El nuevo presidente del Ecuador ha reiterado en varias ocasiones que su estilo de gobierno va a ser distinto del que prevaleció durante la última década. Más allá de las notorias diferencias de personalidad, es indudable que Lenín Moreno no gobernará como Rafael Correa porque asi lo exigen las circunstancias. Correa llegó y se mantuvo en el poder con niveles históricamente altos de aprobación, salvo en los dos últimos años. Ese enorme capital político le permitió ser una aplanadora no solo electoral, sino de reformas que se hicieron a un ritmo vertiginoso. La victoria de Moreno fue más modesta: en segunda vuelta y con un 49% votando en su contra. A nivel económico el cambio es aún más dramático: es muy distinto gobernar en bonanza que hacerlo en períodos de estrechez, sobre todo cuando la política económica se basa en el gasto público. En el plano internacional, cuando Correa llegó al poder lo hizo uniéndose a una larga lista de líderes de izquierda en la región encabezados por Hugo Chávez. Actualmente la lista de gobernantes no solo es más corta, sino que su más notorio exponente, Venezuela, es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Venezuela fue precisamente el país que más visito Correa durante su década en el poder, por el contrario el primer viaje internacional de Moreno fue a Colombia y Perú. En este nuevo escenario, el gobierno que se juramentó el 24 de mayo de 2017 tendrá que buscar nuevos aliados —o por lo menos reducir su lista de enemigos.

El primer sector con el que el nuevo gobierno debe hacer las paces es con el sector productivo. Durante los años de bonanza petrolera el país creció por el incremento de gasto e inversión pública, situación que difícilmente se repetirá. Lenín Moreno ha hablado de crear un Consejo Productivo y Tributario en el que el sector privado tenga voz y capacidad de influir en la política económica del gobierno, lo que parece un primer paso correcto. Además, ha conformado un gabinete económico con elementos provenientes del mundo académico y del sector empresarial, y se ha reunido con la Asociación de Bancos Privados. Todas estas parecen buenas noticias. Sin embargo después de diez años de desconfianza, es necesario ir más allá. Revisar la carga de impuestos es la primera petición del sector privado, pero habrá que incluir aspectos regulatorios, laborales, comerciales, entre otros.

El otro sector con el que el nuevo gobierno debe sentarse a negociar es con los movimientos sociales, en particular indígenas y organizaciones ambientales. Esta negociación puede ser complicada para el nuevo gobierno, pues muchos de estos sectores se sienten traicionados por Alianza País, un partido político al que apoyaron hace diez años en su llegada al poder. Gestos como la amnistía para líderes comunitarios enjuiciados, garantizar la sede de la Conaie o terminar con la persecución administrativa a organizaciones ecologistas pueden ser pasos iniciales correctos. En su discurso de posesión dijo que respetaría la consulta previa en los proyectos mineros y petroleros, que son en muchos casos el origen de varios de los conflictos entre comunidades indígenas y el gobierno que se fue.

El tercer grupo con el que el gobierno debe firmar la paz es con los medios de comunicación. Correa escogió a los medios como sus contrincantes, en parte por la ausencia de una oposición fuerte en el congreso o en las calles. Este no será el caso de Moreno, que con un 49% votando en su contra y con una mayor participación de partidos de oposición en la nueva Asamblea tendrá suficientes adversarios. La necesidad de reformar la Ley de Comunicación parece comprendida aún entre partidarios del nuevo de gobierno. El alcance de esta reforma será una muestra de hasta dónde quiere Moreno mejorar su relación con los medios de comunicación, y cuál es su concepto de libertad de prensa. La guerra de Rafael Correa con el periodismo fue uno de sus peores errores políticos y sería conveniente que Moreno haya aprendido de los desaciertos de su antecesor.

Moreno debe reducir tensiones y entender que casi la mitad del Ecuador no lo votó. La elección del 2 de abril de 2017 mostró las cicatrices que una década de correísmo dejó: el escaso apoyo a AP en provincias con amplia población indígena como Chimborazo, Tungurahua o Cotopaxi muestra el acoso que dichas poblaciones sufrieron bajo Correa, el apoyo en la mayoría de provincias de la Amazonia a CREO muestra las limitaciones de la política extractivista del gobierno saliente.

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Lenin Moreno deberá deshacer parte del camino andado por Correa y crear puentes con sectores a los que este insultó, humilló e incluso persiguió. Es una tarea difícil y que seguramente ocasionará tensión interna en Alianza País. Sin embargo, de hacerlo bien, Moreno puede conseguir que la economía vuelva a crecer impulsada por el sector privado, que las relaciones con los sectores sociales vuelvan a su cauce normal y que Ecuador deje de ser señalado como un país autoritario donde las libertades están severamente limitadas.