¿Cómo una ciudad se puede preparar para la migración?

América Latina es mayoritariamente urbana, pero está lejos de ser estática: más del 80% de su población vive en ciudades. Estas recibieron —o al menos vieron pasar— a los 21,8 millones de personas que, según la agencia de la ONU de refugiados, Acnur, fueron desplazadas forzosamente en toda la región durante 2024. La cifra supera a la población entera de Ecuador. En este contexto, las ciudades deben, ante todo, ser planificadas para la movilidad humana.

La evidencia está en la calle: el éxodo venezolano reconfiguró tanto las rutas migratorias de toda la región como las poblaciones a lo largo y ancho del continente. Según R4V —una plataforma internacional de la ONU y otras agencias que coordina la respuesta a ese éxodo—, hoy hay 6,87 millones de ciudadanos de Venezuela en 17 países de América Latina y el Caribe. De ellos, los mayores receptores son Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador.

Al mismo tiempo, los flujos de migrantes sudamericanos —y asiáticos, africanos y de Oriente Medio— por el Tapón del Darién hacia Estados Unidos han oscilado entre cifras récord y descensos abruptos, luego de políticas del presidente Donald Trump. Pero la ruta no va a desaparecer, independientemente de que desde Estados Unidos o México se permita o se disuada su uso.

Todas estas personas, junto con sus relatos complejos y sus necesidades, llegan a engrosar la población de las ciudades latinas lo que implica desafíos en el empleo, la vivienda, los servicios públicos, el espacio público, la salud y la educación, entre otros.

Este fenómeno no es nuevo: cada urbe latinoamericana tiene su propio relato migratorio.  Bogotá, por ejemplo, tenía menos de un millón de habitantes en 1950, para llegar a más de ocho millones a comienzos del siglo XXI.

¿Qué vuelve resiliente a una ciudad ante tan rápidos aumentos de población? 

La respuesta está en reglas claras y verificables, como que cada nueva expansión urbana, es decir cada crecimiento territorial de la ciudad, garantice calles suficientes. Se aconseja que entre 20% y 30% del suelo esté destinado a la red de vías con buenos andenes. Pero en Colombia ese número no supera el 18% y las administraciones —alcaldías, ayuntamientos, gobernaciones— no ahorran esfuerzos para aumentar ese porcentaje. 

Otra clave es que de 15% a 20% del área de la ciudad sea espacio público efectivo con infraestructura que la ciudadanía pueda aprovechar: jardines, colegios, hospitales, centros de atención en salud, puestos de seguridad, entre otros mínimos.

Hay otro criterio que hace que las ciudades sean más resilientes a la migración: la vivienda, siempre bien localizada, debe tener potencial de aumentar. Es decir, que ni el espacio —el área de terreno aprovechable para construir—, ni los recursos —el músculo financiero para realizar dichas construcciones—, se acaben después de desarrollar una primera etapa. Esta expansión también debe garantizar que vayan a existir servicios públicos para todos en el futuro.

Por último, el sector público, el privado y la ciudadanía deben tener mecanismos de gobernanza metropolitana: que se cuente con espacios de coordinación para determinar cómo se utiliza el suelo, qué demanda la población para asegurar su calidad de vida, y cómo se pueden financiar estos esfuerzos. Dichos espacios pueden ser centros de reunión barrial, oficinas de atención a la ciudadanía y espacios públicos destinados al encuentro, entre otras posibilidades.

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En los años noventa y a principios de la década de 2000, el desplazamiento interno en Colombia, causado mayoritariamente por la violencia en zonas rurales, empujó a casi siete millones de personas hacia las periferias urbanas del país. 

Esa experiencia, con sus logros y cicatrices, terminó no solo por beneficiar a las víctimas de desplazamiento interno, sino también a integrar a una nueva población migrante: la que, desde la década de 2010, llegó a Colombia desde Venezuela en varias oleadas. 

Uno de los indicadores más relevantes para entender la integración en Colombia es la participación de migrantes en el empleo. Según cifras oficiales del DANE —el departamento estadístico gubernamental de Colombia— y de la OIM, en 2025 casi el 5% de la fuerza laboral en Colombia estuvo compuesta por personas provenientes de Venezuela, y más del 60% de los migrantes de ese país estuvieron activos en el mercado laboral —es decir, con trabajo o buscándolo. 

El urbanismo ha jugado su papel en este hito porque a lo largo de las últimas décadas y con esa conciencia, se establecieron puntos de atención, nuevos espacios públicos y construcción de infraestructura social —colegios, jardines infantiles, hospitales y centros de salud, entre otros— en los sectores urbanos que recibían migrantes. 

Estos, que fueron bien planificados, se hicieron realidad gracias a planes gubernamentales con una gran ventaja: permitían usos del suelo para vivienda social y vivienda de interés prioritaria. Esas últimas figuras son, en buena parte, subsidiadas por el Estado.

Ninguno de los desarrollos urbanísticos necesarios se habrían construido en las ciudades de Colombia sin conocimiento e información. Y tampoco se podrán construir más sin ellas. Es decir, las administraciones municipales deben garantizar que sus funcionarios estén debidamente formados, pero no solamente en el frente de la arquitectura o de la ingeniería sino en el de los flujos migratorios y las normas y el derecho urbano, que comprende las reglas de juego locales y nacionales para desarrollar la ciudad. 

Esas reglas de juego suelen estar contenidas en lo que en Colombia llamamos los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Son hojas de ruta —el deber ser legal— que cada municipio o ciudad traza para su propio desarrollo urbanístico en el área física que le corresponde. Es en cada POT donde se le otorga a cada fragmento de dicha área el uso del suelo ( urbano, rural o de expansión urbana), los tratamientos urbanísticos (desarrollo, renovación urbana, mejoramiento integral y consolidación), y las áreas de actividad (comercial, residencial, institucional o industrial). 

En el POT también se determina qué zonas son urbanizables y cuáles no de acuerdo a criterios ecológicos, climáticos y geológicos, para nombrar solo unos pocos criterios.

Asimismo, solo mediante el pleno conocimiento de la normativa, una alcaldía puede aprovechar la ley para lo que nos interesa en esta columna: acoger la migración y evitar el caos de recibir nuevas comunidades sin planificación alguna. De lo contrario, es difícil evitar riesgos como que se desarrollen asentamientos ilegales inseguros, demasiado vulnerables a la realidad climática de hoy. Un ejemplo fue la tragedia de Mocoa, en Putumayo, en 2017 cuando una serie de deslizamientos de tierra y un crecimiento repentino de un caudal arrasaron con decenas de viviendas a orillas de un río, dejando más de 300 muertos.

La diferencia entre afrontar una crisis y tener resiliencia depende, entonces, de personas capacitadas, reglas claras y administraciones que sepan usarlas.