Fotografía de José Antonio Villacreses
¿Cuál es el rol de gobierno, ciudadanos y empresas después del terremoto de abril de 2016?
El terremoto del 16 de abril de 2016 y sus secuelas nos dejan varias lecciones. La primera es acordar un plan de reconstrucción en el que todos nos veamos reflejados y en el que miremos a los demás. Está claro que se requieren recursos para afrontar la emergencia de una catástrofe y su reconstrucción. Pero importa mucho el aporte relativo de ciudadanos, empresas y Estado, y cómo surgirá y cómo se canalizará. Si se percibe que alguien no es recíproco o no contribuye según la expectativa creada, hay desconexiones y cortocircuitos que dificultan la formulación y aplicación, no solo de la reconstrucción, sino de un proyecto de vida conjunto. Chile puede ser un buen espejo en el que podemos mirarnos. A pesar de sufrir un terremoto y un maremoto, su economía creció a más 5% en ese año, y aun ritmo similar los siguientes cuatro. ¿Qué podemos aprender de esa experiencia?
El terremoto de febrero de 2010 encontró a Chile en la transición presidencial, aun así, para el 11 de abril estaba listo su plan de reconstrucción. El 6 de mayo, el presidente Piñera presentó un conjunto de reformas legales para la reconstrucción, incluyendo la creación de fuentes de financiamiento. La ruta de la propuesta legislativa no fue fácil, pero fue fructífera en el mediano plazo. Tras cambios, tachones y muñequeo entre Presidente, Cámara baja y Senado —incluyendo el llamado a 5 ministros y a varios funcionarios— acordaron una comisión mixta, de ambas cámaras, para encontrar acuerdos. Recién el 31 de julio se publicó la Ley de Financiamiento de la Reconstrucción, que entró en vigencia cincos meses después del terremoto. Tarde, se podría decir. Pero consiguió apoyo político y social para ser implementada.
La ley hizo tres cambios importantes en materia tributaria, pero los impuestos no fueron, ni de cerca, la mayor fuente de financiamiento de la reconstrucción. Se incrementó transitoriamente el Impuesto de Primera Categoría, que grava el rendimiento del capital (industrial); se incrementó permanentemente el impuesto al tabaco y se creó una sobretasa parcial al impuesto territorial (algo similar a nuestro impuesto predial). Pero además vale señalar: no aumentó el IVA, se redujo la evasión, y se crearon exenciones tributarias para pequeñas y medianas empresas. En conjunto, los impuestos financiaron menos de la quinta parte de todo el plan de recuperación: USD 2.890 millones desde el 2010 al 2014.
El gobierno central puso lo suyo. Las reasignaciones presupuestarias y la eliminación de ciertas partidas (lo que los economistas llamarían austeridad fiscal) aportaron más que los impuestos recaudados: USD 2.920 millones en el mismo período. ¿De qué se habla cuando se dice ‘reasignaciones presupuestarias’? Va un ejemplo, como lo hizo Chile: eliminar el 5% de gastos en bienes de consumo y compra de equipos y maquinaria, y transferirlo al fondo para la reconstrucción. Así, sin vueltas. Con decisión.
Un par de datos más para redondear el financiamiento de la reconstrucción. El 23% del financiamiento total, USD 4.490 millones entre el 2010 y 2014, provino de la venta de activos estatales, de la colocación de deuda, y de su fondo de emergencias. ¿Tiene el Ecuador activos que se puedan vender? Tal vez los medios incautados. La colocación de bonos no sería realista por la posición fiscal actual —con un déficit de alrededor de siete mil millones, y con precio del barril de petróleo a poco más de treinta dólares, no es negocio colocar deuda—, pero a lo mejor se puede cambiar el perfil de la deuda (plazo e intereses).
La existencia y uso de un fondo de contingencias en Chile requiere un comentario aparte. Finalmente, cámara baja y senado autorizaron traspasos de recursos de la Ley de Reserva del Cobre hacia el fondo de reconstrucción, y mayor uso —temporal— de una parte de los ingresos que deja la exportación de cobre. Es cierto, eran otros tiempos, de precios altos de commodities, pero eso solo influyó en el ingreso del cobre de ese año, no en los fondos acumulados.
Hasta ahí la parte fiscal y financiera de la reconstrucción, pero hay más. Se incentivó y facilitó la ayuda que brindó la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile y Un techo para Chile. Digámoslo nuevamente: fue un plan que potenció la colaboración de todos. Además, el presidente chileno y el gobierno central delegaron gran parte de la toma de decisiones a otras instancias, incluyendo los gobiernos locales — el rol de los gobiernos locales es para otra nota.
En esencia, el financiamiento de la reconstrucción vino del acuerdo social. El primero —y el más importante— sobre el uso responsable de la renta de un recurso natural no renovable, que es un consenso sobre el uso actual y futuro de su patrimonio. Un acuerdo que, con bemoles, fue interpretado correctamente por la élite política que no ha mirado esa ‘plata fácil’ con la impaciencia que generan las eternas próximas elecciones. El segundo, el que asentó a la reconstrucción, que incluyó incremento de impuestos, aporte del gobierno central, e ingresos del cobre.
Un terremoto puede desatar solidaridad guardada, acumulada, que a veces incluso no se dejaba ver. Lo mostró el Ecuador en estos días. El país —guiado por la clase media de Guayaquil y Quito— regresó a ver y acogió a los necesitados. Ahí, en ese acto, en esa gente, está el núcleo de una coalición social que puede mirar elementos de un proyecto de país conjunto, incluso más allá de la desgracia temporal. La política, los políticos, según su talla ética, pueden abonar o entorpecer esa confluencia. Seguramente la reconstrucción en Chile tuvo errores, al inicio y al final, chicos y grandes, pero los políticos y el gobierno asentaron la política pública sobre una base social; por eso la acción estatal, además de hacer lo suyo, potenció la reacción espontánea de la gente. ¿Y en Ecuador?
