La tensión por la tasa del 30% de Ecuador a Colombia, explicada

Desde el 1 de febrero de 2026, los productos que entren a Ecuador desde Colombia deberán pagar una “tasa de seguridad” del 30%, según el presidente Daniel Noboa el 21 de enero de 2026. Este recargo, explicó en su cuenta de X, responde a “la falta de reciprocidad y de acciones firmes” del gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera entre ambos países. 

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso asumiendo un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales”, escribió Noboa. Ese déficit se produce porque Ecuador compra a Colombia mucho más de lo que le vende cada año.

Noboa añadió que “nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales vinculados al narcotráfico en la frontera, sin cooperación alguna”.

Horas más tarde, el Ministerio de Defensa de Colombia respondió, en un comunicado, que sí existe cooperación en materia de seguridad con Ecuador, incluido el intercambio de información y acciones coordinadas en la frontera para enfrentar el narcotráfico.

Como ejemplo, la Cancillería de Colombia señaló que las operaciones entre la Armada de Colombia y el Ejército ecuatoriano permitieron la incautación de 195.862 kilogramos de cocaína en la frontera durante el 2025. 

Además, producto del intercambio de información, se evitó la distribución de 371.000 dosis de droga y hubo una afectación económica estimada en 13 millones de dólares a estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas —sin precisar las fechas. 

La tasa de seguridad —que se mantendrá, según el gobierno de Noboa, hasta que haya un “compromiso real y conjunto para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal”— fue anunciada un día después de que Petro publicara en su cuenta de X, el 20 de enero de 2026, un mensaje en el que exigía la liberación de Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador sentenciado por varios casos de corrupción, a quien sus partidarios consideran un preso político, a pesar de las varias condenas que pesan sobre él. 

Bernardo Gortaire Morejón, politólogo especializado en relaciones internacionales, explica que en todo el mundo se ha consolidado una tendencia a usar herramientas económicas como instrumentos de política exterior, vinculándolas a discursos de seguridad. 

Por ejemplo, menciona el uso de aranceles durante el gobierno de Donald Trump, donde las medidas comerciales fueron empleadas como mecanismos de presión política.

Para el economista Juan Carlos Salvador, la nueva tasa impuesta a Colombia tiene un tinte más político que técnico. “Siempre ha existido una buena relación entre los dos países”, señala. Sin embargo, advierte que se da un contexto de vulnerabilidad en el sector energético. 

Ecuador importa energía eléctrica de Colombia. Entre enero y noviembre de 2025, el costo de esa importación fue de 67 millones de dólares, según el Operador Nacional de Electricidad Cenace. En 2024, en plena crisis energética, la importación alcanzó los 230 millones de dólares.

“Me preocupa porque este tipo de medidas suelen generar represalias”, adelantó Salvador. 

Al día siguiente, el 22 de enero de 2025, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia emitió, el jueves 22 de enero de 2026, una resolución que suspende la venta de energía eléctrica a Ecuador. Además, el gobierno colombiano anunció que aplicará un gravamen del 30% a 20 productos que Ecuador exporta a Colombia, sin precisar a cuáles.

“La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua”, dijo la ministra de Comercio de Colombia, Diana Morales. Pero cuando “se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo”, añadió. 

Te explicamos más sobre la tensión comercial entre Ecuador y Colombia, cómo se aplicará la tasa a las importaciones y las consecuencias. 

Medicinas, entre productos más afectados

Colombia es uno de los principales socios comerciales de Ecuador. 

Entre enero y noviembre de 2025, según los últimos datos del Banco Central del Ecuador, las importaciones de Colombia a Ecuador alcanzaron los 1.717 millones de dólares. Ecuador exportó a ese país 808,4 millones de dólares. Es decir, hubo un déficit comercial de 908 millones de dólares —Ecuador compró más de lo que vendió. 

Entre los principales productos importados desde Colombia hacia Ecuador hubo medicamentos por 95 millones de dólares, energía eléctrica por 65 millones de dólares, productos como ropa, vehículos pesados, insumos para productos de limpieza, entre otros. 

Con el anuncio de una tasa de seguridad del 30%, estos productos podrían ser más caros después del 1 de febrero, tanto para importadores como para consumidores en Ecuador. 

Juan Carlos Armas, experto en comercio exterior y aduanas, lo explica con un ejemplo sencillo. Supongamos que Ecuador importa desde Colombia 100 cajas de mascarillas por un valor de 1.000 dólares. Si esa mercadería llega a la Aduana ecuatoriana después del 1 de febrero, se aplicará la tasa de seguridad del 30%. El valor de la importación subirá a 1.300 dólares.

Esos 300 dólares adicionales los pagará quien recibe el producto en Ecuador. Ese mayor costo, explica Armas, se reflejará en el precio final, que los pagarán los consumidores ecuatorianos.

“Hay que entender que los aranceles no los paga el país que uno pretende castigar. Los paga el país que los impone, porque el arancel recae sobre lo que se importa”, explica a GK el analista económico Alberto Acosta Burneo.

Según el analista, las importaciones serán más caras: la electricidad, los insumos y los bienes de consumo. El impacto se extenderá al sector productivo nacional, ya que al encarecerse los insumos —muchos de ellos comprados a Colombia—, aumenta el costo de producción en Ecuador.

El politólogo Bernardo Gortaire Morejón advierte que el aumento de costos en los medicamentos es particularmente sensible en medio de la crisis sanitaria en Ecuador. 

Desde 2023, el sistema de salud ecuatoriano enfrenta una crisis de medicamentos: hospitales sin insumos, pacientes sin atención y más pacientes. La situación se agravó en diciembre de 2025, cuando el gobierno de Ecuador debió declarar en emergencia a los hospitales por la falta de medicina.

La compra de electricidad, afectada por la decisión

La tensión comercial también alcanzó al sector energético. Horas después del anuncio de Noboa,  el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, recordó que Colombia provee entre el 8% y el 10% de la electricidad que consume Ecuador.

Al día siguiente, el 22 de enero de 2026, Colombia publicó una resolución con la que suspendía la venta de energía a Ecuador y el ministro Palma dijo que sería desde las 6 de la tarde de ese día. 

Aunque parece una represalia, el ministro Palma dijo que la decisión respondía  “a una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país” sobre una posible transición hacia un nuevo fenómeno de El Niño.

La venta de electricidad de Colombia ha sido clave para Ecuador que padece de un déficit de generación eléctrica. En la crisis eléctrica 2024 —cuando hubo apagones de hasta 14 horas diarias—, el país importó desde Colombia un promedio de 440 megavatios (MW) diarios. Para dimensionar esa cifra: la demanda máxima de energía fue de 5.110 MV en un día. 

Solo en septiembre de 2025, en época de estiaje, Ecuador cubrió con energía colombiana el 12% de su demanda eléctrica. 

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador señaló en un comunicado que el sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con “capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía, incluso ante la indisponibilidad de la importación de energía desde Colombia”. Es decir, que por ahora no necesita la energía de Colombia. 

Otras represalias colombianas 

Aunque Colombia no ha dicho cuáles son los productos ecuatorianos a los que impondrá un arancel del 30% al anuncio ya genera preocupación.

Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), con base en cifras del Banco Central del Ecuador, estos fueron los 10 productos que Ecuador más exportó a Colombia entre enero y noviembre de 2025:

¿Una posible sanción a Ecuador? 

La tasa de seguridad que impondrá Noboa a las importaciones no es técnicamente un arancel, explica Armas. 

Los aranceles son tributos que cobra un Estado a los productos que entran al país desde el exterior. La tasa, en cambio, es un cobro adicional que se aplica por un servicio específico. Por eso, la tasa se aplicará incluso a productos que, por los acuerdos comerciales, hoy no pagan arancel.

Ecuador y Colombia son países miembros de la Comunidad Andina (CAN) y como tal ambos están sujetos al Acuerdo de Cartagena. Este instrumento ordena que el comercio entre los países miembros debe funcionar, en principio, como una zona de libre comercio. Es decir, sin aranceles ni barreras unilaterales para los productos originarios —eso significa que se producen en un país miembro, o se elaboran allí cumpliendo reglas de origen específicas.

Cuando cumplen esos requisitos y cuentan con un certificado de origen, no pagan arancel al ingresar a otro país de la CAN.

Pero ¿se puede cambiar un acuerdo comercial así? Armas dice que los acuerdos comerciales no se derogan de forma unilateral. 

En el caso andino, cualquier conflicto comercial se tramita dentro del sistema de la CAN, a través de su Secretaría General o del Tribunal Andino. También existe la vía de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que supervisa el cumplimiento de las reglas del comercio internacional entre Estados.

Entonces, ¿por qué muchos hablan de “arancel”? Porque —explica Salvador— el anuncio presidencial da a entender un cobro a las importaciones que será gestionado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). En la práctica, se cobra en la Aduana y encarece los productos importados, igual que un arancel, aunque jurídicamente se lo denomine “tasa”. 

Pero por imponer esta tasa, Ecuador se expone a una posible demanda ante la CAN. “En la Comunidad Andina no se pueden imponer aranceles, por lo tanto la medida del 30 % contradice totalmente el régimen de la comunidad andina”, explica Ivonne Téllez, especialista en Derecho Internacional.

La experta dice que existen excepciones solo en casos específicos, pero estas medidas deben ser notificadas a la CAN y Ecuador no ha justificado adecuadamente ninguna de estas razones. 

Tellez explica que Colombia puede iniciar un proceso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la CAN. Y en caso de comprobarse el incumplimiento, Ecuador “no solamente va a tener que retirar el arancel, sino que deberá reparar los daños”. 

El Secretario General de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez Reinel, pidió, el 22 de enero de 2026, a los presidentes de ambos países postergar las medidas anunciadas y dialogar “para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos”.

Para Téllez, el aumento de aranceles vuelve a la economía más propensa al contrabando. Explica que las redes de contrabando fronterizo, que ya operan a través de pasos informales flanqueando controles aduaneros podrían fortalecerse con este tipo de decisiones.

El economista Alberto Acosta Burneo dice que es una decisión que “no beneficia a los ecuatorianos ni a los colombianos”. Además, advierte que este tipo de medidas unilaterales deterioran la imagen de Ecuador en la región y lo colocan en un conflicto innecesario.

Acosta explica que Ecuador no está en posición de replicar estrategias de presión comercial propias de economías mucho más grandes, como Estados Unidos. “Somos un país pequeño y no nos conviene entrar en la lógica del quién es más fuerte, porque ahí siempre salimos perdiendo”, afirma.