La fallida venta de un terreno en La Libertad que salpica al gobierno de Noboa, explicada

Una mujer de 24 años, mesera de una cafetería, empezó un proceso para comprar un terreno municipal de 93 hectáreas en el cantón La Libertad, en la provincia costera de Santa Elena, a 2,7 millones de dólares. Su propuesta, según un informe de impacto ambiental al que GK tuvo acceso, era desarrollar ahí —en un predio en la vía que conecta las ciudades de Salinas y Guayaquil— un “proyecto agroturístico y de reforestación”.

El proceso de compra y venta encendió las alertas por el monto y por quién lo compraba. 

 El 18 de diciembre de 2025, cuando el Concejo Cantonal de La Libertad aprobó la venta del terreno, que era propiedad del Municipio, surgieron preguntas: ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo pensaba financiar la compra?

Los primeros cuestionamientos fueron de Bruno Dedé, del movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, quien se opuso a la venta. No porque estuviera contra el desarrollo del cantón ni tampoco de la inversión, sino por la falta de transparencia en la información, dijo en una entrevista a diario Expreso. 

Dedé explicó que cuando revisó el perfil de la compradora — Jenny Elvia Ramírez— vio que no tiene actividad tributaria en el Servicio de Rentas Internas (SRI), no tiene compañías a su nombre y ni siquiera está afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) —por lo que no tendría un trabajo formal.

El alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, respondió el 29 de diciembre de 2025 —en una entrevista con el periodista Andrés López— que “Jenny Ramírez es una persona que lidera el proyecto de mayor inversión en la historia de los 32 años de cantonización”. 

Dijo que  ya había “dialogado” con la compradora, pero que él no tenía la facultad legal para “averiguar la situación económica” de la compradora. Además, dijo que toda petición de comprar un terreno municipal, que tenga más de 300 metros cuadrados, debe ir acompañada de un proyecto, pero no exige la “historia financiera”. 

El 5 de enero de 2026, el caso tuvo otro giro cuando la periodista guayaquileña Blanca Moncada encontró a Ramírez detrás del mostrador de la cafetería Amaranta, del barrio 28 de Mayo, a apenas 150 metros del Municipio de La Libertad.

—¿Cómo compraste ese terreno? —le increpó Moncada, después de pedir un jugo de maracuyá y confirmar que era Jenny Ramírez.
— Hay un problema, respondió Ramírez, “a mí me robaron mis papeles hace tiempo”. 

Enseguida, Ramírez le dijo a Moncada: “en realidad no soy yo, me han suplantado la identidad”, y explicó que había denunciado el robo de sus documentos, que sus abogados estaban al tanto de esa denuncia y que no volvería a hablar del tema. 

Pero esa versión es contradictoria con lo que pasó después. El 8 de enero de 2026, después de que Moncada difundiera esa conversación en el canal de YouTube La Defensa, se hizo público un oficio, supuestamente firmado por Jenny Ramírez, dirigido al alcalde Tamariz.

En el documento, Ramírez supuestamente dijo que su proyecto había sido presentado a una empresa interesada en financiarlo —sin decir el nombre. Pero para recibir ese financiamiento, la empresa le habría dicho que la condición era que la compra del terreno se hiciera a su nombre. 

En esa carta, Ramírez habría dicho que fue “objeto de ataques públicos” y que hubo medios de comunicación y concejales que la discriminaron por su “edad y condición personal”. 

“Teniendo en cuenta que nadie tiene la obligación de ventilar asuntos privados ante la opinión pública, sobre cómo es la forma y condiciones mediante las cuales estaba obteniendo financiamiento para mi proyecto, he decidido desistir de la compra del bien”, dice la supuesta carta. 

De acuerdo al documento, Ramírez pidió que, como desistía, la compraventa se concediera “expresamente a favor de la compañía que financiará y ejecutará el proyecto turístico, producto de mi intelecto”.

El documento tiene la misma firma que consta en la cédula de identidad de Ramírez y que, según Moncada, fue cotejada con la que aparece en su tesis de grado.

Pero el caso no quedó ahí. 

El 9 de enero de 2025 esta posible compra que despertó alarmas salpicó al gobierno de Daniel Noboa cuando un equipo del canal Ecuavisa llegó al barrio Latacunga, en la parroquia Ancón, Santa Elena, donde —según la dirección registrada en los documentos presentados al Municipio— viviría Ramírez.

Los vecinos no sabían dónde vivía Jenny Ramírez, pero sí su madre, Shirley Palma, de 47 años. Los vecinos señalaron una casa de un solo piso, con cañas en el exterior y una cámara de seguridad activa. El reportero tocó la puerta, pero nadie respondió. Uno de los habitantes le dijo al periodista que, a esa hora de la mañana, la señora estaría en su trabajo “con los Gellibert”.

Los Gellibert son familiares de Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública del gobierno de Noboa, quien también ocupó la vicepresidencia por tres meses.

GK pidió información a la Secretaría de Comunicación sobre los supuestos vínculos entre Gellibert y la madre de Jenny Ramírez, pero hasta el 14 de enero no hubo respuesta.

Así fue la polémica venta y revocatoria del terreno municipal

La Libertad tiene cerca de 112 mil habitantes y es la ciudad más poblada de la provincia de Santa Elena. Tiene hoteles, restaurantes y está rodeada de playas concurridas como el malecón de Salinas y Chipipe. A eso se suma una intensa actividad pesquera y un “paraíso gastronómico”, dice el Municipio. 

A 6,5 kilómetros del centro de La Libertad está el polémico terreno. Según le contó Blanca Moncada a GK, tiene el aspecto de un bosque seco y amplias zonas despobladas. Moncada dice que en algunos espacios hay señales de quemas, como si hubiera existido la intención de ocuparlo. 

El predio está en una zona catalogada por el municipio como protección ecológica —una categoría de uso de suelo que es parte de su planificación territorial. Está, específicamente, en el sector conocido como Bosque de Vida. 

Jenny Ramírez buscaba comprar 93 hectáreas para su proyecto que, según el oficio supuestamente firmado por ella y dirigido a Tamariz, empezó a desarrollarlo desde agosto de 2025. 

Entre los documentos que hay en el proceso de la compra del lote, hay un estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto —entregado por Ramírez al Municipio. Este dice que el objetivo del proyecto es “recuperar la flora y fauna que rodea a la represa Velasco Ibarra”, un reservorio de agua potable que abastece a los habitantes de la provincia y que colinda con el lote. 

Otro objetivo, según el mismo estudio, es implementar actividades agrícolas para atraer turismo y mejorar las condiciones de la zona, con el fin de “conservar, preservar y mantener el área protegida”.

El 12 de agosto de 2025, Ramírez empezó el proceso formal para comprar las 93 hectáreas. En ese momento, el terreno aún no existía en el mapa municipal, es decir, no constaba en el catastro —es el registro oficial de los bienes inmuebles que hay en el cantón. 

Por eso, Ramírez pidió al Municipio la “creación del terreno”. Eso significa incorporar formalmente el predio al mapa catastral con linderos y superficie. Para eso, la joven mesera ya había pedido al mismo Municipio, en enero de 2025, que hiciera un “levantamiento planimétrico del terreno”. En palabras sencillas, es un estudio del espacio: límites y linderos, superficie exacta, represas. 

Además, ese día, Ramirez envió otro oficio al alcalde Tamariz pidiendo un “peritaje del terreno” porque, como “no cuenta con infraestructura de servicios básicos”, era necesario actualizar su precio real. También presentó un certificado de que no tenía deudas con el Municipio, uno de los requisitos exigidos para la compraventa.

Ese mismo día, la jefa de Desarrollo de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Libertad, Hilda Suárez, presentó un oficio diciendo que ese predio necesita un proceso de reforestación —como planteaba el proyecto de Ramirez—  y autorizó la legalización para su compra. Es decir, permitió que la venta avanzara formalmente. 

Poco más de un mes después, el 19 de septiembre de 2025, Jorge Tumbaco, jefe de Catastro del Municipio de La Libertad, dijo que como el terreno no tiene agua potable, alcantarillado, electricidad ni otros servicios básicos —como la recolección de basura—, era necesario fijar un avalúo catastral.

El avalúo catastral es el precio que el Municipio le pone a un terreno en sus registros para calcular el impuesto predial, sustentar trámites como ventas de bienes municipales, entre otras. No es el “precio comercial” ni el costo de mercado. 

El 23 de septiembre, Dolores Gómez, directora de Planificación de Desarrollo Estratégico, recomendó que el precio del terreno se fijara en 2,94 dólares por metro cuadrado. Esta recomendación se basó —según el documento— en un análisis técnico, la falta de servicios básicos, la clasificación del suelo como zona de protección ecológica, y los riesgos identificados, como inundaciones y movimientos en masa.

El Municipio concluyó que, para aplicar el avalúo recomendado para el Bosque de Vida había que añadir una disposición transitoria a la ordenanza que regula el avalúo de los catastros prediales urbanos del bienio 2024- 2025. Según el documento de reforma, esa disposición dice que, de manera excepcional, ese sector mantendrá un valor de 2,94 dólares por metro cuadrado. Dice también que ese precio se aplicará hasta la siguiente actualización general del catastro.

El 17 de octubre, el Municipio aprobó la reforma.

El 18 de diciembre de 2025, el Concejo Cantonal de La Libertad aprobó la venta del terreno municipal por 2,7 millones de dólares a Jenny Ramírez, una licenciada en Ciencias de la Educación, según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Tres de los siete concejales votaron en contra. 

Uno de ellos fue Bruno Dedé. Entre sus cuestionamientos, según una publicación del diario El Universo, dijo que el precio por metro cuadrado de los predios aledaños a las 93 hectáreas bordea los 9 dólares, casi el triple del valor fijado tras la reforma de la ordenanza.

Por eso, el concejal presentó ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) una “alerta formal” por una presunta “operación inusual” en la venta de 93 hectáreas por parte del Municipio de La Libertad, encabezado por el alcalde Francisco Tamariz.

Mientras que Tamariz, en una entrevista con Andrés López, calificó la venta como un “proyecto que va a generar beneficio” para el cantón y aseguró que la solicitud fue tramitada junto con un proyecto ambiental, tal como lo establece la ley, con el objetivo de atraer inversión privada, aunque no identificó al grupo inversor.

Esa fue la última vez que Tamariz habló con un medio de comunicación. GK se contactó con el departamento de Comunicación del Municipio de La Libertad para solicitar una entrevista con el alcalde y, hasta el cierre de esta nota, no recibió respuesta. También contactamos a Jenny Ramírez, pero no recibimos respuesta. 

Aunque ella ya había dicho que su identidad había sido suplantada, la supuesta carta en la que desistía de la compra del terreno abrió una contradicción que ni el alcalde ni los concejales han explicado públicamente.

El 13 de enero de 2026, Ramírez presentó una denuncia en la Fiscalía por suplantación de identidad. Horas después, el alcalde Tamariz convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Cantonal con un único punto en el orden del día: revocar la compraventa del solar. Durante la sesión, la compra fue revocada.

En su breve intervención, Tamariz no se refirió a las irregularidades señaladas por el concejal Bruno Dedé. En su lugar, dijo que había visitado a dirigentes barriales para conocer su postura sobre la venta de terrenos ubicados junto a la vía perimetral, donde se encuentra el predio que Ramírez buscaba adquirir.

Tampoco mencionó la denuncia presentada en su contra en la Fiscalía.

La denuncia del correísmo que salpica al gobierno

El 9 de enero de 2026, asambleístas de la Revolución Ciudadana denunciaron en la Fiscalía de La Libertad al alcalde Francisco Tamariz —primo de Andrés Guschmer, asambleísta del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN)— y a los cuatro concejales que aprobaron la venta del lote municipal.

Los legisladores Mónica Palacios, Arisdely Parrales, César Palacios y Ricardo Patiño los acusan de presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias y atentado contra el bien público. Pidieron públicamente que la Fiscalía investigue a Jenny Ramírez por presunto testaferro y lavado de activos, pero no han presentado otra denuncia. 

Ese mismo 9 de enero, Palacios dijo que la madre de Ramírez sería la “empleada doméstica” de la mamá de Cynthia Gellibert, directora nacional de ADN y secretaria general de la Administración Pública del presidente Daniel Noboa. 

Palacios dijo que fue hasta la casa de la madre de Gellibert, en la parroquia de Ancón, en Santa Elena, para confirmar su hipótesis. La asambleísta fue grabada afuera de la casa.

Las imágenes fueron luego difundidas en la cuenta de X de Cynthia Gellibert, acompañadas de un mensaje en el que escribió: “Esta es la única forma en que Mónica Palacios sabe hacer política: la más baja, la más cruel y la más miserable”. 

También dijo: “Está fuera de la casa de mi madre, construyendo un relato falso y hostigando deliberadamente a una adulta mayor de 92 años”.

Gellibert añadió que era “persecución personal y violencia contra una persona de la tercera edad”. En su pronunciamiento, sin embargo, no confirmó si la madre de Jenny Ramírez trabajaba o no para algún miembro de su familia.

El 13 de enero, Palacios escribió en su cuenta de X: “¿Es en serio señora Gellibert? Tiene a Shirley Palma trabajando en su casa como empleada doméstica sin afiliarla al IESS”. 

Y continuó: “Luego usa a su hija Jenny para comprar 93 hectáreas municipales a precio regalado, usando sus influencias con el alcalde y seguramente por “pedido» de Noboa”. 

Hasta el 14 de enero de 2026, ningún funcionario del gobierno de Daniel Noboa se ha pronunciado sobre este posible vínculo. GK intentó contactar al concejal Bruno Dedé desde el lunes 12 de enero hasta el 14 de enero, pero no hubo respuesta. También contactó al concejal Marino Carriel, pero dijo que estaba en una “actividad social”.