Fotografía de José Antonio Villacreses
La urgencia de la ayuda no debe nublar las decisiones de un gobierno
El gobierno ecuatoriano debe evitar que sus decisiones frente al desastre natural se conviertan en un desastre económico y político que hunda el porvenir de todo el Ecuador. Los programas de reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas por desastres naturales y las políticas para su financiamiento necesitan sustentarse en un análisis profundo y técnico a través del cual se determine los efectos directos e indirectos de estas medidas sobre la economía. Además, los gobernantes no deben fijarse exclusivamente en las consecuencias de estas políticas en las zonas afectadas por el desastre sino en todo el país. Un ejemplo de esta forma responsable de actuar fue la respuesta del gobierno de Chile a los daños materiales y humanos que dejó el terremoto del 27 de febrero de 2010. El gobierno de ese país realizó un análisis serio de los daños generados por el terremoto y fue después de tener una idea clara del peso monetario de este desastre que tomó las medidas fiscales necesarias. En otras palabras, las políticas de reconstrucción del gobierno de Sebastián Piñera no se fundamentaron en estimaciones obtenidas a “ojo de buen cubero” sino en evidencia sólida. Claro, el gobierno de Piñera pudo tomarse el tiempo necesario para tomar las mejores decisiones posibles frente a ese desastre pues tenían a su disposición recursos provenientes del “fondito” del cobre. No obstante, haya fonditos o no, es necesario generar políticas de emergencia usando evidencia como respaldo y no dejar que la ansiedad y la consiguiente desesperación lleven a la formulación de políticas apresuradas que empeoren el problema.
Ecuador, después del terremoto de 7.8 grados de magnitud del sábado 16 de abril, está en un momento delicado que requiere de mucha responsabilidad por parte del gobierno. Hay que estar consciente que después de estos desastres naturales, las expectativas y la esperanza de los afectados recae como un gran peso sobre la espalda de los gobernantes. Es una prueba titánica al liderazgo de los servidores públicos cuyas decisiones pudieran verse afectadas por las emociones de la ciudadanía: el terror, el dolor y la frustración. Es un momento en el que los gobiernos buscan, bajo un sentimiento de urgencia, políticas que aumenten de manera inmediata la liquidez de las arcas fiscales para ayudar en el menor tiempo posible a las víctimas del desastre. Y es por esa misma razón que aumenta el peligro de que la desesperación afecte el juicio y perspectiva de quienes se encuentran en el poder. Este, paradójicamente, pese a toda la ansiedad acumulada, es un momento en el que los gobernantes requieren de una mayor calma y claridad de pensamiento. Además, en estos momentos trágicos aumenta la tentación a recurrir a mecanismos de expropiación o confiscación “solidarias” de recursos privados; pero los gobernantes deben ser sabios y no caer en la tentación, puesto que esto puede erosionar la voluntad de la población no afectada para ayudar a los afectados. De hecho, aunque el aire se encuentre impregnado por el olor a sangre y el sonido característico del dolor físico y emocional, los gobernantes deben recordar que el fin no justifica los medios, incluso en estas lamentables circunstancias.
Es justo reconocer que estos son momentos muy difíciles para cualquier gobierno porque se enfrenta a un proceso arduo y complicado que implica: reconstruir la infraestructura y las viviendas de los afectados, restituir energía a las industrias, proporcionar puestos de trabajo, restablecer los servicios salud y educación, ofrecer albergues a quienes han perdido sus casas y mucho más. No obstante, debe recordarse que es justo en este momento cuando más se necesita que los gobernantes implementen estrategias que aumenten la confianza de los inversores y que, además, estos exhiban espíritu de liderazgo que permita encaminar los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad a un solo objetivo. Nuevamente, el verbo es encaminar y no forzar pues, bajo coerción es imposible lograr nada.
Por esta razón propongo el siguiente grupo de acciones para enfrentar de una mejor manera los complicados meses que tenemos por delante:
- Proporcionar a corto plazo asistencia a las familias en dificultades. Para esto las acciones de la sociedad civil son indispensables y por eso el gobierno debe incentivar y facilitar su involucramiento y hacerlos partícipes de los retos que la reconstrucción impone a toda la sociedad.
- Facilitar la circulación de bienes hacia las zonas afectadas por el desastre natural dando prioridad a aquellos bienes que permiten satisfacer las necesidades básicas de las víctimas. Es muy común enfocar los esfuerzos en zonas urbanas o de alta concentración demográfica olvidando (o dejando en un segundo plano) aquellas zonas rurales más apartadas y menos densas poblacionalmente. Este fue el principal problema durante la operación de rescate y recuperación después del huracán Katrina.
- Negociar alivios temporales para las obligaciones financieras de las personas afectadas y apoyar a los gobiernos locales para que puedan acceder a fondos internacionales para llevar a cabo proyectos de reconstrucción.
- Una vez que la asistencia para la recuperación inmediata, a corto plazo, ha sido asegurada el gobierno debe identificar las industrias o empresas que son grandes empleadores en la zona de desastre y trasladarles el liderazgo en la reactivación productiva de la zona. Para esto el gobierno deberá diseñar un programa de estímulo eficaz para dicho sector.
- Conectar inmediatamente la fuerza de trabajo con los puestos de trabajo en las industrias de la zona. En otras palabras, evitar la dependencia a la ayuda y hacer que los individuos vuelvan a trabajar lo más pronto posible.
- Implementar incentivos a la construcción o la reconstrucción de viviendas que incluyan recortes de impuestos u otras ayudas tributarias, legales o financieras. La reconstrucción debe enmarcarse en parámetros dentro de un plan de prevención de calamidades para desastres naturales futuros.
- Financiar la intervención gubernamental en la reconstrucción con fondos frescos que provengan en su mayoría de afuera de la economía nacional. Y si, por alguna razón el gobierno debe aumentar la carga tributaria para obtener mayor liquidez, mostrar señales de buena voluntad y de compromiso adoptando de forma paralela (o anticipada) un plan estricto de austeridad del gasto público. En Chile, por ejemplo, la reconstrucción de las zonas afectadas después del terremoto del 2010, se fundamentó en un plan de financiamiento que se apalancaba de manera importante (i.e. aproximadamente el 25% de los recursos para la reconstrucción) en fondos provenientes de un programa fuerte de austeridad que entre otras cosas consistía en reasignaciones y ahorro de los recursos públicos, así como venta de activos públicos. Con este gesto de compromiso y sacrificio, el gobierno de Sebastián Piñera predicó con el ejemplo y obtuvo la legitimidad necesaria para alcanzar la buena voluntad de los hogares y las empresas, facilitando con esto la aceptación e implementación de las reformas tributarias requeridas para este desastre natural.
- Establecer una clara división entre las responsabilidades del sector privado y del público en lo que respecta a la reconstrucción. Esto es, el gobierno solo es responsable de una fracción de los daños y es el sector privado quien debe cubrir el resto. Por esto las políticas de incentivos anteriormente descritas son esenciales.
- Finalmente, mantener transparencia en el manejo de fondos nuevos que ingresan a las arcas fiscales para la reconstrucción de las zonas afectadas. Para la consecución de este propósito se aconseja separar estos fondos de los demás fondos públicos, acción que no solo simplificaría su uso sino que aumentaría la confianza de los agentes económicos al ver que el dinero aportado se utiliza exclusivamente para los objetivos de reconstrucción. Adicionalmente, permitiría el control en el manejo de esos fondos manteniendo la credibilidad de las acciones del gobierno, y evitando problemas de desvíos de fondos como los que ha tenido que sufrir Haití.
Este es un momento crucial en el cual se pone a prueba muchas cualidades de aquellos que se han hecho llamar líderes y han llegado a puestos de poder. Estas son las pruebas máximas, que a la población le permite determinar si el gobernante en cuestión se lo puede elevar a la categoría de estadista o se lo deba descender a la categoría de capataz.
