El 11 de enero de 2018, un comisario municipal de Samborondón, en el Guayas, tuvo la nada original idea de invocar un tecnicismo para censurar una obra de arte. Según el funcionario, el local donde se iba a presentar la obra El santo prepucio, no tenía permiso para funcionar como teatro. Puso un sello de clausura en el local, mientras un grupo de militantes religiosos gritaba ‘con mi fe no te metas’, tras lo cual rezaron un Padrenuestro. Era un procedimiento municipal atípico en un país —al menos en definición— laico, pero era sobre todo, la constatación de que el Santo Prepucio no se presentaría no por la falta de un requisito legal que recién al Comisario se le ocurría exigir (el local funcionaba hacía varios meses), sino porque el Municipio había cedido a la presión de grupos religiosos que no querían que la función tuviera lugar porque la consideraban ofensiva a su fe.

No es la primera vez —ni, tristemente, parece ser la última— en que la censura se impone a través de excusas legalistas o tecnicismos más o menos absurdos.

En mayo de 2015, la dirección de la sede Quito de la Casa de la Cultura del Ecuador canceló la obra El Rey Mono de la compañía de danza Shen Yun —posiblemente por la presión de la embajada de la República China. En julio de 2017, el Municipio de Quito ordenó la suspensión de visitas al mural El milagroso altar blasfemo del colectivo boliviano Mujeres Creando, que formaba parte de la exhibición La Intimidad es política en el Museo de Arte Metropolitano. La obra había sido criticada por sectores católicos —incluida la Conferencia Episcopal del Ecuador. En noviembre del mismo año, la muestra Difícil de leer entre mi luto y mi fantasma del artista Marco Alvarado  fue removida del museo de las Conceptas en Cuenca tras trece días en exhibición, luego de que un visitante intentara dañar una obra que consideraba blasfema.

Por los mismos días en que el funcionario municipal de Samborondón clausuraba el teatro, la Asamblea Nacional sancionó con silencio forzado a asambleístas por ciertas expresiones suyas contra asambleístas contrarios: “Su opinión es irrelevante” había dicho uno de los sancionados a una colega.

La misma Asamblea archivó una queja contra otro asambleísta, que se había referido como “banda de delincuentes” a los participantes en la repotenciación de la refinería Esmeraldas. En todos, las decisiones se han ido por el camino fácil de las excusas técnicas.

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Cuatro días antes de que estrenara El Rey Mono, la Casa de la Cultura canceló el contrato alegando que el teatro debía ser sometido a reparaciones urgentes recomendadas por el Cuerpo de Bomberos por razones de seguridad. Para suspender la exhibición de la muestra de Alvarado, se alegó que la propietaria del museo administrado es una orden religiosa y que las obras expuestas no eran arte religioso. Esta explicación es una excusa, considerando que la muestra la decidió la dirección del museo (con autoridad de las propietarias para montar exhibiciones) y ya tenía casi dos semanas abierta al público. El artista denunció que la presión a la directora del museo para que cerrara la exhibición provino no sólo del Arzobispado y la orden religiosa: fue también del Municipio de Cuenca, que habría amenazado con restringir los aportes municipales al museo si Difícil de leer entre mi luto y mi fantasma continuaba abierta. En el caso del Milagro altar blasfemo —de la muestra La intimidad es política— la razón ofrecida fue que se había montado en un espacio calificado como patrimonio cultural, y su montaje no había obtenido los permisos especiales correspondientes a esa calidad. En el caso reciente de la obra “El Sagrado”, la razón oficial de su censura es que el local carece de permisos de funcionamiento como teatro.

En el caso de La intimidad es política, la atracción que provocó el revuelo se centró en el mural en desmedro del resto de la muestra, más potente en muchos aspectos que el mural mismo, según comentarios de críticos y visitantes. En el caso de Alvarado, su muestra terminó exhibiéndose en otro sitio bajo protesta del autor y de artistas que emitieron comunicados solidarios pero que no generaron la reacción estridente que sí hubo en otras censuras.

El evidente trasfondo de estas censuras es restringir expresiones que poderes tradicionales consideran ofensivas. En el caso de las muestras del Metropolitano, del museo de las Conceptas y del teatro en Samborondón se juntaron el poder religioso y el poder político. En el caso del Rey Mono,  la compañía productora sospecha que las adecuaciones urgentísimas al local —que ya les habían concesionado para presentar su obra— son sólo el escudo de la censura: la Casa de la Cultura del Ecuador habría cedido ante las exigencias de la embajada de una potencia emergente con la que el Ecuador tiene estrechos vínculos.

Llama la atención que quienes toman estas decisiones (tanto personas con funciones de administración de espacios al público como autoridades de control) parecen conscientes de que no pueden actuar de censores expresos. Prefieren apelar a las más inverosímiles de las excusas, e incluso ofrecer alternativas en forma de premio consuelo que palíe la censura, antes que intentar siquiera justificar el trasfondo de sus dictados.

Se estaría dando entonces una suerte de ambivalencia respecto a la censura: por un lado, estar dispuestos a hacerla y por otro, no asumir la responsabilidad de ello.

En la práctica, las victorias de quienes buscan censurar y consiguen quién les facilite el objetivo son pírricas.  La reacción del público crítico resulta en mayor propaganda para el objeto de la censura (el llamado efecto Streisand). Una suerte de “si tanto revuelto causa ahora sí me interesa conocerlo”. Ese fue el caso de El santo prepucio que finalmente fue exhibida en otro sitio donde se la promocionó con entusiasmo, con la presencia además del escritor de la obra, llegado del extranjero. La Intimidad es Política pudo mantener el mural cuestionado, aunque bajo un régimen restringido de visitas guiadas (lo cual evidenció que lo de patrimonio cultural afectado fue sólo excusa). Sin embargo, no deja de preocupar la vigencia continuada de la censura en temas relativamente fáciles de discernir.

Las censuras que no consiguen generar manifestaciones de rechazo público necesarios para disparar efectos Streisand se quedan en censuras impunes: logran su objetivo de limitar la difusión de la expresión que les molesta. El Rey Mono no se exhibió nunca aquí, pese a que el caso llegó incluso a las cortes. Ganó la mano censora, en ese caso, el gobierno poderoso de una potencia mundial.

En el caso de las asambleístas mandadas a callar, al menos una (Cristina Reyes) consiguió la reversión de la sanción de silencio que le impuso la administración del parlamento. Fue posible sólo ahora que la correlación de fuerzas políticas en la administración de justicia parece estar más diluida. La correlación de fuerzas del momento explicaría también el poco eco que el reclamo por El Rey Mono tuvo en los tribunales, en una época donde el  correísmo duro estaba en uno de sus momentos cúspide.

Y, mientras tanto, el reclamo de activistas LGBTI contra el discurso de odio que, según alegan, promueven activistas religiosos al convocar marcha como la de “Con Mis Hijos No Te Metas” cae en el saco vacío de jueces que privilegian aspectos técnicos a la discusión del fondo.

La censura y la libertad de expresión siguen siendo, en nuestra sociedad, la medida del gusto de los poderes de turno y sus facilitadores. Gente poco dispuesta a abordar el complejo tema de fondo: la extensión de la libertad. Un debate que sigue pendiente en el Ecuador, donde la expresión, la distinción necesaria entre censura inadmisible y límites legítimos, las obligaciones positivas del Estado para remover obstáculos a la expresión limitada de facto, es objeto de muñequeo político coyuntural.