La pregunta dos de la consulta popular, que planteaba erradicar la reelección indefinida, era la única por la que realmente valía la pena ir a votar. O al menos así fue en mi caso. A diferencia de las otras, era la más necesaria para curar a nuestra Constitución y a nuestra democracia de la estocada de muerte que le dio la Asamblea Nacional en 2015. Ese año se introdujo, vía enmienda, una modificación al artículo 144 e instauró la reelección indefinida de las autoridades de elección popular, incluyendo al presidente y vicepresidente de la República.
Esa reforma en sí misma fue inconstitucional pues tumbó uno de los pilares básicos sobre los cuales los ecuatorianos construimos el país que queríamos en 2008, cuando aprobamos la Constitución de Montecristi: la alternancia en el poder. Haber establecido constitucionalmente un modelo de alternancia supuso que nosotros —poder constituyente— acordamos que Ecuador sería un país donde diversas personas y grupos pudieran, en su momento, acceder al poder. Por lo tanto, nuestra decisión soberana fue que ninguna persona, por más excelente presidente que sea, o por más apoyo popular que tenga, pueda perpetuarse indefinidamente en el poder. Ello, porque la alternancia garantiza la pluralidad y la diversidad de ideas y de actores, algo fundamental en cualquier Estado democrático moderno. Además, asegura la representatividad en el poder de diferentes sectores y grupos, tanto así, que muchos consideran que, hoy por hoy, no se puede hablar de una verdadera democracia si no existe un régimen de alternancia que la fortalezca.
Al ser un aspecto constitutivo del modelo de Estado que los ecuatorianos elegimos en 2008, la alternancia en el poder no podía modificarse vía enmienda, como se hizo, sino solamente vía Asamblea Constituyente. Así, el artículo 441 de la Constitución es claro en indicar que las modificaciones constitucionales que pueden hacerse en la Asamblea solo pueden referirse a aquellos artículos que no alteren la estructura fundamental del Estado o el carácter y elementos constitutivos del Estado, y que no establezca restricciones a los Derechos Humanos. A pesar de la claridad de la norma constitucional, la Asamblea Nacional, en ese momento al servicio de los intereses del presidente Correa, nos impuso la reelección indefinida, y arrasó con la voluntad del pueblo ecuatoriano plasmada en la Constitución de Montecristi. Era necesario, por tanto, que el pueblo mismo repudie ayer en las urnas la decisión arbitraria, inconstitucional y abusiva de la asamblea correísta de diciembre de 2015.
El “sí” mayoritario en la pregunta 2 de la consulta, nos devuelve, en parte, el modelo de Estado que construimos en 2008, y nos protege de los peligros que supone para la institucionalidad democrática, el ejercicio de los Derechos Humanos, y la capacidad de fiscalización popular, el que una sola persona se perennice en el poder. Ya de manera más específica, nos libera del nefasto escenario de que Rafael Correa pueda reelegirse y permanecer en el poder ad infinitum. Digo nefasto, porque un Presidente que arrasó con las libertades civiles, que persiguió y encarceló a adversarios políticos, y que permitió una rampante corrupción y saqueó a las arcas públicas, no debería estar en Carondelet.
Los resultados de esta consulta popular, sin embargo, no van a garantizar que mañana otro aspirante a dictador pretenda aferrarse del sillón presidencial para siempre. En algún momento volverá a surgir un gobernante con afanes de perennizarse, y se requiere una ciudadanía fortalecida en valores democráticos, permanentemente activa en el debate de asuntos de interés público, y comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y los principios constitucionales, para que actúe como freno natural a esos excesos. No puedo evitar pensar que fue, en gran medida, la impavidez de la mayoría de los ecuatorianos ante flagrantes actos inconstitucionales y violaciones de Derechos Humanos durante los primeros años del régimen de Correa, lo que facilitó el quiebre constitucional de 2015, donde sin mayor resistencia, la Asamblea Nacional abrió el camino a una posible dictadura. El que no haya existido mucha protesta ciudadana al respecto, es algo que hasta ahora no comprendo.
El hecho de que haya ganado el sí en la segunda pregunta impide solamente la reelección de una persona al mismo cargo público que ya ostentó. Por ejemplo, Correa no podría ya postularse como candidato presidencial. Sin embargo, aquello no impide que esa persona presente su candidatura para otras dignidades de elección popular. Nuevamente entonces, la pelota está en la cancha de nosotros, los ciudadanos. Hoy más que nunca, estamos obligados a elegir sin apasionamientos ni fanatismos a quienes van a asumir cualquier cargo público de elección popular. El voto razonado, informado y consciente será el primer freno al crecimiento del populismo, y evitará el surgimiento de líderes caudillistas que, por su propia naturaleza, creen ser los únicos capaces de “salvar a la patria”. Un país donde el pueblo deposita todas las esperanzas de cambio en el “gran líder” de turno, y que no termina de asumir su rol como constructor de su propio destino, es terreno fértil para el surgimiento de gobernantes que quieren quedarse para siempre en el poder.
En este sentido, es fundamental tomar conciencia de que una consulta popular no puede ser “la solución” a todos los problemas e irregularidades cometidas por el gobierno anterior. En los últimos años, este mecanismo de participación democrática ha sido mal empleada, hasta el punto de convertirse en un medio para cambiar las secciones de la Constitución que eran incómodas al gobernante de turno, y el caso de la reelección indefinida fue posiblemente el mejor ejemplo de esto. Las permanentes consultas sobre cuestiones que se supone, ya se habían acordado en la Constitución de Montecrisiti, fueron transformado a la Carta Magna en una colcha de remiendos, cuya exigibilidad dependía de lo que decidieran “las grandes mayorías”.
Para muchos, la forma maniquea y poco razonada con la que se promovió el voto (“todo sí” o “todo no”), el poco análisis que se le dieron a las preguntas y a sus anexos, y el hecho de que temas tan importantes como la Ley de Comunicación o el Decreto 193 hayan permanecido curiosamente por fuera del cuestionario, nos deja una sensación agridulce. Amarga, porque parecería ser que nuestra Constitución no tiene más vigencia que aquella que las mayorías le permiten tener. Dulce, porque gracias a la pregunta dos, logramos evitar, al menos por ahora, que Ecuador sea presa de algún caudillo que, valiéndose de una cuestionable “reelección indefinida”, nos convierta en una dictadura de facto, al quedarse para siempre en el poder. Que esa democracia siga existiendo y se fortalezca, de aquí en adelante, depende solo de nosotros.
