La noche del 12 de abril de 2020, en una cadena nacional y en una rueda de prensa, el ministro de Economía, Richard Martínez, explicó las etapas del plan de respuesta a la crisis económica y social por el covid-19 del gobierno ecuatoriano. Son tres: resistencia, reactivación y recuperación. 

En la rueda de prensa participaron también Juan Sebastián Roldán, Secretario General de Gabinete de la Presidencia, e Iván Ontaneda, Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 

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Martínez empezó hablando de la realidad y limitaciones que tiene el Ecuador en comparación a otros países de la región. Según Martínez, la economía ecuatoriana tiene cinco grandes restricciones: no tiene espacio fiscal, no tiene ahorros públicos, no tiene reservas internacionales suficientes, no hay acceso a los mercados internacionales y no puede expandir el crédito si no recibe dólares de afuera. Además, Richard Martínez dijo que los ingresos petroleros disminuirán en 2.500 millones de dólares, 400 millones menos que los que el presidente Lenín Moreno había predicho a principios de marzo. Martínez también dijo que el ingreso tributario disminuirá 1.800 millones más. Esas condiciones agravan la posición del país frente a la crisis económica global que la pandemia del covid-19 causará. 

En la etapa de resistencia, lo importante “es dar alivio y enfocarse en lo inmediato”, dijo Martínez. Requiere “un esfuerzo humanitario y solidario para garantizar la supervivencia de personas, empleos y empresas durante la cuarentena”, dijo el Ministro. Para ello, se han destinado 760 millones para comprar equipos médicos, pruebas, medicamentos, camas de cuidados intensivos, hospitales móviles, respiradores y otros insumos. 

El ministro Martínez dijo que la resistencia también está enfocada en la protección de los más vulnerables. Por eso se dará el Bono de Protección Familiar, de 60 dólares, a un millón más de familias. Para esto, el Estado destinará 150 millones de dólares. “Llegaremos a un millón más con las contribuciones de la cuenta nacional de asistencia humanitaria” que será aportada por los empleados y las empresas. Así se ayudará a casi 3 millones de familias por al menos dos meses. 

En esta etapa, se emitirá un decreto para ampliar el diferimiento del pago del impuesto a la renta y del IVA de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) por seis meses. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social diferirá los pagos del aporte patronal por 3 meses. Además, habrá una línea de crédito de largo plazo para PYMES a tasas de interés que no superen el 2% para sostener los empleos. Este aporte vendrá de las empresas que tuvieron más de un millón de dólares en utilidades en 2019.

La cuenta nacional de asistencia humanitaria es una parte clave de las etapa de resistencia. La cuenta será financiada por las empresas más grandes, los empleados públicos y los privados, que aportarán un monto proporcional a sus ingresos que serán usados para ayudar a quienes más lo necesitan, dijo Martínez. Los únicos exentos de hacer el aporte son los empleados y empresas del sector de salud, educación, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 

Los empleados privados aportarán según una tabla anunciada por el presidente Lenín Moreno el 10 de abril de 2020 en cadena nacional. Todos aquellos que ganen más de 500 dólares mensuales darán una parte de su sueldo por 9 meses. Los empleados públicos que ganen entre 500 y 1000 dólares mensuales aportarán según la tabla. Los que ganen más, darán el 10% de su sueldo por 9 meses. Según Martínez, es el plazo adecuado para la recaudación de ayuda económica con propósitos humanitarios. Hacerlo por un tiempo menor implicaría que la contribución mensual sea mayor. 

plan para la crisis económica

Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de la Secretaría Nacional de Comunicación.

Las empresas que el año pasado obtuvieron más de un millón de dólares en utilidades también aportarán de forma proporcional, según otra tabla. Este dinero servirá para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Martínez explicóque se emitirá un decreto con excepciones, porque algunas empresas que el año pasado superaron el millón de dólares en utilidades no ganaron nada durante la cuarentena. El ministro Iván Ontaneda explicó que les preocupa la base de la pirámide, por eso empezaron con ayuda para las PYMES. Si las grandes empresas lo necesitan, también se les dará ayuda, dijo Ontaneda.

plan para la crisis económica

Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de la Secretaría Nacional de Comunicación.

Juan Sebastián Roldán explicó que, como ya había anunciado el presidente Moreno, los ministros, viceministros, el Presidente y el Vicepresidente donarán el 50% de sus sueldo mientras dure la emergencia sanitaria. “No pediremos un esfuerzo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer”, dijo Roldán. 

Los fondos de la  cuenta nacional de asistencia humanitaria serán usados para varios propósitos. Los privados se destinarán a transferencias directas de protección social. En su mayoría, bonos. El de las empresas se usará para apoyar a las PYMES. Por ejemplo, 300 millones de dólares serán usados como garantía de préstamos para estas empresas. Y el dinero de los empleados públicos y del gobierno representará un ahorro para “disminuir la recaudación que se necesita”, explicó el Ministro de Economía.  

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En la recuperación lo más importante será lograr acuerdos entre empleados y empleadores. Martínez dijo que no se puede exigir que un negocio que no está vendiendo cumpla con todas sus obligaciones patronales. Por ello, mediante un decreto, se establecerá un régimen en el que el acuerdo entre las partes será la norma. Eso permitirá que “todos los aspectos relevantes para el funcionamiento de la economía se puedan acordar con la finalidad de preservar al máximo posible los trabajos”, dijo Martínez que puso algunos ejemplos. Para evitar despidos se podrán acordar nuevos salarios, jornadas de trabajo diferentes , períodos de gracia y otras garantías “para que los más débiles no salgan perjudicados”, dijo el Ministro. 

Las empresas que se acojan al régimen de estos acuerdos no podrán pagar dividendos a sus accionistas durante la recuperación y deberán comprometerse a preservar las fuentes de trabajo que se hayan acordado. A cambio, el Estado ofrecerá apoyos crediticios y de liquidez a las empresas y trabajadores que hayan llegado a acuerdos. Martínez dijo que se garantizará “absoluta transparencia de la información sanciones a los responsables”.

Según Juan Sebastián Roldán, “vamos a un Ecuador nuevo y con una economía nueva”. Será formada, según Roldán, por los acuerdos entre el empleador y el empleado, el dueño de la casa y el inquilino, el acreedor de la deuda y el que compró la moto.

Las empresas que no lleguen a acuerdos y deban cerrar podrán acogerse a un nuevo régimen de liquidación que tendrá una vigencia de dos a tres años para finalizar los pagos. El régimen será “claro, sencillo y expedito” dijo Martínez, quien también garantizó que los empleados serían los primeros en beneficiarse de la liquidación de activos de la empresa. 

Los ministros Martínez, Roldán y Ontaneda explicaron la importancia de los créditos internacionales. Se recibirán 2 mil millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Además se están concretando acuerdos con entidades financieras de China por 2.400 millones de dólares más. Según Martínez se espera que el dinero prometido por los organismos internacionales llegue “entre abril y mayo”. Hasta julio espera renegociar el acuerdo con el FMI y posiblemente incrementar la cantidad de dinero acordada.

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En la recuperación los acuerdos seguirán siendo necesarios, dijo. “Habrá equilibrio entre las partes”, dijo el ministro Martínez, que deberá ser garantizado con el marco normativo. Además de la voluntad de los involucrados, se deberán aprobar cambios estructurales que requieren de reformas legales. Por eso, el ministro Richard Martínez hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que “viabilice este esquema que puede salvar a la economía del Ecuador”. Esta etapa podría durar hasta 2022, según Martínez.