El final de 2019 es también el final de la segunda década del milenio. Durante los siete primeros años, Rafael Correa gobernó el Ecuador con un estilo de liderazgo controvertido. Los dos años restantes se desarrollaron ya bajo el gobierno de su heredero político y antiguo amigo, Lenín Moreno. Las protestas, las medidas económicas y los procesos electorales enrumbaron la cotidianidad política del país, bajo el estilo del gobernante de turno.

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Esta es una recopilación de algunos de los hechos políticos que marcaron la década en Ecuador.

El polarizante 30S

Hechos políticos que marcaron la década en Ecuador

El 30S fue uno de los hechos más difíciles que tuvo que enfrentar Rafael Correa en la década que gobernó. Ilustración de Gabriela Valarezo para GK.

El 30 de septiembre de 2010 estalló una revuelta policial en reclamo a las reformas a la Ley de Servicio Público. 

Los cambios a esa Ley fueron aprobados por la Asamblea Nacional un mes antes e incluían la eliminación de bonificaciones económicas por condecoraciones y ascensos a los policías. 

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La revuelta empezó cerca de las ocho de la mañana, cuando un grupo de policías se manifestó en el Regimiento Quito, en el centro norte de la capital. Allí funcionaban varias unidades policiales, incluyendo el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), una escuela de formación policial y algunas oficinas administrativas.

El entonces presidente Rafael Correa decidió ir al Regimiento Quito a hablarle a los policías. Allí fue abucheado e increpado por la tropa que lo escuchaba. Correa se enfureció y desafió a los policías a que lo mataran. En medio de bombas lacrimógenas y golpes, Correa fue evacuado hacia el Hospital de la Policía, en donde estuvo varias horas retenido. El gobierno consideró desde el inicio que se trataba de un golpe de Estado.

En todo el país hubo desmanes: saqueos, protestas, vías bloqueadas y policías autodeclarados en rebeldía, negándose a cumplir sus funciones. El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, aún en su antigua ubicación dentro de Quito, fue bloqueado por un grupo de militares de las Fuerzas Armadas que se unieron a la rebelión. El gobierno decretó un estado de excepción, y ordenó la transmisión de una única señal televisiva, a cargo de Ecuador TV, el canal estatal controlado por el gobierno. 

Los hechos terminaron con el rescate de Correa. En medio de un tiroteo que fue transmitido en vivo, el entonces Presidente fue sacado por un grupo de élite de la Policía Nacional y por los militares. 

Al menos cinco personas murieron ese día. 

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El 30 de septiembre fue uno de los puntos de inflexión en el gobierno de Rafael Correa: el país se radicalizó entre sus opositores y sus detractores, la prensa fue convertida en un actor político, y el poder se fue concentrando en un partido que insistía en mimetizarse con el Estado. 

Correa siempre ha sostenido que se trató de un secuestro destinado a derrocar al gobierno democráticamente elegido, mientras que sus críticos adujeron que era desde una compleja coreografía hasta una provocación del Presidente para justificar el giro autoritario que sería uno de los rasgos de su década en el poder.

Una consulta para meter las manos en la Justicia

Los hechos políticos que marcaron la década en Ecuador

Rafael Correa impulsó un referéndum y una consulta popular en 2011. Ilustración de Gabriela Valarezo para GK.

El sábado 7 de mayo, los ecuatorianos fueron a las urnas para votar por un referéndum y una consulta popular impulsada por el gobierno de Rafael Correa. 

Eran diez preguntas sobre distintos temas: las cinco primeras implicaban reformas a la Constitución, aprobada apenas dos años antes; las otras cinco, se referían a temas de interés público como la prohibición de negocios de juegos de azar como casinos y salas de juego, la prohibición de espectáculos que tengan como finalidad la muerte de un animal (en referencia a las corridas de toros o a las peleas de gallos). 

Se incluyó además la penalización de la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del enriquecimiento privado no justificado. 

Pero la esencia de la consulta —y lo más importante en cuanto a la estructura del Estado— era los planteamientos sobre  la posibilidad de reestructurar el sistema judicial. Las preguntas incluían la opción de sustituir el pleno del Consejo de la Judicatura por un Consejo de Transición, conformado por tres miembros —uno elegido por la Función Ejecutiva, otro por el Poder Legislativo y otro por la Función de Transparencia y Control Social. El Consejo debía mantenerse en funciones por un plazo improrrogable de 18 meses con el objetivo de reestructurar la función judicial. 

Los cuestionamientos se enfocaron en la preocupación de que el Ejecutivo tenga injerencia en el poder judicial. A Correa no le preocupaban las críticas. En enero, cuatro meses antes de que se llevara a cabo la consulta, ya había aceptado que metería las manos en las Cortes.

Eso le valió uno de los quiebres políticos más significativos de su gobierno: Ruptura de los 25, el movimiento de jóvenes que lo había apoyado desde 2007, cuando ganó las elecciones, se separó de la coaliación de gobierno. Sus militantes que ocupaban cargos públicos, renunciaron. 

El Sí ganó en todas las preguntas, salvo en la que hacía referencia a la prohibición de espectáculos con la muerte de un animal, pues su aplicación era de ámbito local. Cada cantón debía elegir y allí las respuestas fueron variadas, aunque Quito, un destino taurino histórico, votó a favor de la prohibición. Era la sexta victoria electoral de Rafael Correa desde que entró en política, en 2007. 

Julian Assange, refugiado

Uno de los hitos políticos fue el asilo a Julian Assange.

Julian Assange se refugió en 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres. Ilustración de Gabriela Valarezo para GK.

En junio, el hacker australiano Julian Assange entró a la Embajada de Ecuador en Londres  buscando protección. 

La justicia sueca lo requería por una acusación de violación cuya orden de arresto había sido emitida en noviembre de 2010. En diciembre de ese año, Assange se había entregado a la policía británica que lo detuvo, pero tras el pago de una fianza, salió en libertad condicional. 

Assange se había convertido en un personaje altamente controversial tras la creación de WikiLeaks, una organización sin fines de lucro que publicó cientos de miles de documentos que involucraban al gobierno de Estados Unidos en supuestos crímenes de guerra y espionaje ilegal. Entre julio y octubre de 2010, Wikileaks había liberado más de 700 mil documentos, que incluían informes militares de la guerra de Irak y cables diplomáticos estadounidenses. 

Un mes después de haberse refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, el 15 de agosto de 2012, el gobierno británico amenazó con una incursión en la sede diplomática ecuatoriana. En una reunión del bloque regional llamado Alianza Bolivariana de los pueblos para nuestra América (ALBA) Rafael Correa rechazó la amenaza del Reino Unido, con el respaldo de los otros países miembros. El gobierno de Correa decidió, un día después de la amenaza de Reino Unido, otorgarle el asilo a Assange.

Assange permanecería siete años en la Embajada, hasta abril de 2019. 

El fin de la iniciativa Yasuní ITT

Diez años marcados por hechos políticos

Rafael Correa dio por terminada la iniciativa Yasuní ITT. Ilustración de Gabriela Valarezo para GK.

En agosto de 2013, el entonces presidente Rafael Correa, anunció el fin de la iniciativa Yasuní ITT. 

La iniciativa fue planteada en 2007 para mantener bajo tierra las reservas petroleras de los campos Ishpingo Tiputini Tambococha (ITT) en el parque nacional Yasuní, una zona biodiversa de la Amazonía ecuatoriana. 

La estimación de las reservas, según el gobierno, era de 920 millones de barriles —el 20% de reservas comprobadas del país. La propuesta buscaba evitar la emisión de 400 millones de toneladas de CO2, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. 

A cambio, Ecuador pedía que la comunidad internacional contribuyera con, al menos, la mitad de lo que percibiría el estado ecuatoriano si es que explotara el bloque ITT: 3.600 millones de dólares. 

Pero hasta 2013, la iniciativa había fracasado en recaudar los fondos. Correa anunció su fin, y por ende, la explotación del Yasuní, en una cadena nacional. La Asamblea Nacional dio la autorización para la explotación de los bloques 31 y 43 del ITT. 

Esto provocó la respuesta de sectores ecologistas, amazónicos y ciudadanos. En octubre, dos meses después del anuncio, una marcha de mujeres amazónicas llegó a Quito para pedirle al Presidente que declarase sus territorios como “selva viva” y que no se explotase el Yasuní. 

Correa no las recibió. Les dijo que él estaría en Pañacocha —al norte de la Amazonía ecuatoriana— la siguiente semana y que allí podían encontrarse. Tras ese desaire, las mujeres amazónicas pidieron audiencia en la Asamblea Nacional, donde fueron recibidas tras una semana de espera. 

Casi tres años después, en septiembre de 2016, finalmente inició la explotación petrolera en el bloque 43 del ITT. 

La primera gran derrota electoral del correísmo

Los hechos políticos que marcaron la década en Ecuador

En 2014 fue el primer revés electoral del correismo. Ilustración de Gabriela Valarezo para GK.

En las elecciones seccionales de febrero de 2014, el movimiento oficialista en ese momento liderado por  el presidente Rafael Correa, sufrió su primera gran derrota. 

Después de haber ganado nueve procesos electorales desde 2007, Alianza País perdió las candidaturas a la Alcaldía en Quito, Guayaquil y Cuenca, las principales ciudades del país.  

Rafael Correa reconoció como un revés los resultados electorales aunque lo matizó enfatizando que triunfaron en las provincias más grandes como Pichincha y Guayas. En la primera, con la reelección de Gustavo Baroja. En la segunda, con la victoria de Jimmy Jairala, en una alianza.

Augusto Barrera, entonces alcalde de Quito y candidato a la reelección, perdió por veinte puntos contra Mauricio Rodas, un candidato con escasa experiencia política y respaldado por SUMA, su movimiento, creado apenas dos años antes. 

Fue, quizá, el primer síntoma que el fenómeno electoral que fue Rafael Correa entraba en decadencia o, al menos, estaba fuertemente desgastado.

Protestas por las leyes de plusvalía y herencia

Protestas contra Rafael Correa

En 2015, hubo varias protestas sociales en contra del gobierno de Rafael Correa. Ilustración de Gabriela Valarezo para GK.

El presidente Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que causaron las protestas más fuertes contra su gobierno.

El proyecto de Ley Orgánica para la Distribución de la Riqueza incluía una propuesta para modificar el impuesto a la herencia. Un mes antes, Correa ya había anunciado un impuesto a la plusvalía.

Ambas medidas generaron movilizaciones y protestas en algunas ciudades. 

Las protestas hicieron retroceder a Rafael Correa por primera vez en su ejercicio del poder. Dos semanas antes de la visita del Papa Francisco a Ecuador, anunció el retiro temporal de los proyectos de ley, enfatizando la necesidad de tranquilidad para la visita del máximo cabecilla de la Iglesia Católica, que tuvo lugar en los primeros días de julio. A pesar de eso, en Quito y Guayaquil, las protestas continuaron durante varios días. 

Tras la visita del Papa, las protestas se retomaron y a ellas se sumaron otros sectores sociales. 

Se organizaron protestas para exigir que se entreguen recursos para la Amazonía y para la provincia de Esmeraldas. 

El 13 de agosto se convocó a un paro nacional de las centrales sindicales y otras organizaciones sociales. 

El movimiento indígena plegó a las manifestaciones. Salió marchando a principios de agosto desde la ciudad amazónica de Zamora hacia Quito. Varios dirigentes fueron detenidos (Salvador Quishpe, entonces Prefecto de Morona Santiago y Carlos Pérez Guartambel, entonces Presidente de la Ecuarunari, quien posteriormente cambiaría su nombre castizo por el de Yaku). 

A sus demandas se sumó el pedido de eliminar el proyecto que pretendía aprobar varias enmiendas constitucionales —entre estas, la posibilidad de reelección indefinida, que se aprobó entre fuertes protestas. Para aplacarla, Alianza País, que era la fuerza mayoritaria en la Asamblea, propuso que Correa no pudiera reelegirse inmediatamente, sino un período después (el que empezará en 2021). Esta decisión tendría efectos monumentales en la historia política del Ecuador. 

Las enmiendas constitucionales se aprobaron en diciembre de 2015. Seis meses después, en junio de 2016, la Asamblea aprobó el proyecto sobre el impuesto a la herencia y en diciembre de ese año, se aprobó la Ley de Plusvalía.

La catástrofe natural más grave del siglo

Rafael Correa planteó medidas económicas

Tras el terremoto de 2016, el gobierno de Correa planteó una serie de medidas económicas. Ilustración de Gabriela Valarezo para GK.

Un terremoto de 7,8 grados sacudió la costa norte del Ecuador el 16 de abril de 2016, dejando al menos 668 muertos, miles de heridos, y miles de millones en pérdidas económicas. 

Cinco días después, el presidente Correa anunció medidas económicas para responder a las pérdidas materiales ocasionadas por el terremoto. 

Entre las medidas tomadas, estaba el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) por un período de un año: pasó del 12% al 14%. También se dispuso que los servidores públicos que ganaban más de mil dólares mensuales donen un día de su sueldo. Se incluyó también una contribución única del 3% sobre las utilidades y una por 0,9% para personas naturales con un patrimonio superior al millón de dólares.

Correa anunció, además, que el Ecuador tenía varias líneas de crédito abiertas, específicas para este tipo de contingencias. El monto de los créditos, dijo, era de 600 millones de dólares y venían del Banco de Desarrollo de América Latina, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial. 

Cuando el polvo del desastre se asentó, se calculó que cerca de 400 mil personas fueron afectadas. De ellas, muchísimas perdieron sus casas. El proyecto para devolverles una vivienda digna sería uno de los puntos más cuestionados del proyecto de reconstrucción posterremoto: dos años después del sismo, todavía había 6.900 familias sin hogar y 900 que no recibían su casa por los contratistas incumplidos.

El fin de la década de Rafael Correa

Rafael Correa rompió con Lenín Moreno

En 2017, Correa y Moreno rompieron políticamente en 2017. Ilustración de Gabriela Valarezo para GK.

En mayo de 2017, Rafael Correa entregó el poder a su coideario,  su vicepresidente durante seis años y su futuro enemigo capital, Lenín Moreno. 

Con una crisis económica creciente, la popularidad de Correa y su movimiento Alianza País había caído y necesitaba un candidato fuerte. Al interior del movimiento se discutían varios nombres, pero Correa ungió a Moreno, que mantuvo niveles excepcionales de aceptación cuando fue su vicepresidente entre 2007 y 2013. Los coidearios de Correa dudaban de Moreno, pero la voluntad del caudillo se impuso. 

Moreno ganó por un estrecho margen al exbanquero y alfil de la ultraderecha, Guillermo Lasso, en medio de acusaciones de fraude, en un país profundamente partido por la radicalización entre seguidores y opositores de Rafael Correa. A pesar de ello, el 19 de febrero, en la segunda vuelta electoral, Alianza País celebró la retención del poder. 

Nadie imaginaba que pronto, Moreno y Correa se convertirían en enemigos políticos y que con su ruptura política, implosionaría el alguna vez todopoderoso Alianza País.

Una de las primeras decisiones que Moreno tomó fue acercarse a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a la que Correa enfrentó duramente durante su gobierno. Moreno se acercó, también, al sector empresarial y a los medios de comunicación, ambos muy cuestionados por el gobierno de Correa. Moreno pronto deshizo algunas de las medidas tomadas por su predecesor, como restituirle la personería jurídica a la Fundación Pachamama, disuelta durante el correísmo, y devolverle la sede a la Conaie, que la había perdido por orden del gobierno de Correa. 

Los desacuerdos empezaron como cruces verbales, primero en privado, luego en público. La enemistad escaló hasta que causó un cisma monumental. 

El momento más álgido llegó cuando Moreno empezó a distanciarse de Jorge Glas, reelecto Vicepresidente de la República. El Presidente adoptó un discurso público en el que se desmarcaba de Glas, hasta que le retiró sus funciones menos de tres meses después de posesionados. Glas terminaría enjuiciado, detenido y sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita. Después, perdería su cargo.

Con una maniobra política, Moreno se quedaría con Alianza País, el movimiento creado por Correa en 2006 para su primera candidatura. 

Los funcionarios públicos afines a Correa como Paola Pabón —actual Prefecta de Pichincha—, Ricardo Patiño y Virgilio Hernández, renunciarían al gobierno de Moreno.

El quiebre del bloque legislativo vendría casi de inmediato: de los setenta legisladores que llegaron con Alianza País, una treintena se separaría para autodenominarse de la Revolución Ciudadana, es decir, correísta.

Una consulta popular para desmontar al correísmo

Lenín Moreno convocó a consulta popular

En 2018, Lenín Moreno convocó a consulta popular. Ilustración de Gabriela Valarezo para GK.

En el cenit de su popularidad, Lenín Moreno convocó a un referéndum y una consulta popular para febrero de 2018. 

Eran siete preguntas que incluían la lucha contra la corrupción, la eliminación de la reelección indefinida, la posibilidad de inhabilitar políticamente a las personas condenadas por delitos de corrupción, eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y la derogación de la Ley de Plusvalía. Además se incluyó una pregunta para poder enmendar la Constitución y reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y dar por terminado el período con los miembros que en ese momento, eran considerados afines al correísmo.

La consulta fue una victoria política para Lenín Moreno: ganó el Sí en todas las preguntas. Pronto se instaló el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, liderado por Julio César Trujillo, que lideraría fuertes cambios en las funciones del Estado. 

Las protestas sociales más graves de la década

El paro nacional de 2019

Las medidas económicas del gobierno de Moreno desembocaron en un paro nacional. Ilustración de Gabriela Valarezo para GK.

En octubre, los gremios de transportistas anunciaron un paro general, en respuesta a las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, que incluían la eliminación del subsidio a los combustibles. 

Aunque la paralización fue depuesta por los transportistas pocos días después, el paro continuó cuando el movimiento indígena y otros sectores sociales anunciaron que lo mantendrían. Indígenas de varias provincias del país llegaron hasta Quito y empezaron los enfrentamientos con la Policía. 

Con el paso de los días, la situación llegó a niveles insospechados de violencia. El paro duró once días. 

El 3 de octubre, el presidente Moreno decretó el estado de excepción y trasladó la sede de gobierno de Quito a Guayaquil. Dijo, además, que se trataba de un intento de desestabilización al gobierno.

Hubo, además, saqueos a comercios, ataques a la Contraloría General del Estado, destrucción de bienes privados, retención a autoridades locales, ataques a la Cruz Roja y tomas de la Asamblea Nacional. 

Murieron once personas, hubo más de 200 agresiones a periodistas y medios de comunicación, graves acusaciones de represión policial, policías heridos por bombas molotov, retención de oficiales de seguridad, intentos de y tomas de cuarteles y unidades policiales y vehículos militares. 

Además, los daños económicos generados por los once días de paralización comercial, industrial y de exportación e importación, superó los 2.500 millones de dólares. La proyección de crecimiento para 2020 fue reducida de 0,9% a 0,6%.

El domingo 13 de octubre se estableció una mesa de diálogo entre los líderes indígenas y el gobierno nacional. El acuerdo fue derogar el decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles.