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[dropcap]C[/dropcap]uando nos preguntamos qué podemos esperar si un candidato de la oposición gana la Presidencia en 2017, parte de la respuesta está en la administración municipal de Mauricio Rodas.

A pesar de haber llegado al poder con un discurso anti-oficialista, el alcalde de Quito parece gobernar con la esperanza de que nadie se dé cuenta entre el abismo que hay entre sus palabras y sus acciones. Al inicio de su administración firmó un acuerdo con los buseros que congeló las tarifas a cambio de la imposición de estándares de calidad cuya aplicación los ciudadanos aún esperamos. A finales de noviembre de 2016 anunció que las plataformas de transporte como Uber y Cabify serán prohibidas. La decisión demuestra mucho sobre la esencia de Mauricio Rodas: a pesar de haberse posicionado como el candidato de la libertad económica e individual, le niega a los quiteños no solo el derecho de elegir su modo de transporte, sino a unirse a un movimiento global que busca un servicio superior a través de soluciones tecnológicas. Es paradójico: habla de crear una ciudad 3.0, pero su postura hacia las plataformas de transporte contradice esas intenciones. A pesar ser uno de los responsables de la seguridad de los quiteños, Mauricio Rodas prefiere defender al gremio de los taxistas antes que permitir a los quiteños el acceso a aplicaciones que ofrecen rastreo y permiten al usuario identificar el auto y su chofer antes de subir. La medida de Rodas es anti-libertad, anti-empleo, anti-mercado, anti-seguridad, anti-tecnología. Sólo para defender a un gremio que prefiere usar su poder colectivo para limitar la competencia, en lugar de mejorar la calidad de su servicio. Aquellos ejemplos son solo el comienzo.

Al igual que el gobierno nacional, Mauricio Rodas no tiene problema en hacer acuerdos sospechosos con entidades chinas sin transparentar los detalles: su denominada “solución Guayasamín” prohíbe la construcción de nuevas vías entre Quito y Cumbayá durante 30 años. La supuesta solución de hoy será, sin duda, el problema de mañana. Yo personalmente le he presentado evidencia al Alcalde y sus asesores que gente cercana a su administración está empleando cuentas falsas en Twitter para callar e intimidar a sus adversarios, una estrategia de comunicación característica de regímenes opresivos como Rusia y Venezuela. Aunque mi reclamo logró que se borraron ciertos tuits en mi contra, la reacción de la alcaldía fue de silencio. Las personas involucradas siguen sin sanción.

Mauricio Rodas y su partido han cambiado de alianza política tres veces en dos años. Aunque dice que está en contra de la creación de nuevos impuestos, su respuesta a la impopular ley de plusvalías ha sido ambigua: sólo promete estudiarla “detenidamente.” Su exvicealcaldesa le acusa a él y su partido de haber hecho trampas para asegurar la aprobación de los Quito Cables, un proyecto que podría ser beneficioso pero que carece de estudios técnicos. Pocos meses después de ser anfitrión de Habitat, una conferencia mundial sobre la ciudad sostenible, su administración propone un presupuesto que reduce la inversión en movilidad sostenible. Según el Telégrafo, 13 de las 17 obras que el Alcalde mencionó en la sesión solemne por los 482 años de fundación de Quito son heredadas de la anterior administración. Como dice María Paula Romo, el alcalde se olvidó de mencionar en aquella sesión solemne —en presencia del Presidente de la República— que el vicealcalde de Quito tiene una orden de prisión en su contra por declaraciones en contra del jefe de Estado. Si Rodas llegó a la Alcaldía gracias a la esperanza de gente que quería ver un tipo de gobernanza distinto a su predecesor, Mauricio Rodas ha terminado por no ser más que un alcalde con valores elásticos.

¿Podría pasar lo mismo con los candidatos de la oposición lo mismo que sucedió con Rodas? Unirse al sentimiento en contra de quien está en el poder es una estrategia política probada y a veces muy efectiva. Pero ¿podría ser que si gana uno de los candidatos de la oposición en lugar de desmontarlo se aproveche del aparataje que dejará su predecesor? ¿Cómo nos aseguramos de que los candidatos en verdad creen lo que dicen? Por ejemplo, pesar de presentarse como el candidato de la libertad, Guillermo Lasso ha dicho que mantendrá ciertos el subsidio al gas, una medida que muchos economistas liberales consideran retrógrada. La fenecida coalición La Unidad prometió una frente contra el oficialismo y nominó a Cynthia Viteri como su candidato, pero sólo ofreció “reformar” la ley de comunicación —uno de las piezas legislativas emblemáticas del actual régimen— pero no derogarla. El próximo presidente llegará a Carondelet con un sistema hiper-presidencial. ¿Es la promesa de cambio una convicción o una simple táctica electoral, como parecería ser en el caso del alcalde de Quito?