciones, con los que pudo determinar la existencia de irregularidades en el proceso de adquisición de mascarillas y pruebas rápidas para detectar covid-19 a presunto sobreprecio. 

    Los contratos de compra presentados durante la audiencia, fueron suscritos por el Gobierno Autónomo Provincial del Guayas (el nombre oficial de la Prefectura) con personas naturales y empresas que estarían relacionadas con Morales y de acuerdo a la Fiscalía, “varias compañías están en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían fachadas”. 

     El martes 2 de junio, Carlos Luis Morales dijo que había presentado una denuncia para investigar a varias personas como presuntos involucrados en irregularidades de la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria. Entre estas personas ,se encontraban los dos hijos de su esposa, pero se deslindó de la responsabilidad personal en el proceso.

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    La fiscal Villagómez, en una rueda de prensa realizada el 3 de junio dijo que en “el caso de peculado que se investiga en el hospital del IESS (Teodoro Maldonado Carbo) bordea los 12 millones de dólares”. La Fiscalía allanó el edificio de la Prefectura del Guayas el 27 de mayo de 2020, en el allanamiento, la Fiscalía incautó catorce computadores de escritorio con el CPU y documentación. 

  • La Fiscalía allanó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito

    • irregularidades en la EPMAPS de Quito

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    Tras una serie de operativos y detenciones la mañana del 3 de junio de 2020, la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía allanó las instalaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS).  En Twitter, la Fiscalía explicó que este operativo es parte de una investigación por supuesto delito de peculado por el sobreprecio en la compra de insumos médicos durante la pandemia de covid-19. 

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    Horas antes, en operativos coordinados por la Fiscalía se detuvo también al gerente de la EPMAPS, Guido Andrade Bastidas y a Sofía Ruiz Guarderas, asesora de Andrade y prima del Vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas.

    En una entrevista para Teleamazonas, el concejal Bernardo Abad, también miembro del directorio de la EPMAPS, explicó que el caso que investiga la Fiscalía es por la compra de insumos de seguridad —mascarillas, gafas y trajes de protección— para el personal de la empresa. 

    Este contrato por más de 160 mil dólares fue adjudicado a la empresa Silverti, según Abad. Esta es la misma compañía que es investigada desde el 5 de mayo por la venta de bolsas para cadáveres con sobreprecio al Hospital Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil.

    En la noche del 3 de junio, el juez dictó prisión preventiva para Andrade y otros dos ciudadanos investigados. 

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    Además de este presunto caso de peculado, desde la noche del 2 de junio se conoció que hubo un intento de desviar alrededor de 1.3 millones de dólares la EPMAPS en el Banco Central, a dos cuentas bancarias en Hong Kong y una en Estados Unidos. 

    El alcalde de Quito Jorge Yunda denunció en su cuenta de Twitter en la noche del 2 de junio que “las cuentas del banco central de la empresa de @aguadequito ha sido atacada digitalmente”. Una hora más tarde, el Banco Central emitió un comunicado en el que que aseguró que “ninguna cuenta ni sistema ha sido hackeada”.

    El concejal Bernardo Abad explicó en la entrevista a Teleamazonas, que, para acceder a las cuentas en el Banco Central existen varios sistemas de seguridad y se necesitan claves que las manejan pocas personas dentro de las instituciones públicas. Por esto, dijo que es improbable que se trate de un ataque digital. “Es un círculo muy chiquito los que tienen acceso a estas claves. No es que todos los funcionarios tienen”, añadió Abad. Para investigar este caso, se presentó una denuncia en Fiscalía por miembros de la EPMAPS la noche del 2 de junio. Además, Abad dijo que las transferencias a cuentas extranjeras se las realizaron justificándolas como pago a proveedores, por “plantas de tratamientos de aguas industriales” y por la compra de “camiones de basura”, servicios que no se habrían recibido.

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    El alcalde Yunda dijo en su Twitter, el 2 de junio, que después de hablar con las autoridades del Banco Central se “están haciendo las gestiones para evitar un robo de las arcas” de la EPMAPS.  Solicitó además que el gerente de esta institución pidiera las credenciales a sus funcionarios. 

    Aún se desconoce si será posible recuperar el dinero de estas transacciones. En una entrevista a diario El Comercio, la gerente del Banco Central, Verónica Artola, dijo que se espera “que los países o los bancos donde se hicieron las transferencias nos digan cuál sería el paso a seguir. Nosotros no podemos garantizar que se recupere el dinero, pero como Banco Central hemos hecho la gestión que corresponde”.

  • Detienen al asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza por presunta corrupción en el Hospital de Pedernales

    • Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0.

    La  madrugada del 5 de junio de 2020, la Fiscalía General del Estado realizó allanamientos en Portoviejo, Bahía de Caraquéz y Quito. La Fiscalía informó que los allanamientos son parte de las investigaciones por el “presunto delito de delincuencia organizada, relacionados con la estructura de corrupción” en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, un cantón de 62 mil habitantes en la provincia costera de Manabí. Fue la ciudad más afectada por el terremoto de 2016, cuyo epicentro se dio frente a sus costas. 

    Tras los allanamientos, la Fiscalía anunció a través de su cuenta de Twitter, que el asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, fue detenido. También fue arrestado Edmundo Tamayo Silva, director del Servicio de Contratación de Obras (SECOB).  

    El presidente Lenín Moreno reaccionó horas después de los allanamientos. A través de su cuenta de Twitter, Moreno dijo que “solo así se evita la impunidad”. El Presidente nombró a Tamayo como  director del SECOB en agosto del 2019. Por su parte, Mendoza cumple su segundo periodo como asambleísta de Alianza País por Manabí.

    En un boletín de prensa, la Contraloría General del Estado comunicó que emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por irregularidades en contratos. Según el organismo, el Consorcio Pedernales-Manabí––encargado de la construcción del Hospital de Pedernales–– recibió un anticiò de alrededor de 7,3 millones de dólares para la obra, pero hasta el momento la construcción no ha avanzado.

    El 2 de junio en rueda de prensa, la fiscal general Diana Salazar se refirió al caso. Dijo que está en instrucción fiscal pero que no se ha podido avanzar con el proceso porque “se encuentran suspendidos los plazos y los términos por parte la función Judicial”.

    En su cuenta de Twitter, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que las investigaciones por presuntas irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales empezaron hace tres meses. Romo dijo que “hoy se siguen recabando pruebas para dar con la verdad y sancionar a quienes sean responsables.”

    El 14 de mayo de 2020, la Fiscalía realizó un primer operativo con múltiples allanamientos y detenciones. Entre los detenidos estaba Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza. Tras el operativo, la Fiscalía decomisó 1,6 millones de dólares––1.032.529,10 en cheques y 662.191,70 en efectivo.

    Los operativos  de esta mañana se suman a varios allanamientos y detenciones realizados en los últimos días por parte de la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Nacional. Desde este 3 de junio se han realizado más de 37 allanamientos y 17 detenciones en el país.

  • La nacionalidad waorani pide medidas cautelares contra el Estado

    El viernes 5 de junio inició la audiencia de medidas cautelares contra del Estado ecuatoriano que pidió la nacionalidad waorani. El motivo que fundamenta la acción es la falta de atención médica por parte del gobierno a las comunidades wao . Según la nacionalidad “hay un riesgo inminente de sus derechos y los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario”. 

    La audiencia se instaló a las 11:30 de la mañana. El colectivo Waorani Resiste informó los detalles de la diligencia vía Twitter. 

    Durante la audiencia, la nacionalidad amazónica pidió que se transparente los fondos “que fueron entregados para ser usados en la Amazonía. No se nos ha respondido”. Además pidieron que se incluya a sus autoridades en la planificación de protocolos, medidas, acciones o actividades para prevenir el covid-19, además de que “se realice un correcto tratamiento a nuestra población que ya se ha contagiado”. 

    Según la cuenta de Waorani Resiste, el gobierno del Ecuador pidió “que las medidas cautelares demandadas por la Nacionalidad Waorani sean desechadas por la jueza de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha”. La nacionalidad también comunicó que es muy probable que la audiencia tome varios días en concluir. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuánto tiempo más demorará. 

    El 14 de mayo de 2020, cuando la nacionalidad Waorani anunció que se había registrado el primer caso de covid-19, la presidenta del  Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Ecuador en Pastaza (Conconawep), Nemonte Nenquimo, dijo que “estaban muy preocupados”.

    Después de que se confirmó el primer caso, Amazon Frontlines––organización internacional que defiende los derechos indígenas–– informó que las comunidades Waorani no han recibido apoyo humanitario para asegurar que las personas “guarden aislamiento con garantías” y confirmó que tampoco se han realizado pruebas de diagnóstico de covid-19.

    La Alianza por los Derechos Humanos, envió dos alertas al gobierno. La primera para afirmar que urge la atención humanitaria en salud en el territorio de la nacionalidad Waorani debido a la confirmación de casos y el registro de población sintomática en varias comunidades. La segunda, para reiterar la preocupación de la primera alerta y comunicar que había una ausencia de respuesta oportuna por el Ministerio de Salud Pública. 

    Días antes de la audiencia del viernes, Resistencia Waorani mostró su malestar por haberse desarrollado la audiencia 20 días después de que se interpuesto la acción. En un comunicado en su cuenta de Twitter, insistieron “en que los días son vitales para nosotros y también para los pueblos no contactados”.  

  • Juez dictó prisión preventiva contra el asambleísta Daniel Mendoza por presunto delito de delincuencia organizada

    • prisión preventiva Daniel Mendoza

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

    El juez Marco Rodríguez dictó prisión preventiva por presunto delito de delincuencia organizada contra Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País, Edmundo Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras (SECOB) y otros 3 procesados. También dictó arresto domiciliario para una cuarta persona de la tercera edad por presunto el mismo delito. Según la Fiscalía, formarían parte de “una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales”. 

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    Los procesados fueron detenidos la madrugada del 5 de junio de 2020 en un operativo liderado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía que hizo allanamientos en Portoviejo, Bahía de Caraquéz y Quito. Según el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de delincuencia organizada tiene una sanción de siete a diez años de privación de la libertad. Además de la prisión preventiva o el arresto domiciliario, el juez también ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de los procesados y les prohibió enajenar sus bienes. 

    En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal general, Diana Salazar, presentó quince elementos de convicción para justificar la existencia de “una estructura de delincuencia organizada”. Salazar dijo que el asambleísta Mendoza, valiéndose de su cargo, habría “coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí”, incluyendo la construcción del Hospital Básico de Pedernales. 

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    Según Salazar, en los computadores incautados en el Consorcio Pedernales-Manabí, empresa constructora encargada de la construcción del Hospital de Pedernales, se encontraron registros de pagos a funcionarios públicos, entre ellos Mendoza y Tamayo. La Fiscal presentó registros de chats en los que los otros tres procesados se reunían con el asambleísta Mendoza para rendirle cuentas. Y también presentó escuchas telefónicas en las que se detallan las entregas de los cheques y dinero a los procesados. 

    Además, Salazar entregó el informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, que señala las irregularidades en la contratación de la construcción del Hospital de Pedernales. Según la Contraloría, el Consorcio Pedernales-Manabí recibió el 3 de marzo un anticipo de alrededor de 7,3 millones de dólares para la obra, pero hasta el momento la construcción no ha avanzado.

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    Las investigaciones por presuntas irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales empezaron hace tres meses, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en Twitter. El 2 de junio, en una rueda de prensa, Salazar dijo que no se podía avanzar con el proceso porque “se encuentran suspendidos los plazos y los términos por parte de la función Judicial” por la emergencia sanitaria. La Fiscalía, dijo Salazar en la rueda de prensa del 2 de junio, recibió una notificación de la Jueza de Garantías penales de Manabí en la que “conmina a la Fiscalía a detener las diligencias para que no avancemos”. 

    El 14 de mayo de 2020, la Fiscalía realizó un primer operativo con múltiples allanamientos y detenciones de involucrados en el caso. Incluyendo a Jean Carlos Benavides, asesor de Mendoza. En el operativo, la Fiscalía decomisó 1,6 millones de dólares––1.032.529,10 en cheques y 662.191,70 en efectivo.

    El juez Marco Rodríguez anunció el 5 de junio que la instrucción fiscal —la etapa del proceso penal en la que la Fiscalía investiga los hechos que podrían ser los elementos de un posible delito— del caso durará 90 días.