Una estrecha relación une al Ecuador con China. Es una unión que data ya desde hace una década. Cuando Rafael Correa llegó al poder en 2007, prometió —y cumplió— alejarse de los organismos que tradicionalmente le habían dado financiamiento al país, el gigante asiático emergió como un aliado casi natural. El Gobierno necesitaba recursos para cumplir con sus ofertas de megaobras y para China, imperio emergente, era la oportunidad de expandir su influencia geopolítica. La relación, sin embargo, no ha estado exenta de problemas: no han sido sólo las condiciones contractuales las que han sido cuestionadas, sino que muchos proyectos hechos por empresas chinas y financiados por bancos chinos están parados, con problemas o retrasados. A esos inconvenientes se suman cuestionamientos a la transparencia con que actúan ciertos bancos chinos, las condiciones laborales de los ecuatorianos que trabajan para las compañías chinas y los estándares ambientales que estas empresas manejan.
Bancos
Una investigación sobre los impactos del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair cuestiona la transparencia del Banco de Exportación-Importación de China, más conocido como Eximbank.
El estudio fue realizado por un equipo docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, en la que participó Carolina Viola, y dice que el banco ha otorgado créditos a proyectos gubernamentales en el país, uno de ellos por 5 mil 300 millones de dólares, anunciado en enero de 2015 para proyectos de movilidad, educación sanidad y seguridad. Otro fue para la Ciudad del Conocimiento Yachay, por 198 millones de dólares. La investigación de la PUCE revela que Eximbank no cuenta con mecanismos para transparentar la información, carece de un sitio web con información pública sobre sus inversiones —mínimas exigencias para entidades de ese tipo.
El gobierno chino sigue siendo una paradoja: mantiene sus ideales comunistas, tiene prácticas capitalistas y la libertad de expresión casi no existe. A pesar de ello,“sí hay ONGs que intentan fiscalizar a los bancos y sus comportamientos”. Lo dice Yu Xiaogang, director de Green Watershed, una organización no gubernamental dedicada a promover la igualdad ambiental y la participación pública para lograr “desarrollo sustentable en el área de manejo de recursos hídricos”.
Yu cree que aunque es difícil saber cómo reaccionarán —y cuánta información proveerán— los bancos chinos si se les pide transparencia desde la sociedad civil, las ONGs ecuatorianas deberían insistir y exigir presión para que suceda. Dice que en otros países, las ONGs locales han tenido acercamientos más proactivos: algunas han viajado hasta China para reunirse con bancos y la Comisión Reguladora de Bancos en China, y han logrado ciertos resultados. Pero las condiciones de las organizaciones no gubernamentales en Ecuador son muy precarias. Sus presupuestos difícilmente lograrían costear un viaje a China para reclamar a un banco las condiciones del financiamiento que dan al país.
En China también hay ONGs dedicadas a fiscalizar compañías chinas que operan en el extranjero. Global Environmental Institute (GEI), por ejemplo, verifica que estas empresas cumplan estándares sociales y ambientales en los países donde tienen proyectos. La directora de esta ONG basada en Beijing, Jin Jiaman, reconoce que el idioma y las distancias son un reto para las organizaciones y sus operaciones. Sin embargo, en un encuentro académico en Londres en octubre de 2016, Jiaman dijo que las ONGs chinas y latinoamericanas deberían trabajar en conjunto para disminuir los impactos negativos a nivel ambiental y laboral. En otras partes del mundo, como Myanmar, este tipo de alianzas han funcionado: junto a ONGs locales, GEI monitorea a empresas de explotación forestal y han logrado identificar rutas de contrabando.
Vínculo con la comunidad
Además del financiamiento, otro cuestionamiento a las empresas chinas es cómo se relacionan con las comunidades aledañas a los proyectos que desarrollan. “Las empresas chinas se hacen menos problema por intervenir en territorios conflictivos porque no tienen la misma exposición mediática ni la misma presión que pueden tener otros países para que garanticen estándares”, dice Carolina Viola, y menciona el caso Chevron-Texaco. La transnacional petrolera estadounidense fue demandada por daños ambientales producidos su operación en el Ecuador de 30 años en el Ecuador. Fueron las ONG ambientalistas en Estados Unidos las que presionaron a su gobierno para que exigiera a Chevron que se responsabilizara por su paso por la Amazonía ecuatoriana.
Durante décadas, la relación de las empresas que operaban en el Ecuador con las comunidades en zonas sensibles (sobre todo petroleras) era clientelar: la compañía suplía la ausencia estatal y daba servicios como pavimentar caminos, dar energía eléctrica o construir ciertas edificaciones. “Pero en un momento el Estado dice ‘el petróleo es mío, el territorio es mío las relaciones con las comunidades son mías”, explica Viola. “Ahora la gente te dice que si antes la empresa intervenía, ahora se niega incluso a hablar con ellos; no interviene la empresa, pero tampoco interviene el Estado, entonces se quedan en una situación de indefensión”.
La presencia china en estos territorios sensibles es creciente. Están en la zona del Yasuní donde están los campos petroleros ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), emblemas de la fallida iniciativa del expresidente Rafael Correa de recibir donaciones internacionales a cambio de mantener el petróleo bajo tierra.
La explotación en el ITT inició en septiembre de 2016, a cargo de la estatal Petroamazonas y de la china Sinopec. Según la Constitución de 2008, debería hacerse luego de haber cumplido con el requisito de la consulta previa de las comunidades que se verían afectadas. Sin embargo, en julio de 2012 se emitió el decreto ejecutivo 1247 que reglamenta la consulta previa de los bloques hidrocarburíferos y no toma en cuenta los procesos de participación de los indígenas: se dan plazos muy cortos para la consulta y se ponen trabas que facilitan que estas se hagan rápido y en beneficio de las petroleras, según explica el abogado en Derechos Indígenas, Juan Auz.
Los incumplimientos, sin embargo, no vienen sólo del Estado. “En su regulación las empresas chinas contemplan la consulta previa pero si aquí el Estado mira para otro lado y no la hace, peor la van a hacer ellos”, dice Carolina Viola. “En Japón, invierten con los más altos estándares sociales, laborales y ambientales porque Japón lo exige y tiene una institucionalidad fuerte. Si vas a África las inversiones chinas están peor porque la institucionalidad es mucho más débil que acá; las empresas chinas hacen lo que el gobierno les permite hacer”. Desde esa perspectiva, las relaciones empiezan con críticas y dudas por parte de la propia comunidad donde van a operar las compañías chinas. Pero ese es apenas el principio de una serie de tensiones entre las empresas chinas y, por un lado, los ecuatorianos de las comunidades en las que operan, y por otro, aquellos que contratan como parte de su fuerza laboral.
Condiciones laborales
Las condiciones laborales en las empresas chinas también han sido un foco crítico. Hay varias denuncias en distintos proyectos. Sinohydro es una de las que más ha tenido: diez entre enero de 2012 y diciembre de 2014. De acuerdo a información entregada por miembros del sindicato ecuatoriano de Sinohydro a los investigadores de la PUCE, Sinohydro fue sancionada en diversas ocasiones por incumplimientos laborales y los trabajadores fueron amenazados con ser despedidos si denunciaban sus condiciones de trabajo.
En ese mismo informe se hace referencia a un accidente de tránsito ocurrido el 3 de julio de 2012: el bus en el que viajaban 40 trabajadores de la empresa se accidentó y dos personas fallecieron. En noviembre de ese mismo año cerca de mil trabajadores de la obra hicieron una huelga de brazos caídos para reclamar por las condiciones de trabajo: según lo denunciaron en ese momento, no les pagaban horas extra, su seguridad no estaba garantizada (dijeron que incluso había obreros que habían sufrido lesiones irrecuperables) y la compensación económica no estaba acorde con la Ley. Esas denuncias llegaron hasta la Comisión de Derechos de los Trabajadores en la Asamblea Nacional poco después de iniciada la huelga.
Contacté a dos funcionarias del Ministerio de Trabajo, (incluyendo a dos Directoras de Comunicación), para pedir información detallada sobre las denuncias, sanciones a empresas chinas, y otros datos relacionados al tema, sin embargo durante casi tres meses no obtuve respuesta.
Luego de las denuncias y la huelga, la Contraloría General del Estado realizó un examen especial, aprobado casi un año después que confirmaba las denuncias de los trabajadores, según la investigación de la PUCE. El estudio asegura además que en marzo de 2012 la fiscalizadora ordenó paralizar tareas de excavación porque la seguridad de los trabajadores no estaba garantizada, especialmente debido a la concentración de gases tóxicos. Tres años después, en diciembre de 2015, un pozo se derrumbó, provocó la muerte de 13 obreros y dejó 12 heridos.
Pero los problemas laborales no se han dado únicamente con Sinohydro. En abril de 2014, cuatro obreros chinos encargados de detonar los explosivos para la ampliación de un túnel en el proyecto Sopladora, fallecieron cuando la operación falló. La obra estaba a cargo de la empresa Gezhouba Group Company. En ese mismo proyecto tres trabajadores más fallecieron en tres accidentes de distinta índole.
Gezhouba no solo ha tenido problemas en el ámbito de derechos laborales. Según el Instituto Público de Relaciones Ambientales —una ONG con base en Beijing, China, que publica información a tiempo real de compañías que no cumplen con regulaciones ambientales— Gezhouba tiene tres violaciones relacionadas con la descarga excesiva o desautorizada de aguas residuales, incluyendo efluentes “cafés oscuros” en un proyecto en Chongqing (China) en julio de 2016. Una violación por la que pagaron una multa de 3 mil dólares a la Oficina de Protección Ambiental de Chongqing Nanchu.
Al contactar al grupo Gezhouba sobre el tema respondieron que “tienen renombre en negocios en el extranjero especialmente en los países de la Iniciativa Belt and Road —una masiva inversión en infraestructura del presidente Xi diseñada para facilitar el comercio con el extranjero. Como una de las primeras empresas del gobierno central en expandirse a nivel global, nos hemos tomado la protección ambiental de una manera muy seria, en casa y en el extranjero”.
Gezhouba dice, además, que se le ha otorgado el premio BRI outstanding enterprise of the year 2017 por “usar tecnologías líderes en el mundo para tratar residuos hídricos, como el Cyclic Activated Sludge System, Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process, Anaerobic-Anoxic-Oxic. La compañía sostiene que utilizan estos sistemas en territorio chino y el extranjero.
Otro proyecto hidroeléctrico en manos chinas y con problemas laborales es Toachi Pilatón. La empresa china detrás de él, China International Water & Electric Corp (CWE), fue demandada ante el Ministerio del Trabajo por 1773 empleados y exempleados. La demanda era por 18 millones de dólares en pagos pendientes de utilidades entre 2013 y 2015.
En general, habría 338 procesos iniciados por trabajadores en contra de cinco contratistas chinas. Los incumplimientos no serían solo con los trabajadores: la empresa recibió multas por más de tres millones de dólares por un un informe de la Contraloría General del Estado de marzo de 2013. CWE fue, además, denunciada ante la Fiscalía por la denominada Comisión Anticorrupción, que se basó en información publicada en Panama Papers. La acusaba de haber simulado contratos por 32 millones de dólares con una empresa suiza para evadir impuestos en el Ecuador. El Servicio de Rentas Internas (SRI) aseguró en ese momento que conocían de este hecho, y que pusieron la denuncia tres meses antes de que la Comisión lo hiciera. La autoridad tributaria aseguró, además, que la empresa china había corregido las declaraciones tributarias y que estaba realizando pagos.
Lo que ocurre en el Ecuador no es necesariamente una práctica exportada desde China, dice Jenny Chan, docente de Sociología y Estudios Chinos en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Y agrega que dentro de su país las empresas sí son más cuidadosas con respecto a los derechos laborales. Aunque no se siente sorprendida de que los jefes chinos traten mal a sus empleados en el extranjero, cree que eso se debe a la falta de control en los países donde operan.
Según Chan, en China los trabajadores están amparados por una ley que, en papel —dice Chan— es muy garantista, pero en la práctica sigue teniendo problemas. “Los empleados que se sienten afectados pueden demandar a su empresa pero al final estas son las que contratan costosos abogados. Y porque pagan impuestos, son los ‘favoritos’ del gobierno. A eso hay que sumarle la corrupción”. De lo que sí se cuida el gobierno es de las huelgas que, contrario a lo que en Occidente se piensa, sí ocurren en China. Según Chan, cuando hay protestas (por ejemplo para reclamar derechos laborales) el gobierno intenta mediar con los trabajadores porque esas muestras públicas son consideradas perjudiciales para la reputación del régimen.
Ambiente
El gobierno de Rafael Correa definió cinco proyectos mineros como estratégicos para el país, todos ubicados en el sur. De los cinco, tres están a cargo de empresas chinas: Exsa en San Carlos Panantza, en la provincia de Morona Santiago, Ecuacorriente en Mirador, en la de Zamora Chinchipe, y Junefield Resources Ecuador en Río Blanco, en la del Azuay.
A excepción del proyecto San Carlos Panantza, los demás, se encuentran en la Cordillera del Cóndor en Zamora Chinchipe y Azuay, ambas declaradas como territorios libres de minería metálica por sus autoridades locales. La primera provincia lo hizo en 2013 y la segunda en enero de 2017. Sin embargo en febrero de 2017, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, María Caridad Vásquez, dijo que la declaratoria no tenía validez jurídica porque la Constitución establece que la competencia sobre las áreas naturales y recursos energéticos e hídricos es exclusiva del Estado. El prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, reconoció que, en efecto, la declaratoria hecha en su provincia para la Cordillera del Cóndor no tuvo mayor impacto, pues el Gobierno Central se amparó en la Constitución para obviarla. Dijo también que no se ha respetado el Mandato Minero, que imposibilita la explotación minera en zonas en las que haya yacimientos de agua.
El Proyecto Mirador, ubicado en El Pangui, es uno de los que más cuestionados. Organizaciones ecologistas y miembros de las comunidades aledañas lo critican. En diciembre de 2015, empezaron los trabajos para dar paso a lo que sería el primer gran proyecto de minería a gran escala en el Ecuador. Para cumplir la meta de producción que debería iniciarse en el primer trimestre de 2018, los trabajos —que incluyen tala de árboles, excavaciones y eliminación de capas vegetales— se realizan a diario. El presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cóndor Mirador (Cascomi), Luis Sánchez, le dijo a Mongabay Latam que en 2014 la empresa china Ecuacorriente taló alrededor de 400 hectáreas de bosque originario: “Ahora están levantando toda la capa vegetal, dejando desnudo el suelo.” Según Sánchez, eso incide en el incremento de deslaves en las épocas de lluvia.
Las comunidades y los activistas han hecho públicas sus preocupaciones por una eventual contaminación provocada por la explotación minera. Un informe realizado en 2012 por la Contraloría General del Estado sobre una auditoría practicada a la concesión y administración de la etapa de exploración de Mirador afirmaba que en la zona a explotar existían 227 fuentes de agua. Además, decía que las licencias ambientales de Mirador son inválidas y que el proyecto minero, “no ha regularizado y armonizado sus procedimientos”. Tres años después, en abril de 2015, apenas siete meses antes de que empiece la explotación minera, el Ministerio de Ambiente dispuso la suspensión de actividades en el proyecto por afectación al medioambiente. Durante ese año se hicieron seis inspecciones ambientales, según esa cartera de Estado, que determinaron incumplimientos a la licencia ambiental. Solicité una entrevista sobre el tema a través del departamento de comunicación del Ministerio de Ambiente, pero tampoco hubo respuesta.
La estrecha relación China-Ecuador está sellada a fuego por el silencio y el acceso dificultoso a contratos y explicaciones. La década que pasó ha dejado al Ecuador con deudas y pérdidas, al punto que Lenín Moreno, sucesor de Rafael Correa y perteneciente al mismo partido, ha dicho que no es cierto que le hayan dejado la mesa servida, como el expresidente dijo antes de dejar el poder. Lo cierto es que a la mesa del poder se han sentado muchas veces, comensales chinos, ávidos de proyectos y recursos naturales. Y el Ecuador ha sido un anfitrión ideal.
*Colaboraron con reportería adicional para este reportaje Robert Soutar y Ludovica Meacci
