No fue fácil llegar a esa resolución. Kleber López, gerente de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal de Galápagos, asistió como observador a la reunión donde firmaron el acuerdo. Dice que fue un encuentro tenso, que Donato Rendón —representante de las cuatro cooperativas de pesca de Galápagos— exigió al Parque que permita capturar pepinos porque si no lo hacía, los pescadores saldrían a protestar. Según López, el gremio justificó su pedido argumentando que “la pesca de altura está bajísima porque la albacora no sale bien por el agua muy caliente, que con la pesca costera se vende muy poco y solo en el mercado local, y que la crisis es inminente y necesitamos algo para vivir”. Los pescadores también justificaron su pedido diciendo que el último monitoreo no se realizó con rigurosidad. Ellos conocen el proceso de cerca porque cuando empezaron estas inmersiones anuales, en 1994, fueron capacitados para recolectar pepinos. “La queja es que no les dan suficiente tiempo para buscarlos y que el mar está muy bravo a veces, y no se puede ver y no regresan a ese punto después, es una búsqueda incompleta”, dice López. La DNPG aceptó el pedido de los pescadores y firmó el acuerdo que permite capturar solo 500 mil pepinos en esos cuarenta y cinco días. La presión gremial consiguió lo que buscaba: pesca, aunque el informe técnico recomendaba lo contrario.
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Este es un problema de varias aristas. Hasta el año pasado, esta decisión la habría tomado la Junta de Manejo Participativo (JMP), un organismo conformado por la DNPG y un representante de cada sector —guías naturalistas, conservación, turismo y pesca—, que fue disuelto con la nueva Ley de Galápagos, publicada el 11 de junio de 2015. Ahora, sin la JMP, las decisiones parecen tomarlas solo la DNPG y el sector directamente involucrados. Óscar Aguirre, director de la cámara de Turismo de Galápagos, dice que siempre acudía a las reuniones de la JMP, pero no estuvo en la última conversación en la que se decidió la apertura de la pesca. “La desaparición de la Junta es grave porque si, por ejemplo, un tema pesquero no se lo consulta a conservación, entonces el único que se perjudica es la naturaleza, como acaba de suceder”. La ya extinta Junta también traía una suerte de equilibrio entre los sectores. Según Santiago Bucaram, investigador y PhD en economía de recursos naturales, la participación de los pescadores en las decisiones de otros temas —como los que se trataban en la JMP hasta el 2014— también los empoderaba porque se sentían escuchados: “mientras más se involucraban los pescadores en los procesos, había menos eventos violentos organizados por ellos”. Ahora, ellos solo participarán en “sus procesos” y, según representante, Kléber López, en el único diálogo que han mantenido con la DNPG desde que se disolvió la JMP, la actitud del gremio fue amenazante.
Esa posicion desafiante no es inédita. En 2004, cuando se abrió la pesca solo por sesenta días y se emitió un acuerdo que declaraba la veda durante todo el 2005 y 2006, los pescadores amenazaron con tomarse el Parque y cerrar el aeropuerto de Baltra. La pesca de pepinos de mar tiene una historia violenta. La voracidad con la que se los capturó en las últimas dos décadas, no tenía medida ni freno, y cuando se intentaba aplicar vedas, para controlar la depredación, las reacciones de los pescadores eran más que vehementes.
Es una avidez que solo ha crecido con el tiempo, y que trajo al Ecuador a gente lugares remotos. La explotación de pepinos en nuestro país empezó en 1988, cuando empresarios asiáticos llegaron a Manabí en búsqueda del codiciado equinodermo. Cuando arrasaron con todos los que hallaron en el fondo del mar manabita, se trasladaron a Galápagos en 1991. En el archipiélago, hay 38 especies de pepinos pero solo uno se pesca y comercializa. Cuando se inició la pesquería en las islas, no había estudios científicos sobre la biología de la especie, por eso la actividad se realizó sin planes de manejo y control.
En ese entonces pocos conocían lo que todos saben ahora: que los pepinos de mar son recicladores de nutrientes y agentes de bioturbación, se comen los desechos y sedimentos del fondo del océano y lo convierten en materia orgánica, que se encargan de la remoción y oxigenación de los suelos y evitan la estratificación, que son organismos indispensables para mantener la productividad de los ambientes marinos. Sin esta información sobre la importancia ecosistémica y con la noticia de que eran muy cotizados en el mercado asiático, los pescadores locales empezaron a capturarlos sin descanso ni control. El boom del pepino produjo una de las principales olas migratorias a las Galápagos: cientos de ecuatorianos del continente —pescadores o no— querían comercializarlo. Para intentar detener esta depredación, en 1992 el gobierno ecuatoriano prohibió su pesca. Sin embargo, la ilegalidad fue más fuerte y su captura no se detuvo.
Ante la inefectividad de la prohibición, había que intentar una regulación técnica de la pesca de pepinos de mar. En 1993, la DPNG hizo el primer estudio para obtener datos sobre la población de esta especie. Priscila Martínez —bióloga del Instituto Nazca de Investigaciones Marinas y especialista en pepinos de mar— participó en este monitoreo en las islas Isabela y Fernandina, donde estaba la mayor población. En las zonas con más pepinos (por 100 metros cuadrados) se encontraron 600, en las de menos pepinos, 80. Con esta información, se fueron creando parámetros para su pesca: zonas donde no se los debía capturar, tamaño recomendado de captura —21 centímetros—, entre otros. A partir del año siguiente, se realizaba un monitoreo anual entre la DPNG, la Fundación Charles Darwin y los pescadores que habían recibido capacitaciones para la recolección. En 1999, el monitoreo se extendió al resto de islas —Santa Cruz, San Cristóbal, Española y Floreana. En el proceso se involucraron representantes de cada sector de Galápagos. Se volvió en un monitoreo participativo que, eventualmente, originó la Junta de Manejo Participativo, que empezó a tomar decisiones sobre la apertura de pesquerías. Para hacerlo, todos los miembros debían estar de acuerdo. Si no había consenso, la decisión pasaba a la Autoridad Interinstitucional de Manejo de la Reserva Marina de Galápagos. Este proceso, que sirvió como ejemplo para el manejo de otras áreas protegidas como en Chile y México, funcionó hasta el año pasado. Sobre el manejo participativo, la página web de la DPNG, dice que “también ayuda a que los usuarios tengan un mejor conocimiento de la real situación del recurso y formen parte de las decisiones sobre su control y manejo. Con esta forma de trabajo conjunto y basada en información técnica y científica, los principios de conservación y manejo sustentable pueden ganar aceptación en la comunidad galapagueña”. Una explicación que el 10 de julio del 2015 dejó de ser aplicable.
El modelo galapagense era un referente mundial. Hace un par de años, se realizó en Galápagos un encuentro de expertos en pepino de mar. Cuando se compartieron las experiencias entre los dieciséis especialistas de todo el mundo, recuerda Priscila Martínez, las islas tenían el programa más completo y avanzado. Pero estas bases que se dejaron en el 94 luego del primer monitoreo se cumplieron por poco tiempo, y cada vez se aplican menos, por costos —como los patrullajes— y voluntad política. En Galápagos se diseñó el modelo para conservación y pesca de pepinos de mar que se aplica en otras áreas protegidas del mundo, pero no el archipiélago ecuatoriano.
El último monitoreo y la apertura de la pesca lo demostraron. En el informe del 2015, junto con el resultado de que solo se encontraron seis por cada cien metros cuadrados, se especificó que el sitio con más individuos fue la macrozona Fernandina este con 13 por 100m2, y el menor, en la macrozona de San Cristóbal oeste con solo 3 pepinos por 100m2. Según un informe del 2012, desde 2004, el número ha estado por debajo de 13,5 pepinos por 100m2. Desde entonces solo ha caído: en 2014, 2013 y 2012 los monitoreos revelaron cifras críticas y no justificaron que se abra la pesca. El número de pepinos que se encontraron en esos tres años fue el mismo, no ha variado, y esto se debe a dos razones principales: la complicada reproducción y el lento crecimiento de la especie. Para que los espermatozoides fecunden a los óvulos en una columna de agua, los individuos deben estar cerca, y con la pesca que se ha dado en los últimos veinte años, los pepinos están cada vez más lejos los unos de los otros.
La fecundación se complica. Y, una vez fecundado, la larva atraviesa por una serie de fases en la que el riesgo de ser presa de otros peces, es altísima. Si es que la larva logra sobrevivir estas adversidades y se adhiere a un sustrato y empieza a alimentarse, tarda cerca de ocho años en alcanzar el tamaño permitido para ser capturado —según los parámetros del Parque: 21 centímetros. La mayoría de veces no se respeta esa condición, y se pescan antes de que alcancen la madurez sexual: el pescador impide que los pepinos se reproduzcan. Por ignorancia y conveniencia, interrumpe el ciclo del recurso que tanto ansían, y por el que presionan a las autoridades. Algunas fuentes que no quieren ser citadas, dicen que el Ministerio de Ambiente emitirá en esta semana una nueva veda sobre el pepino de mar, dejando sin efecto lo resuelto el 10 de julio de 2015 por la DPNG y los pescadores. Es probable que, por esta revisión de la medida, las amenazas de paro y protestas tomen cuerpo, una vez más. Si el levantamiento de la pesca persiste, muy pronto esos pescadores no tendrán pepinos para pescar. Peor aún: habrán acabado con una especie fundamental para el equilibrio de las Galápagos. Y entonces tendrán que buscar otra especie para vivir.
