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En la conversación sobre las reformas laborales entre el Estado, las empresas grandes del país, la sociedad civil y los grupos sindicalistas, hay una ausencia grave que perjudica al país entero: la de los emprendedores.
Su ausencia tiene consecuencias para todos los ecuatorianos: según The Missing Middle, un estudio realizado por la consultora internacional McKinsey, en América Latina la falta de empresas medianas, columna vertebral de las economías de los países desarrollados, desemboca en el subdesarrollo de la clase media.
Viendo cómo Ecuador sabotea el intento de las empresas pequeñas de volverse empresas medianas, queda claro que, económicamente hablando, no somos víctimas de un destino maldito, ni que estamos estancados en el remolino histórico del colonialismo y el imperialismo. No. Lo que sufrimos es que nuestra economía está mal formada. Tiene pocas empresas grandes dominantes y muchas empresas pequeñas atrofiadas. Ese el producto de un sistema diseñado para dar los resultados que actualmente tenemos. Las tasas de desempleo y subempleo son las que decidimos tener.
Ecuador debe ser uno de los pocos países en el mundo en que una empresa puede tener utilidad en el ejercicio contable y, a la vez, quebrar por falta de liquidez. Aquel escenario es un riesgo que conoce cualquier emprendedor y es extremadamente frustrante: en teoría la empresa tiene éxito, pero en la realidad no hay efectivo para pagar las cuentas.
Ese escenario se da por varias razones que se juntan creando una tormenta perfecta para restringir el avance del emprendedor.
Por un lado, la contabilidad es un ejercicio hecho en base a lo que la empresa factura, no lo que la empresa cobra. Si un emprendedor trabaja con una empresa grande en el Ecuador, estas últimas muchas veces ponen como condición pagar entre 45 y 90 días. Pero el emprendedor debe pagar sueldos y sus cuentas propias en un ciclo de 30 días. En esas condiciones, el emprendedor tiene un hueco de entre 15 y 30 días en que no puede cobrar pero sí debe pagar. Chile logró resolver este problema creando una ley que restringe los días de crédito a 30. Ecuador no contempla una reforma así. Tal vez porque va en contra de los intereses de las grandes empresas que dominan la conversación sobre la reforma laboral.
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En ese escenario, ¿qué hace un emprendedor para pagar sus cuentas?
Lo racional sería que busca un crédito bancario para cumplir con sus obligaciones mientras espera recibir sus pagos. El problema es que los bancos en el Ecuador no contemplan al emprendedor como cliente. Aunque ahora es más fácil abrir una cuenta, los bancos, en general, son reacios a trabajar con emprendedores o pequeñas y medianas empresas (las PYMES). Cuando lo hacen, ponen tasas de interés tan altas como el 28,5%, mermando la rentabilidad del emprendedor. Las pequeñas empresas terminan financiando los créditos a las empresas grandes. Cuando los bancos hablan de ser “el motor de la economía”, lo que en verdad están diciendo es que son el motor de las empresas grandes. Para las empresas pequeñas y medianas son frenos, por no decir chulqueros.
Pero supongamos que el emprendedor encuentra una manera de sostenerse mientras espera cobrar por los servicios o productos ya vendidos y entregados. Entonces, llega el Estado a través del Servicio de Rentas Internas, cuyo fin es quitarle liquidez en el corto plazo y dificultar su crecimiento en el mediano y largo.
En otros países, por ejemplo, las empresas tributan al inicio del año sobre la utilidad del anterior. En Ecuador, en cambio, las empresas pagan sus impuestos por adelantado cada mes, y si les queda un saldo a su favor deben pasar por un doloroso trámite que nunca les pone el efectivo en la mano sino una nota de crédito que puede ser usada para impuestos futuros, o vendido en el mercado de bolsas con una pérdida.
Y como el Estado cobra en base al ejercicio de contable, toma su dinero antes de que el emprendedor lo haya recibido, y si cobra de más, el emprendedor no puede recuperar el dinero en efectivo. Si fuese un vuelo en turbulencia, el Estado se pone su máscara antes de ayudar al emprendedor. Como consecuencia, éste se muere por falta de oxígeno.
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El Estado no termina de perjudicar al emprendedor solo cuando cobra por adelantado sus impuestos. Tiene tres mecanismos más para dificultarle la vida: la morosidad en el pago a sus proveedores, la obligación del pago de las utilidades, y la obligación del pago de liquidaciones por despido.
Primero, Rafael Correa infló el tamaño del Estado a niveles récord, haciendo que un porcentaje cada vez mayor de la economía pasa ruede por vías estatales. Lenín Moreno heredó aquel aparato estatal pero sin la capacidad de cumplir con sus obligaciones.
Los proveedores del Estado son los primeros en sufrir la morosidad del Estado: tienen la obligación de seguir brindándole servicios porque si no lo hacen, corren el riesgo de ser declarados “contratistas incumplidos”. Esa declaratoria puede terminar en multas, en el mejor de los casos, o con sus accionistas encarcelados, en el peor.
Aquellos proveedores también tiene proveedores. Cuando el Estado no les paga, se genera una cadena de morosidad que afecta principalmente al emprendedor porque, de nuevo: sus ciclos de pagos son distintos a los de las empresas grandes. Aunque no hayas hecho negocios con el Estado, aún puedes sufrir si eres parte de la cadena de pagos.
Hoy, gracias al acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales, la liquidez regresó con favorables tasas de interés para el Estado. Muchas empresas recibieron el dinero que se les debía hace muchísimo. Sin embargo, en el proceso miles de emprendimientos fallaron. Aunque el estado no les pagaban, ellos sí tenían que cumplir con sus pagos al SRI y al IESS cada mes. Y no solo los que hicieron negocios con el Estado.
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El pago de las utilidades a los trabajadores es una política que tiene una buena intención: asegurar que la gente que colabora en brindar servicios o crear productos pueden beneficiarse del fruto del ejercicio. Pero, en la práctica, introduce varias desigualdades que favorecen a las empresas grandes y perjudican al emprendedor.
El primer factor es la capacidad de las empresas grandes de generar utilidades grandes y, por ende garantizar un pago mayor a sus empleados. La consecuencia de esta desigualdad es que la gente más talentosa tiene el incentivo económico de trabajar en las grandes compañías y fortalecerlas, en lugar de juntarse a emprendimientos prometedores.
Luego, cuando una empresa tiene utilidad puede hacer tres cosas: puede compensar pérdidas de años anteriores, reinvertir el dinero en la empresa para hacerla crecer o sostenerla, o puede pagar ese dinero proporcionalmente a sus accionistas.
En las primeras dos opciones, el dueño de la empresa busca crecer, pero con su propio dinero no puede porque debe pagar un porcentaje a sus empleados, sí o sí. La obligación del pago de las utilidades, sin importar si la empresa busca capitalizar o compensar pérdidas, es simplemente otro mecanismo de quitar la liquidez necesaria para crecer a ser una empresa mediana sostenible.
Pagar utilidades es relativamente fácil para los gigantes del mercado. Pero las empresas pequeñas sufren para cumplir sus obligaciones. Un primer paso para solucionar esto, sería dejar que las empresas paguen las utilidades de forma mensualizada.
Un mecanismo más justo sería que las empresas dediquen el 15% de sus acciones para los empleados: los más beneficiados ya no serían los trabajadores de las empresas grandes que crecen con menos velocidad, sino las personas que optan por trabajar en empresas pequeñas con mayor potencial.
En este escenario, cuando la empresa decide pagar dividendos los empleados igual tendrían derecho al 15% de la utilidad como es el caso ahora. Lo lamentable del pago de las utilidades es que los ricos acrecientan su patrimonio a través de participaciones en empresas y activos que se aprecian. El pago de las utilidades es regalar la cereza mientras los dueños de la empresa se quedan con todo el pastel.
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Por último, el pago de liquidaciones por despido es un sistema diseñado que afecta tanto a la empresa como a los empleados que, se supone, protege.
Si uno camina por la avenida República del Salvador en Quito, en cualquier día laboral, ve y escucha a varios grupos de trabajadores reclamar, al pie del Ministerio de Trabajo, el pago de liquidaciones de empresas ya muertas.
El problema es que cuando una empresa quiebra —y, como dije, en Ecuador se puede quebrar y tener utilidad a la vez— por definición ya no hay dinero para pagar nada. Por ende, los empleados que dependían de sus liquidaciones no las reciben o deben esperar la liquidación de los activos de la compañía para recuperar algo —un proceso que puede tomar meses o incluso años.
En teoría, la liquidación debería ser un salvavidas para el empleado. En la práctica, las empresas no quiebran con dinero en la cuenta: quiebran por no tener dinero en la cuenta. Para el emprendedor, la liquidación por despido representa un riesgo: si contrato alguien que, después de tres meses, sale mal, tengo el riesgo enorme de un pago extraordinario de miles de dólares.
Enfrentados con esa posibilidad, muchos emprendedores simplemente deciden no contratar (y por ende no crecer) o contratar bajo prestación de servicios. Si la empresa contrata gente y luego experimenta un decrecimiento, el pago de las liquidaciones de los empleados despedidos puede enterrarla por completo porque la dejará sin dinero para pagar los sueldos de los otros empleados. Las empresas grandes sin competidores pueden asumir el costo de liquidaciones de su personal sin que la salida de dos o tres personas afecte su operación entera. Los emprendedores, en cambio, toman un riesgo grande en crecer. Es tan grande, que muchos simplemente deciden no hacerlo y se quedan pequeños.
Si no pagamos liquidaciones, podemos preguntarnos, ¿cómo garantizar el bienestar de la persona que acaba de perder su empleo?
A veces en Ecuador pensamos que somos el primer país en afrontar un problema y no se nos ocurre ver más allá de nuestras fronteras. Los países más competitivos, por ejemplo, tienen seguros de desempleo que aseguran que, al perder su trabajo, el empleado puede percibir el equivalente a lo que ganaba cuando trabajaba para darle un tiempo de transición hasta encontrar otro trabajo.
El seguro es pagado por el empleado y el empleador y funciona sin aportes extraordinarios del Estado. Ecuador sí tiene un seguro de desempleo pero es deficiente, no es universal, y no tiene la importancia que debería de tener.
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Las liquidaciones, las utilidades, el cobro adelantado de impuestos, entre otras, son políticas públicas diseñadas para obligar a las empresas grandes a compartir su riqueza, pero tiene una consecuencia no deseada: matar emprendedores, estancar su crecimiento, y darnos una economía de empresas grandes no competitivas y empresas pequeñas sin capacidad de competir.
No hay más empleo en Ecuador porque el estado desincentiva la creación de empleo. Hay mucho subempleo porque las empresas pequeñas tienen pocas opciones para volverse empresas medianas, sofisticar sus operaciones y, capaz, hasta volverse grandes.
Los emprendedores no necesitamos una ley de emprendimiento, ni una superintendencia de control del emprendedor ni, me atrevo a decir, beneficios tributarios. Simplemente necesitamos condiciones que nos permiten competir y vivir —o morir— por nuestro mérito, y no porque la baraja está amañada en nuestra contra.
No tenemos un gremio que nos represente, no tenemos amigos de asambleístas y que diseñan políticas públicas pensando en nosotros. Tampoco tenemos presupuestos para campañas de relaciones públicas en medios para elevar el debate más allá de un dar y recibir entre las empresas grandes y sus sindicatos. No obstante, la exclusión del emprendedor en el debate sobre las reformas que se pretenden es crítica: hablamos por la clase media y somos el sector de la economía que la fortalecería.
