El Sí en la primera pregunta de la consulta popular 2018 es un contundente rechazo político y democrático a la corrupción de los los últimos 10 años: de acuerdo al conteo rápido realizado del Consejo Nacional Electoral (CNE), obtuvo 74% de votos favorables. Sin embargo, la muerte política de los condenados por corrupción no es suficiente para sanear un mal que ha permeado a las instituciones públicas y a la sociedad: hay que acabar con su institucionalización.

Los resultados de la consulta popular deben ser vistos como un gran mandato del pueblo al presidente Moreno: aplique de forma total la “cirugía mayor” contra la corrupción que ofreció en su discurso de posesión.

La corrupción revelada en los últimos meses nos estremeció: el despilfarro y el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa y de los organismos que se suponía debían controlarlos, llegó a niveles insospechados. Algunos, como el exvicepresidente Jorge Glas están en prisión; otros tienen procesos de investigación, pero muchos están ya prófugos o, incluso, paseándose campantes por las calles del país.

Más allá de la acción o inacción (según se mire) de la Fiscalía General del Estado, lo que le ha quedado claro al país es que la red de corrupción no fueron casos aislados, sino que estuvo —¿está?— institucionalizada. Y por ello la pregunta 1 tuvo un apoyo tan rotundo.

En los diez años que pasaron, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial estuvieron a disposición del expresidente Correa. Aún quedan muchas dudas de cuán verdaderamente independiente son estas funciones: depender únicamente de la acción judicial —o del endurecimiento de las penas— para combatir la corrupción es reducir el problema a un simplismo que no garantizará un cambio real.

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Es necesario que con estos resultados, desde el gobierno y la Asamblea Nacional, se establezcan procedimientos claros para detectar la corrupción. Desde sus inicios, antes de que causen perjuicios —que no debamos esperar a que el lento aparato de  justicia ecuatoriano se ponga en movimiento. El verdadero reto está en desinstitucionalizar la corrupción de la toma de decisiones públicas, de la suscripción de contratos públicos, y de cualquier otro acto que pueda convertirse en una oportunidad para delinquir.

Sería un error del presidente Moreno pensar que el endurecimiento de las penas cumplirá con el objetivo de prevenir el cometimiento de estos delitos contra los dineros públicos. Las instituciones de control en este país se han debilitado muchísimo por su cooptación política.

Es preciso que las investigaciones sobre la red de corrupción montada en el gobierno de Rafael Correa Correa sea destapada. Que cada uno de sus participantes responda ante la justicia. Los ecuatorianos demandamos conocer los nombres de todos quienes participaron en aquel entramado ilegal. Especialmente, queremos saber si algunos de ellos aún continúan en este gobierno.

Los resultados de la consulta popular no representan un pedido de los votantes de una cacería de brujas. Sí de una decidida, imparcial e independiente investigación que determine las responsabilidades de todos quienes se aprovecharon de su cargo para su beneficio.

El otro reto del presidente Moreno es evitar que la decisión del Ecuador de prohibir a los corruptos participar en política se convierta en una herramienta de persecución. Él debe dar el ejemplo de que las instituciones públicas ya no se pueden seguir utilizando para ir tras quienes se oponen o cuestionan al poder. Ya lo vimos en Venezuela, donde la cooptación de los organismos de control, especialmente del poder judicial, permitió la inhabilitación a muchos candidatos de oposición, por supuestos actos de corrupción.

A pesar del resultado positivo, es indispensable que veamos el estado de la transparencia en el Ecuador: la corrupción institucionalizada ha hecho metástasis. En ese sentido, la muerte política es un remedio que, por sí solo, no le salvará la vida.

La ‘cirugía mayor’ ofrecida es necesaria. Para ello se requieren acciones que implementen mecanismos efectivos de seguimiento, control y evaluación temprana que permitan evitar que los actos de corrupción siquiera lleguen a cometerse.

Los ecuatorianos votamos decisivamente por el sí en la pregunta uno. Ese voto requiere de una respuesta igual de contundente de parte del gobierno de Lenín Moreno: tiene que proceder de inmediato a la desinstitucionalización de la corrupción permitida por su excoideario Rafael Correa y el saneamiento del Estado.