El fiscal de la Nación, Carlos Baca Mancheno, aparece mencionado en un informe que la Contraloría habría emitido hace trece meses, en el que dice que habría recibido dinero de fondos reservados durante su participación en la Comisión 30S. Esta comisión debía investigar los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando la Policía se sublevó contra el gobierno de Rafael Correa, y él tuvo que ser rescatado en un operativo militar que dejó cinco muertos. Según Baca, el informe no existe, y el que ha sido publicado en algunos medios de comunicación sería una falsificación, aunque no dijo a quién acusa de la forjadura.
Este informe también encuentra indicios de responsabilidad penal en contra de Pablo Romero Quezada, extitular de la Secretaría Nacional de la Inteligencia, Senain. Al ser un informe con indicios de responsabilidad penal —se presume la existencia del delito de peculado— la Contraloría debía enviarlo a la Fiscalía General del Estado, organismo encargado de investigar delitos. Y aunque en el oficio supuestamente enviado al entonces Fiscal General, Galo Chiriboga, tiene fecha del 23 de diciembre de 2016, el documento recibido por la Fiscalía tiene la tardía fecha del 25 de mayo de 2017. Por qué el oficio se habría demorado tanto en llegar de una institución de control a otra es hoy motivo de suspicacias.
No se sabe con certeza de dónde salió este informe, si es auténtico o no, o por qué sale a la luz ahora.
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La fuente de la incertidumbre se llama Intervención respecto al uso de fondos públicos permanentes de gastos especiales. En él, la Contraloría habría determinado que entre el 1 de septiembre de 2013 y el 10 de marzo de 2014, el secretario nacional de inteligencia, Pablo Romero Quezada, habría manejado irregularmente los ‘Fondos Especiales’ que la Senain —organismo creado durante la presidencia de Rafael Correa— dispone para utilizar secretamente. Según el informe, Romero Quezada utilizó fondos para distintas operaciones, entre ellas la denominada 30S, de forma indebida, por lo que habría indicios de responsabilidad penal en su contra.
En el detalle de la operación, aparecen los registros de montos entregados a los miembros de la Comisión 30S —entre ellos, Carlos Baca Mancheno, actual Fiscal General del Estado. Son mencionados, además de los otros dos miembros de la Comisión 30S y otros funcionarios que constan como ‘servidores públicos’ y ‘asesores’. Entre ellos, María Gabriela Muñoz, Andrea Coronel, Lourdes Silva y Mónica Cevallos, que habrían cobrado, en total, un poco más de 14 mil dólares. Intenté comunicarme con las cuatro funcionarias para que den su versión, pero no obtuve respuesta. Hay recibos por gasolina, peajes, pasajes, alquiler de autos y otros servicios. Consta, entre otros, el pago de 30 mil dólares por procesamiento, edición, peritaje y facilitación de material audiovisual a Daniel Daza Tapia. Todo, con fondos de la Senain.
La carátula de los anexos del supuesto informe de indicios de responsabilidad penal en el que se menciona al actual Fiscal General, Carlos Baca Mancheno
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La comisión 30S tenía un solo propósito, según el decreto 27, firmado en junio de 2013 mediante el cual el presidente Rafael Correa la creó: investigar uno de los momentos míticos de la década correísta, la retención y rescate de Rafael Correa del hospital militar donde estaba refugiado luego de los desmanes ocurridos en el Regimiento Quito. La Policía Nacional se había sublevado en protesta a la eliminación de los pagos por ‘condecoraciones’, y Correa —en su estilo confrontacional y desbocado— había ido al regimiento, primero, a tratar de calmar a la tropa amotinada —pero pronto perdería la paciencia, y le pediría a los policías que lo escuchaban que lo mataran.
Cuando intentó salir, fue atacado, y tuvo que refugiarse en el hospital de la Policía, ubicado frente al Regimiento Quito. Las ciudades del país, sin patrullaje policial, se convirtieron en pueblos del lejano Oeste: hubo hurtos, robos, saqueos y desmanes, hasta que, pasadas las ocho de la noche, un comando militar y policial entró al hospital, sacó al presidente Correa en un carro sin blindaje que iba custodiado por escudos, y lo liberó. Los policías sublevados y los militares se enfrentaron en un cruce de fuego. El día terminó con la muerte de los soldados Darwin Panchi y Jacinto Cortez, los policías Efrén Calderón y Froilán Jiménez, y el estudiante Juan Pablo Bolaños.
Desde el inicio, el gobierno mantuvo la versión de que se trataba de un golpe de Estado: Correa lo dijo ese mismo día desde el hospital, en una entrevista a Ecuador TV, canal estatal. La oposición y algunos sectores de la opinión pública creyeron que no se trataba de un golpe de Estado, sino una mera revuelta. Otros llegaron a decir que todo era una trama urdida por el propio Correa, y hubo quienes dijeron que la responsabilidad de los muertos del 30S era del presidente. Diario El Universo y su editor de opinión, Emilio Palacio, fueron enjuiciados, sentenciados (y perdonados) por un artículo de Palacio, en el que llamaba dictador a Correa, y decía que no tenía “cómo demostrar el supuesto crimen del 30 de septiembre, ya que todo fue producto de un guión improvisado, en medio del corre-corre, para ocultar la irresponsabilidad del Dictador de irse a meter en un cuartel sublevado, a abrirse la camisa y gritar que lo maten, como todo un luchador de cachacascán que se esfuerza en su show en una carpa de circo de un pueblito olvidado”. En el texto, Palacio decía que Correa podría ser juzgado por “haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”.
Un juez de Guayaquil escribió una sentencia en la que condenaba a Palacio, al diario y sus dueños a pagarle una reparación de 40 millones de dólares y a cumplir 3 años de cárcel. Correa, después de que el fallo fuese confirmado por la Corte Nacional de Justicia, los perdonó.
La Comisión 30S debía esclarecer, para la posteridad, las responsabilidades de ese día. El decreto presidencial nombraba a tres miembros principales para hacer su investigación de forma gratuita, aunque decía que recibirían fondos para viáticos, transporte, “y otros rubros”. Duraría entre seis meses y un año (los seis meses finales, solo si era indispensable).
Los tres integrantes principales eran Carlos Baca Mancheno (su presidente), Óscar Bonilla y Diego Guzmán. Los tres, fervientes correistas. Según la hoja de vida de Baca, fue asesor legislativo en la Constituyente de Montecristi (2008) y funcionario del Ministerio Coordinador de la Política cuando Doris Solís lo encabezaba (2010 y 2011). A principios de 2011 fue Vicepresidente de la cuestionada Comisión Ciudadana de Selección, nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para organizar el concurso para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) —de allí salieron Domingo Paredes y Juan Pablo Pozo, dos presidentes del CNE sumamente cuestionados por su cercanía al gobierno de Rafael Correa. Luego de su participación en la comisión del 30S, Baca Mancheno ocuparía durante casi tres años el cargo de Consejero de Gobierno en la Presidencia de la República.
Óscar Bonilla también fue un correísta muy cercano al presidente: estuvo con él durante el 30S. Fue Viceministro de Gobernabilidad en el Ministerio del Interior, cuando Alfredo Vera lo dirigía (2011), subsecretario del Ministerio de la Política y asesor de la Secretaría de Pueblos.
Diego Guzmán era un ferviente crítico de los medios de comunicación. Creó en 2002 el Observatorio de Medios, desde donde, posteriormente, defendió las medidas que el gobierno de Rafael Correa tomaba contra los medios, y en varias ocasiones se refirió al ‘libertinaje’ que practicaban, y a lo que llamaba confundir la libertad de expresión con libertad de excreción. Además justificó los ataques de Correa contra los medios, diciendo que había pruebas de que éstos tenían prácticas mafiosas, corruptas o mediocres. Fue Secretario de Transparencia, y más tarde se desempeñó como presidente del directorio de Seguros Sucre, cargo que mantiene hasta la actualidad según el sitio web de la compañía. Durante la campaña presidencial de Lenín Moreno, estuvo cerca de él —son amigos de juventud—, pero fue incapaz de encontrar en él un solo error.
Esos tres personajes fueron los miembros de la Comisión 30S que al cabo de un año presentó veinte conclusiones que confirmaron la versión oficial: lo ocurrido el 30S había sido un ‘golpe de Estado blando’. Culparon a opositores y a medios de comunicación, luego de reuniones con más de 500 personas —policías, militares, periodista y familiares de víctimas—. Algunos implicados, como el coronel César Carrión —exdirector del Hospital de la Policía del que Correa fue rescatado, y procesado por el 30S— dijo que a él jamás lo contactaron para dar su versión.
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En los cinco meses entre el día que se habría hecho el oficio que menciona a Baca y Romero Quezada y el día en que —supuestamente— fue recibido en la Fiscalía, los dos organismos de control sufrieron alteraciones.
Galo Chiriboga dejó su cargo antes de tiempo (debía salir en julio, se fue en mayo), Carlos Baca Mancheno ganó el concurso para Fiscal y fue posesionado por la Asamblea, cambió el gobierno —y con él, las autoridades del Ejecutivo— y se eligieron nuevos asambleístas. Una semana después de la supuesta firma de recibo, el entonces contralor Carlos Pólit fue vinculado por la Fiscalía en la trama Odebrecht. Su casa fue allanada, y fueron detenidas cinco personas, entre ellos Ricardo Rivera, el tío del entonces vicepresidente, Jorge Glas. Para ese momento Pólit ya no estaba en el país. No volvería, y renunciaría a su cargo mediante una carta enviada a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Ocho meses después, en una rueda de prensa, luego de que medios de comunicación denunciaran la pérdida de este informe, Baca Mancheno negó la autenticidad del documento. Dijo que el número del oficio con que la Contraloría supuestamente notificó al fiscal Chiriboga, es una duplicación de otro oficio mucho menos relevante: una delegación para que unos abogados comparezcan en una audiencia en el Tribunal Contencioso Administrativo en nombre de la Contraloría. Dijo además que el Secretario General de la Contraloría confirmó que en los archivos de la institución no existe el oficio supuestamente dirigido a Galo Chiriboga.
El exfiscal también se pronunció. “Entre diciembre (del 2016) y mayo del 2017 (cuando dejó el cargo de fiscal) no conocí de ningún informe referido al doctor Baca”, le dijo a diario El Universo.
El oficio con el que supuestamente se enviaba el informe con indicios de responsabilidad penal. El fiscal Baca Mancheno dice que es forjado.
La firma en el oficio con el que supuestamente se enviaba el informe con indicios de responsabilidad penal. El fiscal Baca Mancheno dice que la firma es forjada
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Los ‘fondos especiales’, como los que supuestamente Romero Quezada habría manejado irregularmente, son especiales porque su uso es secreto. Están regulados en el artículo 18 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado que dice que la Senain “dispondrá de un fondo permanente de gastos especiales asignados a actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y de la defensa nacional, cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regula el sistema nacional de contratación pública.” En términos más sencillos, estos fondos son para espionaje y contraespionaje estatal.
La sola posibilidad de que la Senain haya financiado la Comisión 30S a pesar de de que su labor no era de “inteligencia o contrainteligencia”, deja una serie de dudas que el Estado tiene que aclarar, más allá de la veracidad o no del informe.
El control del uso de fondos especiales está regulado también en Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que establece que ese es el organismo encargado examinar el dinero público destinado a la seguridad nacional. La Contraloría expidió un reglamento en el que se prohibe expresamente realizar egresos con cargo a las cuentas de gastos especiales para temas que no sean de defensa nacional. Exige, además, la documentación de soporte que respalde que los gastos se hicieron para actividades de inteligencia o contrainteligencia. Según el informe en entredicho, los pagos no habrían estado debidamente justificados.
El reglamento de la Contraloría para cuidar dinero público cita como antecedente normativo el reglamento expedido en 1997 para “el manejo de los fondos públicos destinados a gastos reservados o secretos”. Dos años antes de la expedición de esa normativa, el vicepresidente de la República, Alberto Dahik, fue acusado de malos manejos de estos fondos. Habían ido a parar, según reportes de prensa de la época, a más de 280 beneficiarios. Desde la remodelación de la iglesia de Urdesa —un barrio guayaquileño de clase media alta— hasta la empresa inmobiliaria que construía una casa para Dahik en una urbanización exclusiva de Guayaquil. La Corte Suprema de Justicia le dictó orden de prisión, él huyó a Costa Rica, donde recibió asilo político. Fue, hasta Jorge Glas, el más reciente vicepresidente ecuatoriano que tuvo una boleta de captura.
En 1998, al ministro de Gobierno César Verduga Vélez se le abrió un juicio penal por peculado por el uso de gastos reservados. Verduga —ministro del gobierno interino de Fabián Alarcón—, habría usado cerca de seis millones y medio de dólares de gastos reservados para contratar estudios psicosociales para sondear el resultado de una consulta popular. Huyó a México, donde vivió varios años. Ahora está en Argentina. Allí fue apresado en el aeropuerto Jorge Newberry. Los trámites para la extradición del exministro han empezado, como lo confirmó la Cancillería del Ecuador el 12 de enero de 2018.
Una década más tarde del juicio a Verduga, en 2009, la Contraloría dio de baja el reglamento para el manejo de los fondos reservados, y lo reemplazó con el que está vigente. Según él, solo la Senain puede usar estos fondos, que deben estar en “cuentas especiales y secretas del Banco Central a nombre de la Secretaría Nacional de Inteligencia”. Además, deben ser administrados exclusivamente por el Secretario Nacional de Inteligencia, quien responderá por ellos directa y exclusivamente ante el Contralor General del Estado, que velará porque se utilicen únicamente en asuntos de inteligencia y contrainteligencia. Eso significa que Carlos Pólit, ahora prófugo de la justicia, debía encargarse de velar por el buen uso de esos fondos manejados por Pablo Romero Quezada, también prófugo, pues según el sitio web de la Función Judicial tiene una orden de prisión desde abril de 2017 y una alerta roja de Interpol desde octubre del mismo año, por la presunción del delito de peculado.
En 2012, el entonces asambleísta Galo Lara también denunció que la Secretaría Nacional de Inteligencia habría desviado fondos de gastos especiales. Su denuncia no prosperó, y Lara tuvo que dedicarse a defenderse de la implicación en un triple asesinato, por el que se encuentra detenido desde 2014. Lara asegura ser un perseguido político de Rafael Correa.
Cuatro años después, el uso de los ‘fondos especiales’ —sucesores de los reservados de la década del 90— aparecen, nuevamente, en el escenario político ecuatoriano como el centro de un escándalo.
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El 23 de diciembre de 2016, la Contraloría habría enviado un oficio al entonces Fiscal, Galo Chiriboga, en el que se adjuntaba el informe con indicios de responsabilidad penal en contra del exdirector de la Senain, Pablo Romero Quezada. Según la documentación que circuló, el documento llevaba la firma de Daniel Fernández de Córdova, el entonces Contralor Subrogante.
Pero Pablo Celi, contralor subrogante —en funciones desde que Carlos Pólit renunció a distancia, después de ser implicado en la trama de corrupción de Odebrecht— dijo que no conocía el documento de manera oficial. Que al ser un informe con indicios de responsabilidad penal tenía solo dos opciones de destino: el despacho del Contralor o el despacho del Fiscal. Además, advirtió que existe la posibilidad de que el documento sea fraudulento: “No hay ni secuencia numérica, ni secuencia cronológica y ese oficio no corresponde al trámite”.
Las dudas creadas en torno al informe obligaron a la propia Contraloría a iniciar una investigación interna para determinar su existencia (o no). También se ordenó un examen especial a los procesos de rendición de cuentas de la Senain y al proceso de juzgamiento por parte de la Contraloría, para lo que serán notificados Romero Quezada; el actual Secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo, el excontralor Carlos Pólit (que no va a venir porque iría directamente a la cárcel) y, el funcionario de Contraloría cuya firma aparece en el documento, Daniel Fernández de Córdova, entre otros.
Carlos Baca Mancheno dijo que tras la divulgación del informe está el excontralor Pólit. “Algunos de los informes eran utilizados como herramientas de extorsión y de chantaje”, dijo en una rueda de prensa. Unos días antes, hizo público además el certificado emitido por la Contraloría el 18 de enero de 2017 —fecha posterior al supuesto informe que lo implica por la Comisión 30S— en el que se certifica que Baca Mancheno no tiene ningún informe en su contra dentro de esa institución.
El certificado emitido por la Contraloría donde dice que Baca no tiene informes con indicios de responsabilidad penal
Estas presuntas irregularidades llevaron al activista Fernando Villavicencio y al exasambleísta Andrés Páez a poner una denuncia ante la Fiscalía General. Thania Moreno, Fiscal subrogante, inició una investigación a su superior por presunto peculado. La denuncia de Paéz y Villavicencio está basada en la documentación cuya autenticidad es cuestionada por Baca Mancheno y el funcionario de la Contraloría Daniel Fernández de Córdova. Los denunciantes acudieron a la Fiscalía a rendir su versión el mismo día que Felipe Rodríguez, abogado de Baca Mancheno, dijo que el documento no existe, pues no es un documento oficial, no consta en los protocolos de la Contraloría. Dijo incluso que la firma de Fernández de Córdova sería falsa.
Quedan las dudas sobre la legalidad de un informe con acusaciones tan serias hacia la Senain que quizás puedan ser aclaradas con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. Sería gravísimo descubrir que se trató de una falsificación de un informe, y en ese caso, aún quedaría por esclarecer si los hechos que allí se denuncian son ciertos. Sería igual de grave que, de ser verdaderos —tanto los hechos como el informe—, solo se hayan hecho públicos por cálculos políticos —y judiciales— de quien sea que lo haya filtrado.
