Por estos días, el Festival de Artes Vivas de Loja produce más noticias judiciales que de arte y cultura. La asambleísta del movimiento ARE (fundado por el exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, afín al gobierno de Rafael Correa), Verónica Arias denunció que Cruz Violeta Zambrano Basurto, la persona a la que el Ministerio de Cultura le adjudicó el contrato para la preproducción, producción y posproducción del festival, vendía artículos de ferretería. Según Arias, apenas le fue adjudicado el contrato, Zambrano actualizó su Registro Único de Contribuyente (RUC, el documento de identificación tributaria ecuatoriano) a ‘organización de eventos’. El Ministro de Cultura, el cantautor Juan Fernando Velasco, respondió en dos ruedas de prensa —una en Loja—. En ambas dijo que había denunciado a Zambrano por falsificación de documentos en la Fiscalía y que la relevó como productora del festival. Velasco dijo, además, que el festival estaba siendo boicoteado. “No cederemos ante las distintas presiones que buscan aprovecharse de esta ilusión que tiene Loja y el Ecuador”, dijo.
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A las ruedas de prensa el ministro Velasco no fue solo. Lo acompañó la Secretaria Anticorrupción encargada, Dora Ordóñez. “Vamos a apoyar al mayor evento cultural del país”, dijo Ordóñez. En Loja, el periodista lojano Ilvar Jaramillo le preguntó al ministro Velasco por qué a la comisión técnica “se le pasó” revisar los antecedentes de la señora Zambrano Basurto. Velasco respondió que la comisión técnica encargada de la licitación solo revisa los documentos de las propuestas que le llegan. Según Velasco, luego de la adjudicación el Ministerio hizo una investigación más profunda.
No respondió, sin embargo, sobre las responsabilidades que tendría el Ministerio de Cultura en la adjudicación de este contrato que tuvo que ser retirado. Este no es el primer tropiezo en la organización del festival que se ha convertido en uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad (porque además, coincide con las fiestas de independencia) y atrae a más de 6 mil turistas extranjeros.
La historia de la edición 2019 del festival ha sido quizá el punto más complicado de la breve gestión de Velasco, ministro desde junio de 2019.
El 22 de julio, el ministro Velasco confirmó que el presupuesto del festival sería de más de 1 millón 600 mil dólares. Es un monto menor al de las ediciones anteriores, que llegaron a tener presupuestos de entre 1 millón 900 mil y 3 millones de dólares. Según el Ministro, el recorte del presupuesto se hizo en la administración de su antecesor Raúl Pérez Torres, en la que también se retiró el rubro correspondiente a “comunicación internacional”.
Dos días después del anuncio, Velasco compareció en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional por petición de la asambleísta correísta, Verónica Arias. Mientras Arias mostraba su preocupación por la reducción del presupuesto, Velasco se defendía indicando que en las ediciones anteriores, de 2017 y 2018, se hicieron contrataciones directas: “el dinero se asignó bajo régimen especial”, dijo. Quería recalcar que no hubo un concurso, sino que se negoció con un único proveedor y se le adjudicó el contrato. La primera edición, en 2016, fue organizada por la empresa Satré. La segunda y tercera ediciones, de 2017 y 2018, estuvieron a cargo de la empresa Stargroup del grupo Ekos.
En la comparecencia, tanto el ministro Velasco como la asambleísta de CREO por Loja, Jeannine Cruz, hablaron del examen especial que la Contraloría del Estado hizo a los contratos de organización de la segunda y tercera edición del FIAVL (en el periodo marzo a diciembre de 2017). Ese examen especial concluyó que la determinación del presupuesto referencial para esas ediciones no tuvo ningún estudio técnico que avale “las cantidades requeridas para la ejecución de actividades” y que no hubo ninguna justificación para contratar a través de régimen especial.
El examen especial que la Contraloría del Estado hizo a los contratos de la segunda y tercera edición del FIAVL concluyó que la determinación del presupuesto referencial para esas ediciones no tuvo ningún estudio técnico. Fotografía del Ministerio de Cultura y Patrimonio bajo licencia Public Domain Mark 1.0
Además de su visita a la Asamblea, Velasco tuvo un cruce de argumentos en Twitter con el expresidente Rafael Correa sobre el presupuesto del festival. Velasco escribió que los que “ahora se rasgan las vestiduras” no se quejaron cuando hubo sobreprecios en las ediciones de 2017 y 2018 del festival. Correa le contestó a Velasco acusándolo de mentir, pues, según él, la reducción del presupuesto se hizo durante el gobierno de Moreno. Velasco le respondió que los contratos de ambos años (2017 y 2018) se hicieron en mayo de 2017, cuando Correa aún era presidente. El intercambio de tuits terminó cuando Correa le sugirió al ministro que se aleje a tiempo del gobierno de su examigo.
Ya con Velasco a la cabeza de un ministerio cuestionado por años, sin distinción de gobierno, el contrato para el festival, para 2019, fue adjudicado el 22 de agosto de ese año. Zambrano obtuvo la mejor calificación en la licitación que hizo el Ministerio de Cultura: 98,6 sobre 100. El segundo mejor calificado en el proceso fue la compañía Satré, la compañía que organizó la primera Edición del Festival de Artes Vivas de Loja: 92,6 puntos
Según la denuncia de Arias, la ganadora de la licitación 2019 fue sancionada por el Servicio de Contratación Pública por “realizar una declaración errónea dentro de un procedimiento de contratación, inclusive, respecto de su calidad de productor nacional”, en abril de ese año. La sanción implicaba que no podía participar en ningún concurso de contratación pública durante 60 días.
Según el acta de evaluación y calificación de la comisión técnica del Ministerio de Cultura, firmada por los miembros de la comisión técnica del Ministerio, Zambrano Basurto ganó el concurso porque contaba con el “personal técnico, equipo de trabajo y recursos” adecuados para la organización del Festival de Loja y por la “oferta económica”.
Cinco días después de la adjudicación del contrato a Zambrano Basurto, Sofía Andrade, coordinadora jurídica del Ministerio de Cultura y presidenta de la comisión técnica de la licitación, presentó un informe. En él, explica que la comisión revisó que los documentos presentados por los oferentes “se ajusten a lo requerido”. Además, dijo que que trabajaron “en apego al principio de buena fe” porque los concursantes declaran por escrito “la veracidad y exactitud de la información presentada”.
Ese informe explica, también, que, luego de las denuncias en redes sociales, la Coordinación Jurídica llamó a las empresas que supuestamente emitieron los certificados de experiencia que Zambrano Basurto presentó en la licitación. Por ejemplo, del Ministerio se contactaron con los representantes de Colgate Palmolive del Ecuador. Ellos negaron haber contratado a Zambrano Basurto y pidieron que no se “considere ninguna de las expresiones citadas” en el certificado presentado por Zambrano.
Si un concursante presenta documentos falsos para ganar un contrato, la comisión técnica podría cometer errores, según el abogado experto en contratación pública David Artieda. El abogado explica que las comisiones de contratación son responsables de verificar que los concursantes cumplan con los requisitos que la entidad contratante —en este caso el Ministerio de Cultura. Artieda explica que la comisión debe trabajar bajo el principio de buena fe. “No puedo partir de que me quieran engañar”, dice el experto. Aunque alguna información puede encontrarse en internet, “si la empresa mintió sobre su experiencia, la comisión es una víctima”, dice.
La señora Zambrano Basurto pedía más de 1 millón 400 mil dólares, 100 mil dólares menos que la empresa Satré, que quedó en segundo lugar. Sin embargo, esas no eran las ofertas económicas más baratas. El Consorcio FG Eventos Prosonido, otro de los oferentes, pedía 1 millón 200 mil dólares. El abogado Artieda explica que en las licitaciones el mejor precio no es el más barato, sino el mejor calificado porque cumple con los requisitos de calidad que la institución necesita contratar.
En Loja, el ministro Velasco dijo que el contrato se daría al “segundo mejor oferente”: la compañía Satré. No es la primera vez que ese nombre aparece en el escenario del convulso festival político ecuatoriano. En octubre de 2018, la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva para siete personas en un proceso penal por un presunto peculado, uno de ellos, fue la representante legal de Satré de ese entonces. Se la acusaba de presuntamente haber participado en el delito de peculado por el que se lo investiga al exsecretario de Comunicación durante el gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado —y quien se le escapó al gobierno de Lenín Moreno a pesar de que tenía un dispositivo de monitoreo electrónico como medida sustitutiva a la prisión preventiva.
Entre los otros procesados, estaban los representantes de dos proveedores. Según la Fiscalía General esos contratos habrían ocasionado un perjuicio al Estado. Sin embargo, en enero de 2019, la Fiscalía General se abstuvo de acusar a la representante de Satré.
Intenté comunicarme en varias ocasiones con el gerente de Satré, Dany Jiménez, pero estaba ocupado o en reuniones, según me dijo su secretaria. Aunque tomaron mis datos para comunicarse, hasta el cierre de este reportaje no recibí ninguna noticia de ellos.
En Loja , un periodista le preguntó al Ministro y a la secretaria encargada Ordóñez si Satré no tenía ningún impedimento legal para participar. “Desconocemos”, respondió Ordóñez. Luego dijo que si Satré tenía alguna restricción legal, no podría firmar el contrato. Hasta ahora, no aparece que tenga restricción alguna, ni en la Superintendencia de Compañías, ni en el Sistema de Contratación Pública.
La situación legal de la empresa se debe verificar al momento de revisar la oferta y previo a la firma del contrato. Esa doble verificación es necesaria porque, como explica el abogado Artieda, su situación legal puede cambiar conforme avanza el proceso de contratación. “Al momento de presentar la oferta la empresa sí podía participar, pero si a la hora de firmar, la empresa, por ejemplo, no cumplió con sus pagos al SRI, ya no puede firmar el contrato”, dice Artieda.
En sus conversaciones con los medios de comunicación, el ministro Velasco ha sido enfático al decir que “se quiere desestabilizar a este Festival de Loja con cosas descabelladas”, que “las acusaciones faltan a la verdad” y que bajo ningún motivo se retrasará el inicio del Festival de Artes Vivas.
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Aunque las autoridades han insistido en que no quieren que el Festival de Artes Vivas de Loja se “politice”, ya está politizado y más que un evento cultural parece el botín de una pelea política. La denuncia de Arias y lo que dice Velasco lo prueban. La asambleísta por Loja, Jeannine Cruz dice que es sorprendente que quienes critican al Festival sean políticos afines a Rafael Correa. Para la asambleísta Cruz todo fue “tan bien programado” para beneficiar a la empresa Satré. “Todo está orquestado”, dice Cruz.
Las acusaciones de boicot vuelan en todas las direcciones. “Habría que preguntarse a quién le beneficia que el Festival sea un fracaso”, dijo el ministro Velasco en Loja. Para el ministro existen actores que quieren sabotear el Festival. Pero para la asambleísta Arias, el ministro Velasco no es el boicoteado sino el boicotador porque, según ella, el Ministerio de Cultura estaría en contra de los lojanos: “Los golpes que se le han dado al Festival vienen del Ministerio de Cultura”, dice la asambleísta Arias. Por su parte, Jeannine Cruz dice estar preocupada porque “todavía en las instituciones públicas sigue la mano del correísmo y hay una agenda desde las instancias nacionales hasta las provinciales para poder boicotear”.
Al Festival lo estaría saboteando el Ministerio de Cultura, según la asambleísta Verónica Arias. Arias se reeligió en 2017 con la alianza Movimiento PAIS-ARE. Para ella, el ministro Velasco está trucando la realidad. “¿De dónde viene el sabotaje? No es de la ciudadanía”, dice.
La asambleísta Cruz, en cambio, ve un boicot en la dirección contraria. “Quieren decir que el festival con Correa estaba a la altura o que con el municipio anterior las cosas estaban mejor organizadas”, dice la asambleísta. “Tras este boicot están los perdedores electorales”, asegura Cruz. “Las voces que salen a criticar son las figuras correístas, la gente de Castillo”, dice. La asambleísta Cruz explica que “para el exalcalde Castillo el festival era un tema político que le permitía ganar un poco de prestigio”. Sin embargo, Cruz dice que pedirá “explicaciones al Ministerio, obligando que todo sea con responsabilidad y transparencia”.
Aunque la asambleísta Arias dice que tiene “la obligación de poner en evidencia de los ciudadanos los golpes que se le han dado al Festival de Artes Vivas”, cuando le pregunté si seguirá fiscalizando cuando se dé el contrato a la empresa Satré, me respondió que “esa pregunta tendría que hacerle al Ministro porque él es quien adjudica, no la Asamblea”. Luego le insistí sobre su trabajo de fiscalización y me dijo que si bien se mantendría vigilante “estos temas ya le corresponden al Ministerio”. Terminó diciendo que estará pendiente “de toda acción que pueda debilitar al Festival”.
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Que una ferretería gane el concurso para organizar un evento cultural carece de lógica. “Es falso, de ninguna manera una manera que se dedique a la ferretería podría haber sido invitada a que participe”, dijo el ministro Velasco cuando un periodista lojano le preguntó sobre las acusaciones de la asambleísta Arias sobre las actividades de la señora Zambrano Basurto.
En la entrevista en un medio local, el ministro Velasco mostró un documento del Servicio de Rentas Internas que Zambrano Basurto presentó al concurso. En el documento consta que su actividad comercial es la organización de eventos.
La sospecha de que la empresa se dedica a la venta de productos de ferretería parte de la información que muestra la web Ecuador Pymes —un directorio no oficial de pequeñas y medianas empresas del Ecuador. Además, en la página del Servicio de Rentas Internas (SRI) aparecía que la última actualización del RUC de Zambrano Basurto se hizo el 23 de agosto —un día después de adjudicado el contrato.
La asambleísta Arias dice que esa actualización es por el cambio de actividad económica —de venta de artículos de ferretería a organización de eventos—, pero no hay forma de comprobarlo. Cualquier cambio en el RUC —un cambio de dirección, por ejemplo— aparece como “actualización” en la web del SRI. No se puede saber cuándo hizo el cambio de su actividad económica porque esa información no es pública. Desde el 28 de agosto de 2019, el día que el ministro Velasco presentó la denuncia en la Fiscalía, el RUC de Zambrano Basurto aparece como suspendido en el SRI.
La suspensión del RUC la puede realizar el propietario o el SRI. El Servicio de Rentas Internas solo lo puede suspender en cuatro casos: cuando el contribuyente no haya tenido ninguna actividad económica y no haya actualizado información en su registro dentro de 6 meses, cuando no haya solicitado autorización para la emisión de documentos tributarios —como facturas— y cuando el contribuyente no tenga trámites de devolución de impuestos. También el propietario del RUC puede solicitar su suspensión.
Zambrano Basurto en otras ocasiones ya fue contratista del Estado. Los informes de rendición de cuentas de varias instituciones lo demuestran. Por ejemplo, según el portal de Compras Públicas, en 2017, ganó un contrato con el Municipio de Quito para la compra de luminaria para el teatro Capitol de Quito por 29 mil dólares. En 2018, en cambio, fue contratada por la Cancillería para dar mantenimiento a los vehículos de esa institución en Guayaquil por más de 10 mil dólares, según un reporte de gastos realizado por el Ministerio de Finanzas. Ese mismo año dio mantenimiento a máquinas de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), por lo que le pagaron más de 26 mil 700 dólares. También en 2018, Zambrano Basurto fue contratada, por 28 mil dólares, para reparar equipos electrónicos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En todos sus contratos presta servicios de mantenimiento eléctrico o vehicular. En ninguno organiza eventos.
A Zambrano Basurto fue imposible ubicarla. Para este reportaje busque información sobre ella y su empresa en guías telefónicas, redes sociales e incluso en las facturas que presentó en otras contrataciones. Lo único que encontré fue un número de celular inhabilitado y un correo electrónico. Hasta el cierre de este reportaje no respondió al email que le envié.
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Falta un poco más de dos meses para que se inaugure el IV Festival de Artes Vivas de Loja, el 15 de noviembre, según lo anunciado por el ministro Velasco. Sin embargo, el trabajo del Ministerio de Cultura en el festival ha sido cuestionado desde la asignación del presupuesto hasta la entrega del contrato para su organización.
Antes de la cuestionada adjudicación del contrato, el Ministerio de Cultura ya había declarado desierta la licitación para la organización del festival porque los oferentes no cumplían con los requisitos para la contratación. Mientras el ministro Velasco habla de un sabotaje, otros políticos —como la asambleísta Arias— hablan de persecución hacia los lojanos.
Faltan dos meses para que empiece el Festival de Artes Vivas de Loja pero hay cuestionamientos a su organización y al trabajo del Ministerio de Cultura. Fotografía del Ministerio de Cultura y Patrimonio bajo licencia Public Domain Mark 1.0
El Festival de Artes Vivas de Loja no solo coincide con las fiestas de independencia de la ciudad, sino que es uno de los eventos que fomenta el turismo y ayuda a la economía de Loja: el 98% de personas que asistió a la última edición dijo que volverá al festival en 2019 y que lo recomendaría. En la primera edición, en 2016, el festival tuvo ingresos de 500 mil dólares. El siguiente año, recaudó 3 millones de dólares, según el Proyecto de Ley de Institucionalización del Festival de Artes Vivas, convertido en ley en 2018. En sus tres ediciones, Loja ha recibido un promedio de 4 mil turistas extranjeros cada festival que gastaron aproximadamente 289 dólares durante su estadía. Según el Observatorio Turístico de la Universidad Técnica Particular de Loja, por cada diez turistas, uno es extranjero y nueve son nacionales.
El Festival es un evento cultural que se ha ido convirtiendo en un referente nacional e incluso para la región. Los tropezones en la adjudicación del contrato para su producción, la reducción del presupuesto, y ahora los enfrentamientos de quienes pretenden usarlo como botín político, lo ponen en riesgo.
