El año pasado, 2019, estuvo marcado por discusiones sobre derechos que polarizaron a los ecuatorianos: el matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobado en junio, después de un largo camino y, aunque no se aprobó, la posibilidad de despenalizar el aborto en casos de violación se debatió en la Asamblea Nacional. Además, la migración —sobre todo venezolana— estuvo en el centro de la conversación nacional. La fuerte oposición a estos temas de muchos ecuatorianos era una muestra de lo que está sistematizado en el último informe del Barómetro de las Américas: el Ecuador es aún conservador, un país poco abierto a la evolución social.
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La investigación del Barómetro se hizo en 18 países de la región entre 2018 y 2019. Hay un capítulo dedicado a intentar descifrar si en Ecuador, las personas se sienten más identificadas con los valores progresistas o conservadores. Los primeros están definidos como aquellos que encarnan quienes justifican el aborto, aceptan la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo o que una persona homosexual ejerza un cargo público, son más tolerantes con los extranjeros y creen en la igualdad de género. Los conservadores encarnan posturas contrarias.
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Una de las preguntas planteadas es qué tanto aprueban o desaprueban que los homosexuales puedan postularse a cargos públicos. 36 de cada cien ecuatorianos lo desaprueban —la misma cantidad no tienen una postura muy definida y 27 de cada cien lo aprueban. Hay más ecuatorianos propensos a condenar por orientación sexual el ejercicio de este derecho político.
Aún así, la evolución en el tiempo es favorable a los derechos: la aprobación de la población a que haya personas homosexuales en cargos públicos pasó de 19,4% en 2006. Algo similar ocurre con el matrimonio entre personas del mismo sexo: en 2010, apenas lo aprobaba el 9% de la población. Nueve años después es el 23%: más del doble.
A nivel regional, Uruguay es más progresista en este ámbito: 64 de cada 100 uruguayos aprueba que los homosexuales a postularse a cargos públicos. Está muy por encima del promedio en la región que indica que solo 32 personas de cien apoyan esta opción. Ecuador está en el octavo puesto, debajo del promedio: solo el 27% de los ecuatorianos son favorables a esta postura.
La resistencia al matrimonio entre personas del mismo sexo, es aún mayor: 51 de cada cien ecuatorianos lo desaprueban, y solo 23 de cada cien están de acuerdo. El resto tiene una postura ambivalente. En la región, Ecuador también está por debajo del promedio, muy por detrás de países como Uruguay y Argentina, pero por delante de países como Perú y Bolivia.
Eso demuestra que a pesar de que se hayan logrado avances como la igualdad de derechos en cuanto al matrimonio, aún hay una gran parte de la sociedad que se resiste al cambio y que, aunque han pasado 22 años desde que se despenalizó la homosexualidad, todavía hay una gran condena social hacia esta minoría.
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A principios de 2020, la Asamblea aprobó las reformas al Código de la Democracia entre las que está que la obligación de que en las listas con los candidatos a todas las dignidades, haya paridad de género. La norma generó polémica y críticas de quienes consideran que no se debería obligar a que la mitad de los candidatos sean mujeres. Sin embargo que, en 2008 y en 2019, 23 de cada cien encuestados crean que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres demuestra que quizás sí es necesaria la exigencia de paridad a través de una ley.
En este tema, Ecuador está apenas por encima del promedio regional, en donde 23,4% de personas están de acuerdo con la premisa (en Ecuador son 23,2%). En 2012, esa cifra aumentó al 25,6% lo cual demuestra que hay un estancamiento. En más de una década, la idea de que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres se ha mantenido a pesar de que, entre 2013 y 2017, en la Asamblea Nacional hubo una presidenta y dos vicepresidentas, todas mujeres elegidas por Alianza País. Quizás también, el hecho de que sus actuaciones políticas fueran tan cuestionadas, recordaron que ser mujer no basta. Esas cifras demuestran que Ecuador es aún conservador en este tema.
En 2014, el 7% de alcaldías tenían al frente una mujer —es decir, había 16 alcaldesas. En las siguientes elecciones, cinco años después, el número aumentó mínimamente, a 18 —solamente una frente a una capital de provincia, Cynthia Viteri, elegida por el Partido Social Cristiano en Guayaquil.
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En enero de 2019, una mujer embarazada fue asesinada en Ibarra casi en vivo, por su pareja, un ciudadano venezolano. El gobierno respondió concentrándose en la nacionalidad del agresor y desatando una peligrosa ola de xenofobia.
Una de las preguntas realizadas por el Barómetro de las Américas, ese año —y el anterior— revelan, sin embargo, que 49 de cada cien ecuatorianos son favorables a que el gobierno de Ecuador ofrezca servicios sociales a los extranjeros; 38 se oponen. La cantidad de personas favorables a que se les de servicios aumentó seis puntos desde 2008 pero se redujo desde 2016 cuando tuvo su pico de aprobación más alto: en ese momento 59 de cada cien ecuatorianos eran favorables.
Una de las explicaciones podría ser que, desde 2016 hasta mediados de 2019 entraron a Ecuador un millón de venezolanos, superando el 2018, que hasta ese momento, había sido el año en que más entraron (la cifra era de 954 mil, cuatro veces más que en 2017, aunque apenas 250 mil se quedaron, los otros siguieron hacia otros países).
En la encuesta del Barómetro de las Américas se incluye una pregunta en la que se hace una distinción en la nacionalidad de los extranjeros (venezolanos, españoles o cualquier extranjero) y la predisposición de los ecuatorianos a que el estado les ofrezca servicios sociales. La respuesta no varía demasiado si el extranjero es venezolano, español o simplemente, extranjero.
Con respecto a la región, Chile y Brasil, son los países en donde los ciudadanos están más dispuestos a que sus gobiernos ofrezca servicios sociales a los extranjeros; 71,2% en el primer caso y 69,4%, en el otro. Por debajo de Ecuador, están Panamá (45,4%) y Perú (34,5%).
Esto, al igual que el resto de preguntas sobre las minorías, muestran que en Ecuador aún hay un camino que recorrer para que las minorías —como las mujeres, la comunidad GLBTI o los migrantes— sean consideradas iguales, y no ciudadanos de segunda categoría. Si bien hay cierto marco normativo que garantiza la igualdad ante la ley, la mirada social no siempre está acorde a lo que dice el papel.
