Profundidad

El obrero de la comunicación, a un paso de ser destituido por la Contraloría

Un informe del organismo de control señala que Carlos Ochoa, actual Superintendente de Comunicación del Ecuador y brazo ejecutor de las persecuciones administrativas y pecuniarias en contra de periodistas y medios en el país, habría recibido pagos injustificados y hasta un automóvil. Por ello, la Contraloría lo ha destituido. Ochoa tiene 30 días para defenderse.
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    El superintendente Carlos Ochoa habla con la prensa tras salir de la Asamblea en junio de 2013. Fotografía de la Asamblea Nacional/Hugo Ortiz bajo licencia CC BY-SA 2.0


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Carlos Ochoa, el hombre que suele dar lecciones de ética, el que sanciona periodistas y medios, la figura que aplica con discrecionalidad la Ley Orgánica de Comunicación, está cerca de ser destituido de su cargo como Superintendente de Comunicación. La Contraloría emitió un informe en el que dice que habría responsabilidad administrativa culposa de Ochoa por su gestión en el canal de televisión Gama TV, en el que fue Director de Noticias y presentador entre septiembre de 2009 y septiembre de 2013.

Gamavisión (que pasó a llamarse Gama TV luego de ser incautada pero volvió a llamarse Gamavisión en octubre de 2017) es uno de los medios incautados en 2008 a los hermanos Isaías, banqueros acusados de causar la peor crisis financiera de la historia del Ecuador, a finales del siglo pasado. Cuando el expresidente de la República, Rafael Correa, llevaba apenas un año en el poder, ordenó la incautación de casi 200 empresas de los Isaías bajo el argumento de que su venta serviría para recuperar el dinero que los banqueros adeudaban a los perjudicados de la banca y al Estado ecuatoriano por un salvataje que superaba los mil millones de dólares, según informe de 2012.

Las empresas incautadas no se convirtieron en empresas estatales, sino en empresas privadas administradas por el Estado —y por tanto, sujetas a la supervisión de la Contraloría. Ninguno de los medios incautados (entre ellos también diario El Telégrafo y TC Televisión) fue vendido. Quedaron en manos del gobierno correísta que los convirtió en órganos de propaganda.

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Casi diez años después, Ochoa —cabeza de la Superintendencia de la Información y Comunicación, la Supercom— es sancionado por esos manejos. Rafael Correa, enemistado con su sucesor y compañero de partido Lenín Moreno, dice que Ochoa es un nuevo perseguido por el actual gobierno del Ecuador.

Las objeciones de la Contraloría contra Ochoa son incrementos de sueldo, pagos y bonos no justificados. En Gama TV, Ochoa ganaba ocho mil dólares mensuales pero según el informe DAAC 0065-2017 recibió también bonos por más de 94 mil dólares. Entre julio de 2011 y agosto de 2013 (fecha en la que renunció para ser Superintendente de Comunicación), percibió, además, un bono de 3 mil 400 dólares. Durante un poco más de dos años, Carlos Ochoa ganó 11 mil 400 dólares al mes, una remuneración muy por encima del promedio en Ecuador, que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, es de 700 dólares por familia. Lo que una familia ecuatoriana promedio recibe en 16 meses, Ochoa lo recibía en un mes.

A cambio, defendía a Rafael Correa y sus decisiones. En un editorial habló de la “nobleza” del expresidente por ‘perdonar’ a los directivos de diario El Universo y a su editor de opinión Emilio Palacio condenados a pagar 40 millones de dólares en un juicio entablado por el entonces presidente Correa. Ochoa solía referirse a los medios privados como “medios mercantilistas”, invitaba a ministros y funcionarios correístas a exponer sus puntos de vista sin ninguna crítica mientras ridiculizaba y se mostraba agresivo con cualquier invitado crítico al gobierno. “Lo lógico es que en el gobierno de Jamil Mahuad los pobres eran por lo menos 7 millones, culpa de la banca de la cual usted formó parte”, le dijo a Guillermo Lasso, exbanquero y candidato en dos ocasiones a la presidencia de la República. “A todo le encuentran un pero, el MPD a todo le dice no. Ustedes son los culpables de la crisis de la salud.” le dijo a Luis Villacís del extinto Movimiento Popular Democrático —inicialmente aliados del gobierno y posteriormente parte de la oposición. A él también le dijo: “No me contesta todavía sobre lo de golpista, si están ustedes en esa marcha, tiene fines golpistas”.

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La forma —y el fondo— de sus preguntas no eran periodísticas, sino propagandísticas. Ochoa empezó una entrevista al entonces candidato presidente Rafael Correa en febrero de 2014 preguntándole a qué le atribuía la estabilidad en su cargo de Presidente luego de años accidentados. Luego, le dio micrófono abierto a Correa, y se rió de sus ataques y bromas en contra de la oposición.

Esa obsecuencia con el poder fue premiada en 2013. En septiembre se despidió de Gama TV: “Tengo el honor de presidir la terna enviada por el señor Presidente de la República para la designación del primer Superintendente de Información y Comunicación” dijo, solemne. “En mis casi treinta años de experiencia en prensa, radio y televisión, me cabe el orgullo de haber sido un obrero de la comunicación”. Un obrero de 11 mil dólares mensuales.

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Carlos Ochoa hablaba en junio de 2017 en el programa ‘Ecuador no para’ sobre el número de medios sancionados en el país. Fotografía de Agencia Andes/Carlos Rodríguez bajo licencia CC BY-SA 2.0

Cuando el obrero se convirtió en capataz de las comunicaciones lanzó una cruzada incansable contra la prensa. En una entrevista mostró un cuadro en el que se veía que había sancionado a 3 de cada 10 medios del Ecuador. Fue él quien sancionó a El Universo con el 2% de su facturación por una caricatura de Bonil. Carlos Ochoa fungió, durante su época de Superintendente, de censor moral. Llegó un punto en que no tuvo empacho en decirle a los medios, a quienes anteriormente ya  les había dicho cómo titular, que luego no se quejaran si los sancionaba. “Espero que mañana no salga el titular: $ 633.000 ha cobrado la Superintendencia en los tres años de trabajo. Aspiro. Dicen que guerra avisada no mata gente, decía mi abuelita” dijo en 2016 cuando le informaba al país que en tres años de vigencia de la Ley de Comunicación había impuesto multas por ese monto. Para entonces, más de la mitad de las sanciones de la Supercom se habían iniciado de oficio —por decisión de la propia Superintendencia.

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La Contraloría no solo observó los  bonos que recibió Ochoa. También objetó la adquisición de un vehículo Chevrolet Captiva Sport 2010, comprado con fondos de GamaTV pero que, según el informe, Ochoa utilizaba personalmente. El auto habría sido adquirido en julio de 2010, a un precio de 20 mil 915 dólares, valor que “al 30 de abril de 2016 continúa por cobrar de acuerdo a los registros contables”. Según el organismo de control, habría un perjuicio al medio de casi 28 mil dólares (por los intereses y el capital no recuperado). Para el presentador Gino Molinari, GamaTV habría comprado también un carro: un Mazda CX-7 en el 2011. Según la Contraloría, habría un perjuicio a Gama TV (hoy Gamavisión otra vez) por casi 57 mil dólares.

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Los bonos y el auto fueron razones suficientes para que la Contraloría resolviera la destitución de Ochoa. La medida surtiría los mismos efectos que la destitución de la Contraloría de Jorge Glas por la adjudicación del campo Singue. Ochoa deberá, además, pagar una multa de casi 8 mil dólares y tiene 30 días para presentar las pruebas que lo descarguen de esas acusaciones. Pero eso no es todo. También hay una predeterminación de responsabilidad civil culposa: la Contraloría considera que hay razones suficientes para glosar a Carlos Ochoa. Eso significa que, tendría que pagar una reparación por un monto de 115 mil dólares. Tendrá 60 días para defenderse de esa acusación.

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La primera respuesta de Carlos Ochoa se dio el mismo 11 de diciembre a través de un breve comunicado en el que decía que responderá con la documentación pertinente para desvanecer las observaciones de Contraloría. Dijo además que le llamaba la atención que se plantee su destitución como Director de Noticias de Gamavisión, cargo al que renunció hace más de cuatro años y para el cual nunca existió un nombramiento como funcionario público.

Al día siguiente, convocó a la prensa. En una intervención breve no desmintió ni los bonos recibidos ni la adquisición del vehículo. Dijo que Gamavisión es una empresa privada y que su contratación se hizo bajo ese marco, que los pagos extras que recibió fueron por su labor como presentador y entrevistador: “actividades totalmente diferentes a mi labor como director del noticiero”. Sobre el vehículo, dijo que era parte de sus beneficios laborales, algo que, según él, “se da en todos los canales y en todas las empresas”. Sobre su destitución reiteró que carecía de todo sustento jurídico: “No existe un nombramiento del Estado, mal se puede hablar de una destitución”. Al concluir, agradeció y se fue, sin aceptar ninguna pregunta de los reporteros.

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Además de Ochoa, habría otras irregularidades de otros funcionarios. Hay dos exgerentes señalados en el informe: Enrique Arosemena —que también fue gerente del medio público Ecuador TV— y Rodrigo Proaño Navarrete. Las dos glosas en contra de Arosemena suman más de 197 mil dólares; las de Proaño más de 186 mil dólares, y hay casi 85 mil por una glosa conjunta. En total las glosas a por lo menos ocho exdirectivos de Gamavisión suman 664 mil 742 dólares por haber autorizado pagos excesivos y aumentos de sueldo sin justificación: a Ileana Vera, directora de Programación, se le autorizaron bonos por más de 59 mil dólares adicionales a su sueldo de 8 mil 600 dólares (que ya había sido incrementado en 22%;). Giomar Ponce, directora de Noticias, recibió bonos por más de 19 mil dólares adicionales a su sueldo de 7 mil dólares. Al asesor jurídico Alexander Moreno le entregaron más de 58 mil dólares en bonos además de su salario mensual de 4 mil 500 dólares.

La Contraloría sostiene que hubo también incrementos no justificados de los salarios de varios funcionarios: Lian Goldstein, director de Marketing, pasó de ganar 3 mil dólares a ganar 4 mil 825, Enrique de la Plata, gerente regional de Ventas pasó de ganar 2 mil dólares a 3 mil, Rodrigo Proaño Navarrete, gerente general pasó de recibir 8 mil dólares mensuales a 12 mil, y Alfredo Che Vera pasó de ganar 6 mil dólares al mes a 11 mil 120. En 30 días se conocerá la decisión final de la Contraloría sobre la destitución y el pago de la multa; y en 60, sobre las glosas que determinarán la suerte del autonombrado obrero de la comunicación y los otros exdirectivos y empleados involucrados.

María Sol Borja
Periodista y publicista. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha publicado en medios como New York Times, Mundo Diners y Soho. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Editora asociada en GK.